British American (BA) no solo sacó del país bonos que respaldaban el dinero de los panameños, sino también parte de sus depósitos y otras inversiones.
El informe del interventor nombrado por la Superintendencia de Seguros en octubre de 2009, reveló que entre los fondos que no se han podido recuperar está un depósito de $715 mil 820, que ahora está en manos de la empresa Caribbean Money Market, una filial de BA en Trinidad y Tobago.
Además, la aseguradora trasladó inversiones en acciones de empresas y otros bonos por un valor de $1.9 millón a Wachovia Bank, entidad que fue adquirida por Wells Fargo. Sin embargo, estos recursos no están disponibles porque las firmas autorizadas, para transferirlos nuevamente a Panamá, son de los directivos de Trinidad y Tobago.
A estos montos desaparecidos se suman $7.5 millones en bonos del Estado panameño que la aseguradora trasladó en 2007 a su casa matriz y los pignoró a favor de terceros, a pesar de que eran parte de sus reservas comprometidas en Panamá.
El interventor Ciro Cano dejó sentado en su informe, que se trató de una figura engañosa de parte de la empresa aseguradora que, durante tres años, incluyó estos montos en sus estados financieros como activos disponibles para la operación panameña.
RAFAEL E. BERROCAL R.rberrocal@prensa.comEl colapso financiero de la filial local de British American Insurance (BA) ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que no solo implican a los administradores de la compañía, sino también a la Superintendencia de Seguros y a los auditores externos.
Todos los controles fallaron, y durante los tres últimos años la empresa operó con reservas ficticias.
Los reportes oficiales sostenían que la empresa tenía un excedente de liquidez por 11 millones de dólares, cuando la situación real era otra: no había reservas que garantizaran las pólizas y los programas de jubilación de miles de panameños.
Hasta ahora, las versiones que ha dado la Superintendencia de Seguros y otras autoridades no coinciden y despiertan muchas dudas entre los afectados.
¿Cuál es la cifra real de afectados y el monto de los daños económicos? ¿Por qué las auditorías no identificaron el problema a tiempo? Estas son preguntas que el Gobierno no ha querido responder con precisión.
Sin embargo, este diario ha tenido acceso a documentos y al informe de intervención que revelan que la situación de BA es más grave de lo que se ha anunciado, y que las medidas tomadas en Panamá llegaron tarde.
Los problemas financieros de la casa matriz de British American en Trinidad y Tobago estallaron en enero de 2009. Sin embargo, no fue hasta el 10 de septiembre de este año, que la Superintendencia de Seguros en Panamá aplicó una “vigilancia estrecha”. Para ese momento, la compañía ya estaba desbalanceada financieramente en Panamá. Es decir, no contaba con recursos para atender un reclamo de alto perfil, y solo podía con los casos de bajos montos.
El viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, aceptó que a la actual administración le tomó tiempo conocer la verdadera situación de la empresa, pero indicó que el problema se inició durante el anterior gobierno, sin que se identificaran las fallas y se establecieran los correctivos.
Una vez iniciado el período de vigilancia, la Superintendencia solo identificó la existencia de un déficit de 2.6 millones de dólares.
Esta diferencia produjo la orden de intervención directa el 5 de octubre de 2009, que permitió establecer que los estados financieros que había presentado la empresa, en los últimos tres años, estaban alterados.
La descapitalización
A través de un viaje realizado el 28 de octubre de 2009 a Trinidad y Tobago por el interventor local de BA, Ciro Cano, se identificó la jugada que había realizado la compañía tres años atrás: en diciembre de 2007 había trasladado a su sede en el extranjero 7 millones 518 mil dólares en bonos, pignorándolos a favor de terceras personas sin comunicarle al ente regulador en Panamá.
Cano también destacó en su informe otra serie de fallas que se cometieron durante los tres últimos años de operación de la aseguradora. Según el documento, el faltante de las reservas desde diciembre de 2007 contrasta con las cartas oficiales de la compañía, las certificaciones de la Superintendencia y los estados financieros avalados por la firma auditora externa PricewaterhouseCoopers.
Todas estas instituciones confirmaron por tres años consecutivos (2007, 2008 y 2009) la existencia y tenencia de estos bonos del Estado panameño en la filial local de BA.
“Con estos hechos surge una figura engañosa e intencional en las finanzas de British, sucursal de Panamá, ya que desde esa fecha se mantuvo la operación de forma irregular y con la captación de dinero del público mediante planes de ahorro y renta vitalicia”, advirtió el informe del interventor.
El traslado de fondos desde BA Panamá al exterior no quedó solo en los bonos de 7.5 millones de dólares. En la investigación se encontró que la empresa había trasladado a su casa matriz otros recursos, entre ellos un depósito de 715 mil 820 dólares. Nada se sabe del destino de los intereses ganados por estas cuentas.
A pesar de ello, la compañía reportó estos depósitos como activos válidos en Panamá.
Las inconsistencias financieras de la aseguradora no terminan aquí. En la investigación también se identificó otro grupo de inversiones de BA Panamá por 1.9 millón de dólares, ubicado en la casa custodia del desaparecido banco estadounidense Wachovia Bank. Pero la sucursal de Panamá no tiene acceso a estos valores, ya que la firma autorizada para disponer de ellos es potestad de la empresa matriz.
El 7 de junio pasado, el Gobierno panameño sostuvo que no había otra salida que la quiebra, y emitió una solicitud a los tribunales. Quijano señaló que se agotaron todas las opciones para una venta, pero que no funcionaron porque los dueños de BA nunca aparecieron, y además las ofertas se retiraban cuando se conocía la realidad de las reservas.
“La única solución para los clientes es que se puedan rescatar los bonos. Pero esto es una lucha que tienen que emprender las autoridades judiciales panameñas en Trinidad y Tobago”, comentó el viceministro.
Los corredores de seguros tienen sus dudas sobre si el Gobierno agotó todas las opciones de venta antes de pedir la quiebra. “Es una decisión mal tomada, había otras opciones”, dijo el corredor de seguros Beny Rozenbaum.
María Elena González, ex superintendente de Seguros, manifestó su preocupación por la forma como el Gobierno decidió guardarle consideraciones a los dueños, cuando “fueron ellos los que cometieron la estafa” y ahora no aparecen.
Por el contrario, el presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores, Mario Ruiz, defendió a la Superintendencia y dijo que la institución jugó su rol como ente regulador.
Los afectados ya denunciaron a los representantes de BA y a los dos últimos superintendentes de Seguros, Ricardo García Reyes y Luis Della Togna, por delitos contra el patrimonio, el orden económico y la fe pública.
El Caribe anuncia rescate
La posición del Gobierno panameño varía mucho de las soluciones que se están planteando en los países del Caribe, que también han sido afectados por la caída de British American. Ayer los tribunales superiores de Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente, y las Granadinas, aprobaron crear una nueva sociedad para que asuma los pasivos de British American con el fin de salvar las inversiones de los clientes.
Estos gobiernos facilitarán 50 millones de dólares para la capitalización de la nueva empresa, a la que se sumarán contribuciones del grupo Caricom. Los tribunales aclararon que la administración de la nueva empresa se dejará en manos de un socio privado.
Clientes: los perdedores en el fraude
Tras la quiebra de British American en Panamá, aún no se conoce la cifra completa de los afectados. Sin embargo, hay resultados parciales de los daños que no coinciden con los datos proporcionados por el Gobierno. Según la Superintendencia de Seguros, la empresa aseguradora en problemas tenía 10 mil clientes que podrían enfrentar pérdidas por 10 millones de dólares. También se informó que la compañía solo tiene activos líquidos por 4 millones de dólares para afrontar estos compromisos.
Estos datos difieren de las cifras que ha obtenido este diario: solo en el programa de renta vitalicia existen 6 mil clientes afectados que tienen aportes por 11 millones de dólares. Además, en pólizas directas de hospitalización y vida hay otros 19 mil clientes; mientras que en los programas de ahorro para pensiones, BA tenía clientes que habían ahorrado por 32 años. Beny Rozenbaum, de la firma de corredores Labero, señaló que los asegurados con planes de renta vitalicia se sienten “devastados” porque han depositado sus ahorros en supuestos documentos que deberían estar regulados por la Superintendencia de Seguros, subordinada al Ministerio de Comercio e Industrias.
“Ayer, uno de los clientes de British American que había depositado 200 mil dólares en un plan de renta vitalicia, me decía con lágrimas en los ojos que eran los ahorros de su vida, y que se sentía defraudado, porque cuando compró el plan de renta vitalicia le garantizaron que sus ahorros iban estar a salvo porque era un documento emitido por una compañía de seguros altamente protegida por la ley panameña”, comentó Rozenbaum.
Eduardo Linares, un afectado indirecto, comentó que su hija, con un hijo de dos meses, “tenía 8 años de ahorrar en el programa de renta vitalicia de British American, el cual prefirió por encima de la oferta de la compañía Progreso”. “Ahora se siente burlada y decepcionada consigo misma ya que hizo la mala escogencia, aceptando de buena fe la propuesta de British. Esta situación bien pudo evitarse con un poco de buena voluntad de los que dirigen y toman decisiones actualmente en el Gobierno. Faltó quizá considerar a cuántas personas estaban afectando en su vida personal y familiar, y en qué forma, así como en su futuro”, agregó.
Los daños provocados por la quiebra de BA también se extienden a otras empresas. Fuentes oficiales revelaron que los hospitales y clínicas privadas mantienen a la fecha reclamos contra la empresa aseguradora por 650 mil dólares que, probablemente, serán declarados como pérdida porque son los últimos en el orden de prelación (preferencia) en un proceso de liquidación.
El derrumbe financiero también tocó a la empresa constructora Infinity Group. La compañía construía una torre que llevaría el nombre y sería la nueva sede de British American en Panamá. La empresa informó que la torre en construcción, en Vía Brasil, cambiará de nombre y está en busca de un nuevo cliente.
