Otraamerica
El Gobierno de Martinelli, que tiene control de la mayoría de la Asamblea Nacional, no suele reparar en las consecuencias de la aprobación de sus leyes. En 2010, la aprobación de la conocida como ley chorizo, que cambiaba las reglas del juego sindicales, ambientales y en otras áreas, provocó la huelga de los trabajadores indígenas de Bocas del Toro. El Ejecutivo lo solucionó con una dura represión y nueve indígenas muertos por la acción policial.
Hoy se repite la historia. Desde hace dos días, la población en Colón ha reaccionado en la calle a la tramitación de la Ley que permite vender las tierras de la Zona Libre de Colón. Tras la aprobación en tercer debate por la Asamblea la situación ha explotado.
El presidente, Ricardo Martinelli, había dicho esta mañana que Colón “no sería un nuevo Bocas del Toro”. A esta hora el balance es duro. Según el diario La Prensa, un niño de 9 años ha muerto como consecuencia, presuntamente, de la acción de la Policía. El diario La Estrella informa de unos 25 detenidos y de varios heridos de bala en diferentes puntos de la Provincia de Colón. A pesar de los violentos incidentes, el saqueo de algunos comercios de la excluida provincia y de la tensión que se vive. Martinelli no ha tenido problemas en sancionar la ley.
La grave situación de Colón es una rebelión ante la imposición de una ley que, según el Frente Amplio de Colón, organizaciones sindicales y partidos políticos de la oposición, perjudica a colonenses y panameños al vender parte del patrimonio del Estado y perjudicar a los intereses nacionales.
Algunas informaciones apuntan a que el Gobierno estaría desplazando unidades del Servicio Nacional de Fronteras (policía militarizada) a la zona. Así comenzó el dramático guión que se cumplió en Bocas del Toro.
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