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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
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Cuando en 1999 Mireya Moscoso tomó las riendas del Gobierno, aplicó medidas para tener bajo su control a la Asamblea Legislativa.
La bancada oficialista tenía una mayoría que podía quebrarse en cualquier momento, y necesitaba tener un tipo de seguro político en ese órgano del Estado.
La jugada consistió en quitarle los millonarios fondos que manejaba a su antojo la Asamblea para pasarlos al Fondo de Inversión Social (FIS), una institución que está bajo el Ministerio de la Presidencia.
Fue en ese momento cuando se pasó de la figura de las partidas circuitales, al esquema de ayuda social a través del FIS. Igual, el dinero se continuó manejando con escaso control.
El FIS se convirtió en un “filtro” para beneficiar a los diputados de gobierno y castigar a los oponentes. Solo los legisladores afines a la gestión de turno tenían facilidades para recibir los recursos, que se dividían dentro de varios renglones: asistencia económica, entrega de maquinaria, equipos deportivos, útiles escolares y alimentos.
Ninguna de las dos últimas administraciones, presididas por Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009), se preocuparon por crear mecanismos que garantizaran que los fondos de ayuda social llegaran a su destino: la población de bajos recursos.
Por el contrario. Con el nuevo esquema se creó una red entre diputados, funcionarios del FIS y empresas privadas que permitió desviar varios millones de dólares. Una gran parte de los fondos terminó en el bolsillo de los diputados o fue utilizada para fines políticos.
Todo se realizó a través del Programa de Asistencia Social, un esquema creado dentro del FIS para enviar dinero fresco a los “padres de la patria”.
El manejo poco claro que formalizó Moscoso y siguió Torrijos, no fue desarticulado por la gestión de Ricardo Martinelli.
Al contrario: el actual director del FIS, Giacomo Tamburrelli, tiene en su despacho desde octubre pasado una auditoría que revela, con nombre y apellido, a las personas involucradas en los manejos irregulares.
Sin embargo, Tamburrelli resolvió ocultar la información. Según trascendió, por presiones de los propios diputados. La corrupción dentro del FIS siempre ha sido un secreto a voces, pero nunca se presentó documentación relacionada con las irregularidades.
Una investigación de este diario, basada en documentos oficiales, recientes informes de auditorías externas y entrevistas con los involucrados, pone al descubierto una compleja red irregular que involucra a dos poderes del Estado: la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.
Al momento de lucrar con la desesperación de los más pobres, la línea que divide a los partidos políticos se desvaneció. En la “jugada” están involucrados diputados de la oposición y del gobierno, la mayoría reelegidos en el actual período.
La red que controlaban los legisladores, y que era financiada con dinero del FIS, se manejó a través de fundaciones de “papel” que los propios legisladores crearon para canalizar los recursos. Se utilizaron seis métodos para desviar fondos, según consta en los documentos obtenidos por la auditoría externa que realizó –a pedido de Tamburrelli– la empresa López Consultores.
El trabajo, realizado entre julio y noviembre de 2009, sostiene que nunca llegaron a las personas de bajos recursos los fondos que originalmente eran destinados para la compra de implementos deportivos, escolares, alimentos, transferencia de ayuda monetaria, compra de equipo pesado y obras de infraestructura. La operación contaba con la complicidad de, al menos, tres empresas que hacían las veces de proveedores, y de funcionarios del FIS que desembolsaban los cheques sin verificar si se hacía la entrega de la asistencia social.
Los resultados del desfalco alcanzaron una cifra alarmante: unos 12 millones de dólares.
Las casi 900 páginas de la auditoría externa fueron a parar a una gaveta del escritorio de Tamburrelli. Ese era el resultado del trabajo que el propio director del FIS pidió apenas pisó las oficinas de la institución. Y dijo a los medios que lo haría público.
Pero hoy, Tamburrelli se resiste a denunciar los hechos. “Déjenme terminar de revisar todos los contratos, no solo el caso de los diputados. También tengo problemas por una gran cantidad de fianzas vencidas. Necesito una semana para esto y puedo darles información más completa”, prometió durante una entrevista con este diario en diciembre pasado.
No obstante, solo 48 horas después de la entrevista periodística, Tamburrelli destituyó a su asesor principal, Ernesto Mora, acusándolo de haber filtrado información de la auditoría. También despidió a otros 30 funcionarios del FIS que trabajaban con Mora. Todos se fueron escoltados por miembros del Servicio de Protección Institucional.
La Contraloría General ordenó, el pasado 24 de diciembre, una auditoría para conocer el detalle de las destituciones. Nadie explicó en forma oficial por qué se despidió a los funcionarios.
A pesar de los obstáculos, este diario no solo logró conseguir la documentación y los informes de las auditorías que revelan irregularidades a través de las fundaciones que controlan los diputados y un grupo cerrado de empresas, sino que profundizó en los datos obtenidos, encontrando nuevas vinculaciones empresariales, familiares y políticas. Este reportaje da inicio a una serie de publicaciones que detallan cómo cada uno de los diputados construyó el esquema irregular para quedarse con la ayuda social.
LOS CASOS
En algunos casos, la documentación de la auditoría puso al descubierto cómo el dinero “regresaba” a las manos o a cuentas bancarias de diputados. En otro, se descubrieron cheques del FIS que salieron a nombre del chofer de uno de los diputados que fue reelegido para este período: José Luis Fábrega. En total, este chofer recibió más de 400 mil dólares en cheques.
También la Iglesia católica fue “víctima”: un millón 300 mil dólares destinados a un monasterio, nunca llegaron a la entidad católica. El apoyo a las monjas fue prometido por el ex legislador del partido panameñista Francisco Ameglio.
Otro método utilizado por los legisladores era la asistencia económica. En general, los recursos mensuales prometidos a los beneficiarios no llegaban a sus bolsillos. Para canalizar el dinero se utilizaban fundaciones. Una de ellas, Aprodsami, operó con los diputados Carlos Afú, Omar Chavarría, Juan Carlos Arosemena, Abraham Martínez, y Yasmina Guillén, según consta en el informe de auditoría.
El titular de Aprodsami, Jonathan Rodríguez Rock, se encuentra detenido en La Joyita, involucrado en el robo de cheques en la Asamblea Nacional. El informe sostiene que Aprodsami se encargaba de hacer llegar a los diputados los fondos destinados a los beneficiarios.
Este diario también encontró que las personas en la lista de beneficiarios de esa fundación no tenían relación con el circuito electoral del diputado responsable del pedido de ayuda al FIS.
Incluso, un diputado del interior del país tenía una amplia lista de personas –a quienes entregaba asistencia económica– que vivían en áreas como Calidonia, San Miguelito, Panamá Viejo, Vacamonte, Chilibre, Río Abajo y Curundú.
Los estudios sociales que deben respaldar las solicitudes de asistencia económica –en general entrega de efectivo por alrededor de 300 dólares mensuales– también fueron inventados, según la auditoría.
Otro método era la entrega de maquinaria pesada a fundaciones manejadas por los diputados. Entre estas fundaciones se encuentra la del legislador José Muñoz, que recibió un millón 200 dólares en equipo pesado. Además, tramitó el desembolso de cheques por arriba de los 150 mil dólares –divididos en varias entregas– para el supuesto mantenimiento de los equipos. Algunas de esas máquinas están hoy desaparecidas.
Pero este y los otros casos son únicamente la punta del iceberg.
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