Monday, August 4, 2008

La otra carta de la oposición


Ricardo Martinelli amarró ayer su candidatura presidencial por Cambio Democrático para las elecciones de 2009. A pesar de los incidentes reportados en unos centros de votación, Martinelli dijo que en algunas mesas hubo participación de hasta 80%.

Ricardo Martinelli, el tercer candidato

José González Pinilla
jagonzalez@prensa.com

El empresario Ricardo Martinelli se convirtió ayer oficialmente en el candidato presidencial por el partido Cambio Democrático (CD), tras ser elegido en las primarias del colectivo en el que estaban habilitados para votar unos 130 mil adherentes.

Guillermo Endara, del colectivo Vanguardia Moral de la Patria, y Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, son los otros dos candidatos.

Acompañado por José Raúl Mulino y Aníbal Galindo, vicepresidentes del partido Unión Patriótica, aliado reciente del CD, Martinelli dijo que cuando llegue a la Presidencia bajará los impuestos, edificará más hidroeléctricas para bajar el costo de la luz, y construirá un metro. Además, apeló a la unidad de la oposición. “Yo solo no puedo contra todos ellos, pero una voz puede inspirar otra voz y así sucesivamente hasta llegar a la Presidencia”, dijo.

En las primarias participaron 9 mil 770 precandidatos a puestos de diputados, alcaldes y representantes. La contienda electoral empezó a eso de las 8:00 a.m., con retraso en la apertura de varias mesas de votación. Esa situación molestó a algunos votantes, por ejemplo, en San Miguelito, donde hubo enfrentamiento verbal y empujones, por lo que tuvo que intervenir la Policía. A raíz de los incidentes, en dos mesas de votación se suspendieron las primarias. También se presentaron denuncias de compra de votos ante la Comisión de Elecciones. Sin embargo, Martinelli restó importancia a los sucesos, indicando que solo se registraron en el 1% de las mesas.

El centro principal de votación fue la escuela Belisario Porras, en San Francisco. Allí votó Martinelli, a eso de las 10:00 a.m., junto a un gran número de precandidatos.

Diputados chilenos exigen ‘compensación’


Elizabeth Garrido A.
egarrido@prensa.com

Diputados chilenos pidieron a su Gobierno que actúe con “firmeza” en el caso del accidente del SAN-100, en el que falleció el general de Carabineros, José Alejandro Bernales, y su comitiva de cinco miembros, el pasado 29 de mayo.

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Iván Moreira, dijo que Chile debe pedirle a Panamá “que busque la forma de compensar a los familiares de las víctimas”, informó ayer el diario El Mercurio en su edición on line.

Alejandro Bernales, hijo del general fallecido, aseguró al diario La Segunda, que “hoy no estamos pensando en demandas [contra Panamá], pero tampoco las descartamos”.

En tanto, la familia del piloto del SAN-100, Juan Delgado, dijo ayer en un comunicado que el informe interino de la Autoridad Aeronáutica Civil es “injusto”, y se quejó porque aún no han recibido una copia de este.

(Con información de Vielka Corro)

‘Bachelet debe actuar con firmeza’

Luego de conocerse el informe interino del accidente del helicóptero SAN-100, diputados en Chile plantean que su Gobierno debe solicitar a Panamá una compensación para las familias de las víctimas.

El diputado Iván Moreira, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, dijo en Chile que el SAN-100 era una verdadera “chatarra” y llamó al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a actuar sin mucha diplomacia para lograr una compensación para los familiares de las víctimas del accidente, informó ayer el diario El Mercurio en su edición online.

“El Gobierno y la Cancillería chilena deben actuar con firmeza y pedirle al Gobierno de Panamá que asuma su responsabilidad”, dijo Moreira.

Mientras que el diputado Jorge Tarud, de esa misma comisión parlamentaria, dijo que no solo se deben buscar las responsabilidades y errores técnicos, sino las responsabilidades de las autoridades panameñas, según informó en Chile radio Cooperativa.

En el accidente del SAN-100, ocurrido el 29 de mayo de 2008, fallecieron 11 de sus 12 tripulantes, entre ellos el general de Carabineros chileno, José Bernales, y los cinco miembros de su comitiva.

Dos meses después del siniestro, Alejandro Bernales, el hijo mayor del general de Carabineros fallecido, dijo al diario La Segunda, en representación de las otras familias chilenas afectadas, que cada Gobierno debe hacer su gestión interna y tomar las medidas que correspondan.

Sin embargo, Bernales dejó claro que en Chile “esperamos que el Gobierno de Panamá entienda que aquí tiene una responsabilidad, que hay familias que quedaron muy desamparadas y necesitan cobertura”.

En Panamá, las autoridades solo han dicho que no han recibido información sobre una eventual demanda contra el Estado.

Presionan a Bachelet por caso SAN 100

Zenaida Vásquez
PA-DIGITAL


Michell Bachelet.

Partidos políticos chilenos pidieron a la presidenta Michell Bachelet que adopte una postura más enérgica para ayudar a los familiares de los fallecidos en la caída del helicóptero SAN100 en Calidonia, el pasado 29 de mayo.

El diputado Iván Moreira (UDI) llamó al Gobierno chileno a actuar con firmeza y sin mucha diplomacia para lograr una compensación para los familiares de las víctimas del accidente.

El diputado Jorge Tarud (PPD) dijo que más que buscar las responsabilidades y errores técnicos, hay que buscar las responsabilidades de las autoridades panameñas.

Mientras que en Panamá, familiares del fallecido piloto del helicóptero, Juan Delgado, rechazaron el informe interino del Gobierno que le atribuye la responsabilidad de la tragedia.

Dijeron que es injusto descalificar a un piloto que sirvió con honor a la Patria.

El MOP benefició a Torrijos en Río Hato





Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

El Ministerio de Obras Pública (MOP) dio prioridad a la vía que conduce hasta la entrada de la casa de playa del presidente, Martín Torrijos. Sin embargo, la red vial de Río Hato está intransitable.

El proyecto original de rehabilitación de las calles de Río Hato no incluía la ruta que llega a la casa de Torrijos en Playa Blanca, pero esto fue posible tras una adenda que se hizo al contrato que había ganado en licitación la empresa Plotosa.

La rehabilitación de vías fue paralizada hace dos meses y falta por terminar el 50% de las carreteras de Río Hato. La división del MOP en Penonomé informó que está procediendo con la rescisión del contrato de Plotosa, que está garantizado con una fianza $746 mil 850.

El alcalde de Antón, Roger River Ríos, confirmó que una adenda permitió que se asfaltara una carretera que pasa por la entrada de la finca Quintas Sol y Mar, donde Torrijos y un grupo de amigos tienen sus propiedades de descanso.

Una carretera presidencial

Los residentes del corregimiento de Río Hato parecen no tener buena suerte con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución que festeja anunciando que ha invertido 760 millones de dólares en la reparación de la red vial del país, desde 2004 a la fecha.

La empresa que se ganó la licitación para rehabilitar las carreteras internas de esa ciudad –por 1.5 millón de dólares– no ha podido cumplir con el contrato y desde hace dos meses suspendió las obras con apenas un 50% de avance.

Una gran parte de las carreteras internas de esa comunidad está intransitable, y la esperanza de que algún día serán rehabilitadas se desvanece en el ocaso del actual gobierno.

Sin embargo, la finca Quintas Sol y Mar, donde el presidente, Martín Torrijos, tiene una de sus casas de descanso, no corrió la mala suerte de la mayoría de los residentes de Río Hato que clama por mejores carreteras.

Una de las pocas carreteras que se pudieron asfaltar a través del contrato N. 66-2007 FIS/MOP, que el Estado paga, fue la que conduce hasta la entrada de este complejo de casas de playa, de la cual también se benefician algunos de los amigos íntimos de Torrijos, Ubaldino Real, Félix Pille González e Ilianne Krupnik. Todos ellos tienen propiedades dentro de un mismo complejo residencial (Quintas Sol y Mar), que actualmente es custodiado por agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

La Alcaldía de Antón y el Ministerio de Obras Públicas confirmaron que el proyecto inicial no incluía la rehabilitación de la carretera que conduce a la entrada de la casa de Torrijos, pero todo quedó arreglado con una adenda que se realizó posteriormente a lo interno del MOP.

Ahora la institución ha iniciado un proceso de rescisión del contrato de la empresa Plotosa por no haber cumplido con la obra en el tiempo estipulado en la última adenda: 18 de mayo de este año.

“Ya no valen las excusas”, dijo un representante de la división del MOP en Penonomé.

Para ello, el contrato tiene una fianza de cumplimiento con la compañía de seguros Assa por 746 mil 850 dólares, según información proporcionada por el MOP.

Mientras tanto, el alcalde del distrito de Antón, Roger Diver Ríos, señaló que los residentes de Río Hato deberán seguir esperando mejores días para poder tener carreteras en buenas condiciones.

Indicó que el MOP sustentó la adenda, que expande la rehabilitación de las carreteras de Río Hato, aduciendo que era necesario beneficiar a una comunidad pesquera en el lugar.

Pero en el área de Playa Blanca no existe tal comunidad pesquera, sino en Farallón donde las calles se encuentran en pésimo estado.

El diputado Javier Tejeira ha señalado que el proyecto de rehabilitación prefirió darle prioridad a una carretera que conduce solo a cuatro mansiones de playa, cuando en el pueblo de Río Hato habían otras prioridades.

Este diario intentó conocer la versión de la empresa Plotosa, pero ninguno de sus representantes quiso dar explicaciones acerca del proyecto que hoy sigue paralizado.

Mientras que Torrijos solo ha reiterado en varias ocasiones que no ha utilizado fondos de la partida discrecional de la Presidencia para su beneficio.

Los representantes del MOP en Panamá se negaron a explicar por qué se decidió incluir una adenda al contrato con Plotosa para ampliar el proyecto, incluyendo el asfaltado de la carretera que conduce a la casa de playa del presidente Torrijos.

LA HISTORIA SE REPITE

No es la primera vez que se reporta la construcción de una carretera donde los beneficiados son los propios presidentes del país.

La ex mandataria Mireya Moscoso también fue criticada por la opinión pública cuando, en su gobierno, el Ministerio de Obras Públicas asfaltó una carretera en Pedasí que conduce hasta su casa de playa en Punta Mala, incluyendo la instalación de un puente Bailey.

Siendo mandatario del país, Ernesto Pérez Balladares, también le garantizó la infraestructura vial al proyecto Punta Barco Resort, donde tiene su casa de playa.

LA OTRA CARA

El político opositor y empresario Alberto Vallarino informó que en el caso del desarrollo de su proyecto residencial de playa en Río Hato, llamado Buenaventura, ubicado cerca de la casa del presidente Torrijos, no tuvo la suerte de que el Estado construyera la infraestructura pública para darle acceso.

Indicó, en una entrevista al semanario Martes Financiero, que a pesar de ser un proyecto de 50 millones de dólares, tuvo que construir su propia carretera en terrenos que son del Estado a un costo de 200 mil dólares.

“Esto fue una contribución a la Nación, no tuve ningún incentivo para este proyecto. Es horrible que proyectos grandes en esta región, como el Decameron –de 900 habitaciones–, tengan una carretera pública de acceso en tan malas condiciones”, dijo Vallarino.

Polémica entre autoridades por toma de servidumbre pública

El sector de Playa Blanca, en Río Hato, es tema de una polémica que no ha terminado entre el alcalde del distrito de Antón, Roger Diver Ríos, y el director de Catastro, Mariano Quintero.

Todo se inicia cuando Quintero ordena al alcalde Ríos demoler parte de la estructura en construcción del proyecto turístico Casa de Campo Farallón, por estar dentro de predios nacionales sin autorización. A raíz de ello, la Alcaldía de Antón ha iniciado un proceso de medición de todas las propiedades que se encuentran en el lugar, lo que también incluye la casa de playa del presidente Torrijos.

River dijo a este diario que en el caso del proyecto Casa de Campo Farallón, se está respetando la medida de 22 metros de servidumbre después de la marea alta. Pero señaló que las vistas aéreas que se tomaron para el informe muestran que los otros proyectos cercanos sí pueden estar fuera de la línea de construcción.

“Lo que nos mandó Quintero fue una nota muy ambigua. No habla de construcciones en específico, y frente a Playa Blanca hay demasiadas cosas”, dijo Ríos, quien ha decidido mandarle una carta de queja al ministro de Economía y Finanzas por el desacuerdo que hay con la Dirección Nacional de Catastro y Bienes Patrimoniales. La Alcaldía de Antón continúa con las mediciones para levantar su propio catastro y verificar quiénes están fuera de la línea de construcción.