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| espionaje. El ministro José Raúl Mulino informó que entre 30 y 40 personas trabajan en el sistema de escuchas telefónicas. LA PRENSA/Archivo |
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JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
panorama@prensa.com
Tras la divulgación de los cables diplomáticos de Estados Unidos (EU), filtrados por Wikileaks, el Gobierno se ha visto obligado a explicar cómo se maneja actualmente el sistema de escuchas telefónicas.
Así, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, informó ayer que el sistema de escuchas conocido como “Matador” está activo.
“El sistema funciona muy bien a través de solicitudes judiciales. Hoy no hay Intel [Instituto Nacional de Telecomunicaciones] y no se puede uno guindar de un poste y pinchar un teléfono, porque las operadoras tienen que dar un acceso y eso lo dan exclusivamente mediante una orden judicial”, explicó el funcionario.
Mulino hizo hincapié en que, sin una autorización, ningún funcionario puede pinchar un teléfono. “Acuérdese que hay una máquina que se perdió y la estamos buscando”.
Con esta declaración, el ministro hacía alusión a un equipo de escuchas telefónicas que fue comprado a mediados de 2008 pero que, se asegura, ha desaparecido.
Nadie del Gobierno sabe que sucedió con ese aparato o en manos de quién quedó. Lo único que se informó es que al inicio de la administración de Ricardo Martinelli –julio de 2009– solo circulaba la versión de la desaparición del equipo.
El citado programa “Matador”, que desarrolló la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para la lucha contra el narcotráfico y el crimen, fue el objeto de una polémica entre Martinelli y otros funcionarios panameños con la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá Bárbara Stephenson, según revelaron cables diplomáticos publicados por el diario español El País y el estadounidenses The New York Times.
La información hace referencia a que el presidente Martinelli, supuestamente, había solicitado en agosto de 2009 apoyo para realizar escuchas telefónicas, tras problemas con el manejo de la criminalidad y la corrupción.
Combate al crimen
Mulino sostuvo que se realizan escuchas telefónicas sobre temas relacionados con drogas, intentos y amenazas de secuestro, y que el sistema está a cargo de funcionarios panameños pagados por el Gobierno: entre 30 y 40 personas.
Igualmente, dijo que aunque los equipos son de Panamá, en algunos casos se ha trabajado en coordinación con EU e Inglaterra.
Mulino insistió en que el sistema “no tiene capacidad para pinchar cientos de teléfonos. Es muy reducido, es muy limitado su uso y la Corte Suprema, cuando autoriza la escucha, es por un período de tiempo que puede ser de entre 3 y 30 días”.
La historia
La ex procuradora Ana Matilde Gómez también habló ayer del polémico tema.
Según Gómez, la ex embajadora Stephenson le hizo saber su preocupación, en el sentido de que el sistema de escuchas no se estaba usando judicialmente. Sin embargo, agregó Gómez, decidió mantener activo el sistema.
La embajadora expresó su alarma y preocupación por diversas situaciones que ocurrieron en el Consejo de Seguridad, una vez asumió el poder Ricardo Martinelli.
Una de las inquietudes fue la destitución de varios funcionarios que habían sido capacitados por la DEA.
Gómez relató que la ex embajadora se quejaba de que habían invertido dinero en capacitar a personal que era muy profesional, porque había pasado por distintos gobiernos. Se trataba, añadió, de funcionarios entrenados que sabían darle un manejo profesional y técnico al tema de las escuchas.
“Eso alarmó mucho a la Embajada de Estados Unidos y es por eso que proponen financiar el proyecto diseñado [por el MP] para armar una sala de escuchas con el propósito de compartir y dividir bien el trabajo”, dijo Gómez en declaraciones a TVN Noticias.
El sistema que pretendían implementar tenía como propósito que quien interceptara y escuchara no fuera el mismo que después procesara la información.
Defensa y reacciones
Mientras el presidente Martinelli se mantiene con un bajo perfil, el vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, intenta justificar lo sucedido.
En esta ocasión, Varela hizo alusión a la supuesta molestia que el cambio en el manejo de la frontera con Colombia produjo en la ex embajadora Stephenson.
Relató que en la comunidad de El Guayabo, en Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia, había al menos “40 miembros de un frente narcotraficante” que controlaba el área. Los maestros de la comunidad, dijo, dictaban clases en la mañana y en la tarde se dedicaban a cargar sacos de drogas.
Fue entonces que el mandatario decidió, a través del Servicio Nacional de Fronteras, presionar para que los narcotraficantes salieran de territorio panameño.
“Desplazamos a estos señores al lado colombiano. Son personas buscadas por las cortes de Estados Unidos acusadas de secuestro de un estadounidense, y para nosotros lo importante es que esas personas salieran del territorio, y para ellos [EU] era procesarlos”, dijo Varela.
El canciller reiteró que no entrará a debatir sobre los comentarios que realizó la ex embajadora en los cables filtrados, porque “es una visión subjetiva”.
Aseguró que las relaciones con el Gobierno estadounidense siguen fluidas, pese a que Martinelli no ha sostenido una reunión bilateral con el presidente Barack Obama. “Esos comentarios –plasmados en los cables– no definen la política exterior de Estados Unidos ni las relaciones entre los países”, agregó.
Por su parte, el ministro Mulino comentó que las relaciones diplomáticas “son un conglomerado de cosas, y la opinión de un embajador es una de ellas”.
“Un embajador no dicta la política exterior de los países”, agregó.
En el otro lado de la discusión, el dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático Pedro Miguel González considera que se debe presentar una denuncia contra el mandatario, luego de solicitar supuestamente ayuda a Estados Unidos para realizar interceptaciones telefónicas.
“Estas revelaciones y el desconocimiento de Martinelli en el tema de institucionalidad, da pie para iniciar una investigación”, dijo González.
Hoy, el grupo Unidad de Lucha Integral de Pueblo presentará al mediodía, ante el Ministerio Público, una denuncia contra todos los que estén involucrados en el escándalo de espionaje que destaca Wikileaks
“La intención es que no solo se investigue al Presidente, sino que se incluya a todos los funcionarios que de una u otra forma estén involucrados. De no ser acogida, no se descarta que se interponga una demanda contra el presidente ante la Asamblea Nacional”, destaca el grupo que encabeza Juan Jované.
Escuchas y combate a la droga
La ex presidenta Mireya Moscoso (1999-2004) asegura que durante su administración las escuchas telefónicas fueron solo para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y que el trabajo se hacía en conjunto con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés).
Añadió que en su gestión se produjo el decomiso de drogas porque se informaba a Estados Unidos (EU) cuando había un caso de narcotráfico; que el equipo estaba ubicado en el Consejo de Seguridad, y que el sistema de escuchas se reforzó después del ataque terrorista, en 2011, en EU.
Moscoso no quiso hacer comentario sobre la petición hecha por el presidente, Ricardo Martinelli, a la ex embajadora de EU. Con respecto al escándalo que se desató durante su gestión en 2002, cuando salió a la luz un supuesto memorando oficial en el que el gobierno ordenaba interceptar teléfonos de 117 personas, entre políticos, funcionarios, periodistas y sindicalistas, solo respondió “eso no es cierto”.
ISIDRO RODRÍGUEZ
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