Mónica Palm
Unidad de Investigación
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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tramita una concesión de 75.8 hectáreas de fondo de mar, playa y ribera a 22.5 kilómetros de la isla de Coiba, a solicitud de una sociedad que quiere desarrollar en ese lugar una marina para 435 botes de hasta 300 pies.
El área solicitada, en Bahía Honda, Veraguas, es considerada zona de influencia del Parque Nacional Coiba, por lo que el desarrollo de la marina tendría un impacto negativo en el ecosistema.
"Estos recursos son nuestra herencia para nuestros hijos, no son para ser destruidos para enriquecer a unos pocos, afectándonos a todos", opinó Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva.
La concesión fue solicitada por Coiba Marina en junio de 2007. El 29 de febrero pasado, el subadministrador de la AMP, Carlos R. Moreno, ordenó otorgar "permiso provisional" a Coiba Marina.
Coiba amenazada por el desarrollo
"Pedid y se os concederá", dijo Mateo en las Escrituras. Pero en ningún lado de la Biblia mencionaban la legalidad o moralidad de la petición. Ahora, en los tiempos en que un arzobispo ha elevado a pecado el daño al medio ambiente, hay quienes parecen creer más en el mencionado pasaje bíblico que en la afectación causada por lo que puedan pedir.
El 4 de junio de 2007, la sociedad Coiba Marina, S.A. solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) una concesión de fondo de mar para construir un muelle en el corregimiento de Bahía Honda, en Soná, provincia de Veraguas, por 20 años prorrogables.
Originalmente, el área solicitada en concesión era de 152 hectáreas de fondo de mar y de 10 hectáreas de playa. Después, la sociedad disminuyó las dimensiones, a 75.8 hectáreas: 49 de fondo de mar, 24 de playa, y 2 de ribera de mar.
La concesión –que ya recibió luz verde– será otorgada en un área considerada "de influencia" o "de amortiguamiento" del Parque Nacional Coiba, ya que está a 22.5 kilómetros de esta área protegida, considerada patrimonio mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco)
Ahí, Coiba Marina, S.A. pretende desarrollar una marina para 435 botes de hasta 300 pies. También instalará una gasolinera, una planta de agua, una playa de 500 estacionamientos, un astillero, restaurantes, canchas deportivas, un hotel cinco estrellas de 200 habitaciones y un residencial. La inversión de todo esto totaliza, según los documentos que la sociedad entregó a la AMP, 120 millones de dólares. Solo para la construcción del residencial se destinarán 40 millones.
El 58% del financiamiento (es decir, 70 millones de dólares) será aportado por inversionistas privados, los que, hasta ahora, no han sido identificados públicamente por Coiba Marina (sociedad representada por el estadounidense John Joseph MacDonald). Los 50 millones restantes serán desembolsados por "inversionistas institucionales".
Por las 75 hectáreas arrendadas a 20 años, la empresa pagaría un canon total de 6 millones de dólares. El primer año abonaría 182 mil dólares, es decir, 24 centavos por cada metro cuadrado concesionado. El cálculo ya fue revisado por el jefe de Concesiones de la AMP, Miguel Crespo.
Pero sucede que el proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado; ni siquiera, con uno en análisis: en febrero, la empresa retiró de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) el EIA categoría III que había entregado, tres meses antes, a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental.
LA TENENCIA DE LA TIERRA
Aunque en la Dirección de Reforma Agraria consta que, desde el 27 de noviembre de 2007, Coiba Marina solicitó la adjudicación de una parcela de 44 hectáreas en Los Ustacio, Soná, la sociedad no ha acreditado que sea propietaria de uno solo de los terrenos adyacentes a las áreas de playa sobre las que pretende desarrollar su millonario proyecto. Apenas tiene derechos posesorios parciales.
Al menos eso es lo que sostiene otra sociedad, Catiland Panamá, S.R.L., que el 18 de enero de 2008 presentó a la AMP, por escrito, su oposición a la concesión solicitada por Coiba Marina.
Se intentó conocer la versión de Coiba Marina, pero la abogada de la empresa, Kenia Jaén, no atendió el requerimiento de este diario.
Catiland Panamá, S.R.L. alegó tener derechos de posesión sobre las mismas tierras que Coiba Marina pretende desarrollar.
"Coiba Marina ha intentado acreditar que tiene ciertos derechos posesorios sobre terrenos adyacentes a playas y ribera de mar, indicando que los ha adquirido de algunas personas del lugar. Sin embargo, nada garantiza que si tuviera tales derechos posesorios, efectivamente pueda darles el uso que quiera darles con el consentimiento de otras personas, que también tienen derechos posesorios", señaló Guillermo Márquez, abogado de Catiland Panamá, S.R.L., en el recurso presentado a la AMP.
Márquez sostiene en el escrito que su cliente no tiene interés en que esas tierras sean dedicadas a un proyecto turístico "que pueda alterar de cualquier manera el medio ambiente, con fines lucrativos".
La queja de Catiland no fue suficiente para que la AMP encarpetara la solicitud de fondo de mar de Coiba Marina: el 29 de febrero, el subadministrador Carlos Raúl Moreno (actuando en ausencia del administrador, Fernando Solórzano) y el director de Asesoría Jurídica, Francisco De León, desestimaron el memorial de oposición presentado por Catiland y resolvieron proceder con una resolución que otorga un permiso provisional para que Coiba Marina construya.
La tenencia de la tierra no es la única controversia que enfrenta el proyecto.
AMENAZA AMBIENTAL
"La idea de instalar megaproyectos en el área de amortiguamiento de Coiba es sumamente irresponsable". Así de rotunda se manifestó Gabriela Etchelecu, de MarViva, fundación que representa a la sociedad civil en el consejo directivo del Parque Nacional Coiba, que preside la Anam.
La próxima reunión del Consejo está programada para el 10 de abril y la Anam pidió a Coiba Marina que explique ahí cuáles son sus intenciones.
Según Etchelecu, el proyecto de la marina tendría un impacto negativo e irreparable sobre el parque, a largo plazo.
"No es posible que pretendamos instalar marinas, residencias de alta densidad, campos de golf, y otros, en lugares ocupados por humedales, pastos marinos, sitios de anidación de tortugas o aves, y arrecifes coralinos", opinó.
El tema no parece preocupar a la AMP.
‘AVALES’ SIN EIA
Pese a no tener un EIA aprobado por la Anam, la Unidad Ambiental de la autoridad portuaria "recomendó" otorgar la concesión de fondo de mar, en septiembre de 2007. Esto, luego de que en una inspección al lugar, realizada por el jefe de la Unidad Ambiental, Roy Cardoze, se concluyera que no hay "limitaciones significativas", ya que el área solicitada por Coiba Marina "es un área con profundidad adecuada a simple vista para la construcción de una marina".
El aval de la Unidad Ambiental de la AMP –que ni siquiera ha podido precisar si se harán dragados o no– despertó indignación en el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
"Las unidades ambientales de las instituciones del Estado otorgan o no su ‘aval ambiental’ tras revisar los EIA que les envía la Anam, una vez se inicia el proceso de evaluación ambiental. No antes y, desde luego, no sin el EIA", escribió el Ciam en una nota dirigida a Fernando Solórzano, director de la AMP.
Si se construye la marina, el Ciam pronosticó contaminaciones en el área por derrame de gasolina, goteo de lubricantes de las embarcaciones, basura e incremento en el tráfico y la pesca sin fiscalización, dentro de los límites del parque.
CRONOLOGÍA
1991: Se creó el Parque Nacional Coiba, mediante decreto ejecutivo.
26 DE JULIO, 2004: Una nueva ley amplía los límites del parque a 430 mil 821 hectáreas, y limita el desarrollo turístico y la pesca en el área.
15 DE JULIO, 2005: La Unesco incluyó a Coiba en su lista de patrimonios mundiales.
4 DE JUNIO, 2007: Coiba Marina, S.A. solicitó una concesión de fondo de mar, ribera y playa en Bahía Honda.
29 DE FEBRERO, 2008: El subadministrador de la AMP, Carlos Raúl Moreno, ordenó proceder con el permiso provisional a favor de Coiba Marina.
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