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Nuestros gobernantes y los políticos que se alternan en la dirección del Estado deberían terminar de robustecer nuestra democracia, al aceptar que nosotros –el pueblo soberano– los ubicamos en la Presidencia de la República tras el resultado del torneo electoral, cada quinquenio. Eso para que administren como si fueran los miembros escogidos para integrar la “junta directiva” de una gran corporación empresarial, en este caso el Estado panameño.
Bajo el concepto de administración democrática, esta junta directiva y su presidente, el Presidente de la República, deberían corregir la tendencia histórica de considerarnos y situarnos como si fuéramos sus súbditos, ciudadanos de segunda clase o sus rehenes, sin derecho a emitir opiniones, críticas y sugerencias públicas cuando estas van en la dirección contraria a los planes y deseos del Presidente.
Pasadas las elecciones y juramentados en la sede del palacio Presidencial se transforman en rabiosos autoritarios, prepotentes que dan la impresión de que nos hacen un favor o que constituye un sacrificio el trabajo de gobernar el país. Transmiten la sensación de que los recursos económicos que se requieren para estructurar el presupuesto nacional salen de sus bolsillos, ahorros o cuentas bancarias personales. De manera incomprensible, les irrita y se ofenden ante cualquier línea de pensamiento contraria y diferente a la del Gobierno; hasta corremos el riesgo de que nos ubiquen como opositores y adversarios políticos del partido que hace mayoría en dicha junta directiva, o sea el Gobierno nacional.
Al apreciado Presidente y amigo, y al compañero de armas, hoy ministro de Gobierno y Justicia, les recuerdo que he demostrado celos y legítima preocupación por el balance constitucional desde 1983, cuando junto al “Estado Mayor” y a los gobernantes civiles de turno, convocamos al pueblo a un referéndum y se democratizó nuestra Carta Magna. Todo lo anterior para sugerir al presidente Martín Torrijos, que no era necesario romper con el balance constitucional a través de los poderes extraordinarios, misterios, secretismos y despliegue de prepotencia, para alcanzar un sistema de seguridad nacional.
El Sr. Presidente debe ser consciente que el país es de los 3 millones de panameños y no solo de 12 funcionarios –aunque bien intencionados– con formación y vocación militarista en el campo de excesivo control y seguridad, ellos encajarían en un país totalitario que no aceptamos los panameños de ninguna forma. Todo lo anterior, con la excusa trillada de combatir el narcotráfico que pasa y entra a Panamá, cuando la fórmula y maniobras para resolver este flagelo existen, pero se nos diluye entre las manos.
No se observa, distinguido compatriota hijo de Omar, en su entorno a constitucionalistas como el Dr. Jorge Fábrega P., Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, Dra. Aura Guerra de Villalaz; Dr. Edgardo Molino Mola, Dr. Arturo Hoyos y otros tan prestigiosos. Le sugiero tomar esa dirección. En mi caso, no solo recurrí a ellos en momentos que necesitaba luces constitucionales, cosa que me enseñó su padre Omar cuando me solicitó le acompañara a una visita con juristas, donde pude conocer a constitucionalistas de gran renombre entonces, como el Dr. Jorge Isaac Fábrega, Dr. Julio Linares, Dr. Dulio Arroyo, Dr. Jorge Illueca, Dr. Carlos Alfredo López Guevara, Dr. César A. Quintero, Dr. Mario Galindo, Dr. Rómulo Escobar Bethancourt y nada más.
En otro orden de cosas, se ha creado una situación disociante y estéril –tal como ocurrió con la Ampliación del Canal, cuando los norteamericanos fueron los primeros en conocer los detalles de la ampliación–. Nuestra junta directiva y el propio administrador viajaron a Washington para rendir cuentas, antes de participar a los dueños del Canal, es decir al pueblo panameño. Al menos, otros ciudadanos y yo nos enteramos gracias al Discovery Chanel.
¿Qué razón justifica que nuestro ministro de Gobierno tenga que ir a Washington a explicar el paquete de leyes en manos del Sr. Presidente. Son nuestros planes de seguridad, Sr. Presidente… ¿por qué no vienen ellos, si les interesa tanto el famoso plan Mérida?
Se comprende la importancia de mantener enlaces de inteligencia y hasta operaciones conjuntas contra el crimen internacional, no solo con EU, sino con todos los países del hemisferio. Vista las cosas desde la otra vertiente, ¿por qué los panameños tenemos que desestabilizar nuestro equilibrio de fuerzas que exige la Constitución en su Art. 310, para organizar un “híbrido” inoperante del Servicio Aeronaval? ¿Por qué los norteamericanos nos donarán dadivosos millones y unos cuantos barcos viejos? ¿Cómo se piensa sacrificar el Servicio Aéreo Nacional, cuando el país y sus futuras generaciones tienen por delante el compromiso de desarrollar toda la vertiente del Atlántico en los próximos 50 años, o sea el 66% del país todavía virgen? ¿Cómo piensa desproteger nuestro espacio aéreo y soberano, más el cielo del Canal de Panamá, amenazado por el terrorismo internacional? ¿Dónde está su laboratorio de cerebros apreciado Presidente? ...y por último Sr. Presidente, ¿por qué concentrar ese descomunal poder y control nacional bajo Gobierno y Justicia, cuando podríamos reestructurar el “Ministerio de Seguridad Pública”, separado de Gobierno y Justicia.
Además, en este tema se necesita el aporte de mucha materia gris de derecho constitucional no se trata solo de seguridad pública e inteligencia, más bien es un tema constitucional y de alta trascendencia en la vida de los panameños y para siempre. Ocurra lo que vaya a ocurrir, distinguido Sr. Presidente, sobre todo en el futuro infinito de la República cuando ya usted no esté en el poder… ¡La Patria sabrá a quienes pasar las facturas!
¿Qué dice a esto la honorable Corte Suprema de Justicia sobre el Art. 310? ¿Qué dice el Colegio Nacional de Abogados? ¿Qué dice el Consejo de Rectores de las Universidades? ¿Qué dicen los aspirantes a la Presidencia de la República sobre esta flagrante violación constitucional?
El autor fue comandante de la Guardia Nacional
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