Edgar Enrique Figueroa
efigueroa@prensa.com
En los diseños de un plano arquitectónico descansa la realización de la utopía con la que sueñan los presos panameños: un sistema carcelario que podría acabar con la inseguridad, el hacinamiento y otras deficiencias que los reclusos, obligados, han vivido.
Y en la realización de esa utopía están comprometidas las más altas autoridades del Gobierno, entre estos, el presidente, Martín Torrijos; el ministro de Gobierno, Daniel Delgado, y el presidente de la Corte Suprema, Harley Mitchell, quienes en marzo pasado dieron a conocer lo que denominaron "el plan maestro" para las cárceles de Panamá, que plantea la construcción de nuevas edificaciones.
¿El contexto?: innumerables denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, formuladas no solo por los privados de libertad y organizaciones no gubernamentales, sino por entidades como la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard e incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Lo que se quiere
El "plan maestro" fue diseñado por el arquitecto panameño Carlos Clement –ex ministro de Obras Públicas (1983 1984)– y en líneas generales busca reemplazar la infraestructura de los penales actuales con edificaciones que posean celdas espaciosas, con menos reos, ventiladas y salubres, tal como exigen los estándares internacionales.
Según el ministro Daniel Delgado, las cárceles tienen una serie de graves problemas, cuyo origen, sin embargo, se relaciona directamente con un solo hecho: que no fueron diseñadas ni construidas como penales, sino como barracas para los militares de las extintas Fuerzas de Defensa.
Esa particularidad, admitió, influye de manera determinante para que los centros penitenciarios no cumplan con los requisitos mínimos de seguridad, espacio y salubridad.
Pero, además, ni siquiera permiten la clasificación científica de los internos, lo que dificulta la ejecución de programas de resocialización y de reinserción social.
Detalles del plan maestro
De acuerdo con la presentación de Clement, el proyecto contempla la construcción de un "centro típico penitenciario", con cuatro módulos que contienen tres tipos de celdas: de mínima, mediana y máxima seguridad.
Las nuevas edificaciones vendrían a complementar los viejos y hacinados pabellones de La Joya, La Joyita, la cárcel de mujeres y otros penales del interior del país, que tienen celdas pequeñas de unos 2.5 metros cuadrados y grandes de unos 4.5 metros cuadrados, en las que viven entre 10 y hasta 30 reos, respectivamente.
El arquitecto explicó que cada uno de los cuatro módulos del centro tendría capacidad para mil 20 internos. El primero sería construido en los terrenos de La Joya.
Según los planos, cada módulo tendría 72 celdas de máxima seguridad para uno o dos internos, con capacidad máxima para 144 personas.
Además, otras 100 celdas de mediana seguridad con capacidad para tres reclusos cada una; es decir, 300 presos; y 96 calabozos de mínima seguridad, con la posibilidad de albergar a seis reos en cada uno, para un total de 576 reos.
Los pabellones estarán formados por una planta baja y un primer alto.
Según las cifras preliminares, de llegar a construirse, cada uno de los centros tendrían una capacidad total para 4 mil 80 detenidos, pero todo depende de la población penitenciaria de cada lugar.
Todas las instalaciones estarán conectadas por medio de brazos que, según el arquitecto, permitirán ahorrar espacio para llegar a otras áreas.
El proyecto incluye, además, seis casas conyugales, área de visitas, cafetería, tres salas para juzgados, clínica, un módulo de observación, sala de custodios, iglesia, escuela con capacidad para 160 internos, seis talleres de trabajo, una granja, seis canchas deportivas y áreas verdes, patio central de secciones, y un edificio administrativo.
De acuerdo con los planos, la dimensión de cada celda es de 3.5 metros cuadrados, lo que indica que entre las tres clases de celda hay un total de 15 mil 433 metros cuadrados.
Según el director del Sistema Penitenciario, Luis Gordon, si bien estas celdas serán un poco más chicas que algunas de las actuales, la diferencia radicará en que albergarán a menos reclusos.
Mujeres en La Joya
En el proyecto piloto, que solo espera por financiamiento, se ha pensado que uno de los cuatro módulos sea para las 624 internas del Centro Femenino de Rehabilitación.
Allí se piensa instalar 36 celdas de máxima seguridad, con capacidad para una sola reclusa; 84 calabozos de mediana seguridad, que serán ocupadas por tres internas; y 56 celdas de mínima seguridad, para seis presas cada una.
Este módulo incluye los mismos beneficios que el de los hombres, aunque incluirá una sala maternal.
Clement agregó que en elpatio central de secciones se instalará una sala de guardia, un depósito, una lavandería, cubículos para los médicos, y tendrá tres puntos de control de seguridad.
El proyecto para los centros penitenciarios del interior incluye las mismas comodidades del de La Joya, pero según la cantidad de internos.
Huéspedes cinco estrellas
Gordon dijo que una vez que el Gobierno apruebe el financiamiento, se iniciará la fase de construcción de un primer módulo en La joya, valorado en 10 millones de dólares.
"Indudablemente que los individuos de alta peligrosidad serán trasladados a las celdas de máxima seguridad, pero antes se tiene que hacer una selección de estas personas y estudiar sus casos", precisó Gordon.
Agregó que el mismo procedimiento de clasificación se aplicará a los internos que estén dentro de los perfiles de mediana y mínima seguridad, aunque la selección se realizará de manera paulatina.
"Hay internos no reincidentes con delitos menores que pueden acogerse a una libertad condicional. En esos casos, los reclusos pueden ser trasladados al nuevo centro mientras dura el trámite", apuntó.
El director del Sistema Penitenciario explicó que la población total de La Joya y La Joyita es de 5 mil 500 reos, por lo que consideró que tener una mayor seguridad ayudará a cambiarle la cara a ese centro, y permitirá mejores y más dignas condiciones para los reos.
Las instalaciones de La Joya y La Joyita –que albergarán a los presos que no sean trasladados al nuevo módulo– son reacondicionadas y para ello se invierten cerca de 2.5 millones de dólares, utilizados, sobre todo, en lo relacionado con el suministro de agua potable.
Un solo cambio no basta
Alfredo Castillero Hoyospanorama@prensa.com
OPINIÓN. Si es cierta la construcción de un moderno centro penitenciario, esta será muy positiva en ciertos casos porque disminuirá el problema de hacinamiento. Pero eso no basta. Si no se mejoran los programas de resocialización, no se disminuye la mora judicial, y no se establecen políticas efectivas dentro de las cárceles, de nada sirve tener lujosas y cómodas celdas. El trato que el sistema panameño le da a los privados de libertades muy cruel, inhumano y degradante, y eso hay que cambiarlo totalmente. Otro factor es que se les debe dar mejores condiciones no solo a los presos, sino a los custodios.
Los custodios deben ser civiles, formados para ser guardias especializados en la materia de cárceles, y no como en el sistema actual, en el que cualquier policía ejerce el papel de custodio.En este tema hay que observar también el aspecto educativo de los reos, así como de los custodios y el personal administrativo de los centros penales de todo el país.Panamá no cumple con las reglas y los estándares internacionales en materia penitenciaria. Hasta tanto no se respeten estos requisitos, no se tendrá un norte positivo en los nuevos centros penitenciarios. El autor es abogado
61% de los reclusos espera por sentencia
En las cárceles de Panamá hay 11 mil 252 privados de libertad, según estadísticas del Ministerio de Gobierno y Justicia, las cuales dan cuenta, además, que de ese total de reos, 10 mil 481 son hombres y 771 mujeres.
En relación con la situación jurídica de la población penitenciaria, los registros oficiales indican que hay 4 mil 334 condenados, y 6 mil 918 reos (61% de la población) a la espera de juicio.
Las provincias con mayor población penal son Panamá, con 7 mil 329 reos; seguida de Colón, con mil 360; Chiriquí, que tiene mil 20; Veraguas, con 365; Coclé, 35; y Bocas del Toro, 289.
En Los Santos hay 176 presos, en Herrera 202 y en Darién otros 143.
En un informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, presentado en Panamá el 5 de marzo pasado, se destaca que, con excepción de Cuba, Panamá tiene la población penitenciaria per cápita más alta de Latinoamérica –364 presos por cada 100 mil habitantes–, por lo que el hacinamiento llega a niveles infrahumanos.
Según ese estudio, la capacidad total de los penales es de 7 mil 114 internos, lo que indica que algunos centros operan al doble y hasta al triple de sus capacidades.
En materia de corrupción, el informe dice que son evidentes los privilegios entre diferentes grupos de reclusos, y aunque no consigna que esa situación sea el resultado del pago de coimas, tampoco descarta la posibilidad.
Las autoridades reconocen que la sobrepoblación es un problema que impide la ejecución efectiva de los programas de resocialización, reinserción social y conmutación de penas.
Este año, el Sistema Penitenciario evalúa dar la libertad a unos 500 reclusos de todo el país, en el marco de los beneficios de conmutación de penas. Según su director, Luis Gordon, lo que se busca es evitar el hacinamiento.
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