El aparente sosiego del país del canal salta por los aires tras la represión del Gobierno en las calles
19.07.10 - 00:07 -
El Causeway es una lengua de tierra artificial construida con el desescombro de las obras del canal de Panamá a principios del siglo XX; una lengua que une el continente con tres islas próximas. Desde aquí hay una privilegiada vista de la 'nueva ciudad' de Panamá. Decenas de rascacielos que proyectan una imagen moderna y cosmopolita de un país que sólo se conoce en Europa por el canal, una incipiente y potencial industria turística y su condición de paraíso fiscal. Una isla de tranquilidad al margen de las inestables e inseguras Guatemala, Nicaragua o Honduras. Pero la realidad empieza a dar pruebas de artificialidad de todas esas imágenes.
Setecientos detenidos, centenares de heridos y varios muertos durante los nueve días que ha durado la huelga en las bananeras de Bocas del Toro (frontera con Costa Rica) y la detención de líderes sindicales en la capital para tratar de frenar la convocatoria de una huelga general son la última señal de alarma sobre lo que se cuece en ese Panamá que no trasciende. Mientras, su presidente, Ricardo Martinelli, ha tratado de lanzar una imagen de progreso, con cifras de crecimiento estimado para 2010 del 5%, mano dura contra la inseguridad -aunque las cifras no han descendido- y disciplina fiscal para tratar de salir de las listas negras de paraísos fiscales.
En los últimos meses se han multiplicado las manifestaciones y protestas contra la Administración Martinelli y las acusaciones de dictadura civil no llegan sólo de los partidos de oposición sino de organizaciones sociales, medioambientales y de derechos humanos. Se habla de la amenaza que las decisiones del Gobierno suponen para una joven democracia que apenas ha superado los veinte años, cinco presidentes desde la invasión norteamericana que acabó con la dictadura de Manuel Antonio Noriega y dejó centenares de muertos de los que aún se habla en el país.
La controvertida Ley 30
El fin de esa supuesta tranquilidad, el desencadenante de las protestas, ha sido la denominada Ley 30 de 2010. Un texto normativo sobre aviación comercial que el Gobierno Martinelli ha utilizado para introducir cambios en la legislación laboral, penal, policial y ambiental. «Ha sido un año de constante retroceso en cualquier camino que pretendiese construirse para hacer de Panamá un estado constitucional», manifestaba el analista político y ex candidato a alcalde Miguel Antonio Bernal.
Los cambios introducidos en la Ley 30 eliminan los estudios de impacto ambiental en cualquier proyecto calificado de interés nacional y permiten, entre otras cosas, que los policías eviten la prisión preventiva en caso de cometer delitos en el ejercicio de su cargo. Todos estos cambios fueron aprobados en la Asamblea pero sin consultar a las organizaciones y sin consenso, con las puertas bloqueadas con candados y con las instalaciones parlamentarias rodeadas de antidisturbios.
La ley ha sido también el detonante de la huelga en las bananeras, seguida por unos 4.000 trabajadores del Sindicato de la Industria del Banano y Afines. Una huelga de nueve días en Bocas del Toro, una de las regiones más pobres y hermosas del país, que ha echado a la calle a mujeres y niños, con una dura represión policial que se ha saldado con varios muertos. Oficialmente se reconocen tres, si bien las organizaciones sindicales hablan de doce. Los heridos se cuentan por decenas, en su mayoría por perdigones en el rostro, y las familias denuncian la falta de información sobre heridos y detenidos, con los que no tienen comunicación.
El Gobierno insiste en la teoría del complot, una huelga orquestada supuestamente por la oposición y los sindicatos. «Cientos de indígenas manipulados», insiste el polémico ministro de Seguridad, José Raúl Mulino. El Ejecutivo hablaba públicamente de diálogo y actuaba a la inversa.
Ante la dureza de la situación y la propia ley 30, varios sindicatos convocaron una huelga general para el martes 13 de julio. Durante la asamblea para decidirlo, en un hotel de la capital, fueron detenidos varios líderes sindicales y sociales. La Fiscalía llegó a dictar orden de conducción (a las comisarías) contra veinte líderes sociales, sindicales, docentes y medioambientales. Apenas 48 horas después fueron revocadas. La acusación: apología del delito.
Huelga y detenciones
Para completar el panorama de crisis, setecientos trabajadores de las obras de ampliación del canal de Panamá, donde participa la española Sacyr, también han estado varios días en huelga con veintiocho detenidos. Y en medio de un clima de presión contra la prensa. El Gobierno trata de expulsar del país al periodista español Francisco Gómez Nadal, responsable en Panamá de una ONG de derechos humanos (Human Rights Everywere) y autor de una columna semanal en el diario 'La Prensa'.
Los sucesos de los últimos días estuvieron precedidos por el caso de la procuradora general (fiscal general), Ana Matilde Gómez, suspendida temporalmente acusada de unas presuntas escuchas ilegales en la investigación de otro magistrado. Las acusaciones de injerencias del Ejecutivo en el poder judicial ya se habían producido antes con el nombramiento de dos magistrados de la Corte Suprema, abogados afines al mandatario que participaron en su campaña electoral.
Todo ello se produce cuando el Gobierno de Martinelli apenas ha superado su primer año de legislatura. Una Administración que empezó con grandes gestos mediáticos y pactando con los sectores empresariales el incremento de los impuestos en los puertos, los casinos y la única línea aérea del país.
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