Mario A. Muñoz
andresm@prensa.com
La venta de artículos con el logotipo de los colegios que tienen un costo más alto de lo normal, alza de matrícula inesperada e inscripción sin contratos son algunas de las prácticas habituales dentro de la enseñanza particular que las autoridades están combatiendo.
Pedro Meilán, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor, dijo que "hemos abierto una investigación en contra de ocho colegios que no tenían contratos, y estamos revisando las cláusulas de los otros 13 establecimientos que sí tenían ese documento para ver si son abusivas".
La Autoridad ha recibido quejas de padres de familia, a quienes se les obliga a comprar fólderes, buzos, sudaderas, pines, pisacorbatas, cuadernos, uniformes y medias con el logotipo del colegio.
Los establecimientos se arriesgan a multas hasta por 25 mil dólares.
Cuando se dan aumentos en la matrícula, Meilán aseguró que los padres deben tener el suficiente tiempo para decidir un cambio de colegio.
Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Unión Nacional de Colegios Particulares, dijo que su gremio formado por 70 establecimientos siempre ha abogado por la suscripción de contratos, y señaló que los que no tienen contratos no pertenecen a su unión.
"Los contratos garantizan los de los deberes y derechos, tanto de los colegios como de los padres de familia", afirmó.
El Colegio Real de Panamá, uno de los locales que no tenía contratos, va a tenerlo a partir de 2009, informó su directora, Vilma Noriega de Troncoso. "Nosotros estamos confeccionando un contrato, tenemos un reglamento interno y los padres de familia nos firman una hoja con cierta información", explicó.
Selfa Pinilla, del Colegio Brader, dijo que "tiene que ser un error, nosotros no tenemos ningún problema". Sin embargo, la Autoridad confirmó posteriormente la información de la falta de la documentación.
Del Instituto Einstein, un representante que prefirió no identificarse, señaló que no es necesario suscribir un contrato porque "las reglas están claras y se da toda la información a los padres de familia".
Rossana Castrellón dijo que el tema de ventas atadas es muy delicado y, como tiene poco tiempo, hace falta de parte de las autoridades mayor divulgación.
La dirigente se sorprendió que la Autoridad ya informara sobre la investigación, cuando la entidad les canceló una reunión con los miembros del gremio para explicar los detalles de la Ley 45 de 2007.
"Nosotros tenemos las puertas abiertas a asistir a jornadas de educación y reuniones de trabajo sobre los cambios a la legislación del consumidor", dijo Castrellón.
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