Thursday, June 10, 2010

Grado de inversión al completo

roberto gonzález jiménez
rgjimenez@prensa.com

Moody’s elevó ayer la calificación de la deuda soberana de Panamá a ‘Baa’, el primer nivel del grado de inversión.

Con ello, las tres grandes calificadoras internacionales han situado a Panamá en esta categoría. Fitch Ratings y Standard & Poor’s lo hicieron en marzo y mayo, respectivamente.

La calificación constituye la opinión de estas agencias sobre la capacidad y disposición que tiene un país para pagar su deuda.

Las tres firmas han definido a Panamá como un buen pagador, lo que se traduce en una reducción de los intereses en los préstamos que adquiera el país, al producirse una mayor certeza de su pago. Supone, además, una mejora sustancial para la imagen del país.

“El impacto positivo de iniciativas fiscales recientemente implementadas, aunado a perspectivas de crecimiento económico sostenido, son el principal motivo del alza en la calificación”, indicó Alessandra Alecci, analista del riesgo soberano de Panamá de Moody’s.

La entidad prevé que la deuda panameña tendrá una “dinámica positiva” y estima que con el Canal ampliado mejorarán los ingresos del Estado, “reforzando las perspectivas crediticias de Panamá”.

Panamá se afianza como país con grado de inversión

roberto gonzález jiménez
rgjimenez@prensa.com

La mejora de la calificación de la deuda soberana de Panamá por parte de Moody’s afianza al país como territorio con grado de inversión.

Moody’s también subió el techo país para bonos de Panamá a A2 de A3 y el techo país para depósitos a Baa1 de Baa2. En todos los casos la perspectiva es estable.

Panamá completa así un camino iniciado en marzo, cuando Fitch Ratings elevó la categoría de Panamá. En mayo hizo lo propio Standard & Poors.

Desde entonces, “el optimismo de los inversionistas, empresarios y comerciantes locales ha ido en aumento”, apuntó el ministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, que no ocultó su satisfacción tras conocerse la noticia.

La consecución del grado de inversión supone, además, una inyección de credibilidad en la imagen exterior de Panamá, siendo por sí solo un imán para la atracción de nuevas inversiones.

En América Latina, solo Chile, México, Brasil, Perú y Panamá pueden incluir esta distinción en su hoja de vida.

La disciplina fiscal del país durante los últimos años ha sido una de las claves para el ascenso. “Actualmente, el déficit fiscal panameño ronda el 1% del producto interno bruto. Es interesante compararlo con países que gozan de grado de inversión en escalones superiores y que se encuentran con cifras de déficit fiscal en doble dígito”, apuntó Álvaro Naranjo, analista de Geneva Asset Managment.

Precisamente, Panamá recibe el grado de inversión en una coyuntura económica internacional protagonizada por las crisis de deuda y por rebajas en las calificaciones.

La expansión del Canal de Panamá y el plan de inversión en infraestructuras apoyarán el crecimiento económico, contribuyendo a una dinámica favorable de deuda, indicó Alessandra Alecci, analista del riesgo soberano de Panamá de Moody´s.

Para mantener el grado de inversión e intentar mejorar algún escalón en el futuro, Vallarino dice que el país debe cumplir con sus compromisos y proyecciones, tanto en lo fiscal como en lo económico, y reconoce que las calificadoras pondrán su atención en “el desempeño fiscal de este año, especialmente en cuanto a los ingresos tributarios, el plan de inversiones y el cumplimiento con la ley de responsabilidad social fiscal”.




Proyecto pasa el primer debate

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com1389882

La sesión de ayer en la Comisión legislativa de Transporte y Comunicación solo duró tres horas. A pesar de la complejidad de los temas –tres códigos y seis leyes– y de la oposición de obreros y ambientalistas que abarrotaron el Salón Azul de la Asamblea, los diputados oficialistas Marcos González, Luis Eduardo Quirós, Carlos Afú hijo y Francisco Ríos aprobaron el proyecto presentado un día antes por el ministro de Gobierno, José Raúl Mulino, como una propuesta para promover la aviación comercial.

Representantes de unas 30 organizaciones ambientales y sindicatos se quejaron de que el presidente de la comisión, el diputado Marcos González, solo les otorgó cinco minutos para explicar las razones por las que rechazan las modificaciones al Código de Trabajo y a la Ley General de Ambiente.

Sobre aviación comercial, casi no se habló ayer durante el acalorado debate.

Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental, advirtió que demandarán los cambios a la Ley Ambiental, “porque atenta contra los convenios internacionales suscritos por Panamá”.

Por su parte, los dirigentes sindicales advirtieron que irán a las calles.

El proyecto también reforma la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la que crea el Tribunal de Cuentas.

Diputados cambian leyes y códigos en tres horas

En medio del rechazo de organizaciones sindicales, grupos ambientalistas y la oposición política, la Comisión legislativa de Transporte aprobó por mayoría de votos, en primer debate, el polémico proyecto de ley que busca promover la aviación comercial y que incluye modificaciones a los códigos laboral, judicial y penal, así como a seis leyes orgánicas.

Votaron a favor del proyecto los panameñistas Luis Eduardo Quirós, Francisco Ríos (suplente de Manuel Cohen) y también Marcos González y Carlos Afú hijo (suplente de Carlos Tito Afú), de Cambio Democrático.

En contra solo hubo un voto: el de Freidi Torres, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sus copartidarios Denis Arce y Gabriel Méndez no acudieron.

Torres se opuso a la aprobación “a tambor batiente” del proyecto “porque tiene muchos matices que afectan gravemente a la población”.

El debate empezó con más de una hora y media de retraso, pero esto no fue motivo para que dirigentes de más de 30 gremios permanecieran en la comisión para manifestar su oposición al proyecto.

La decisión del presidente de la Comisión de Transporte, el diputado oficialista Marcos González, de darle cinco minutos a cada orador para que manifestara su punto de vista sobre el proyecto, ocasionó gritos y abucheos de parte de los representantes de gremios y sindicatos.

Ambientalistas

Los primeros en hablar fueron los ambientalistas para dejar claro su rechazo a la modificación de la Ley 41 de 1998, General de Ambiente.

El proyecto plantea que los proyectos del Estado que sean declarados de interés social, estarán exentos de estudios de impacto ambiental. Aunque a última hora se agregó que no serán considerados proyecto de interés social los que tengan que ver con minería, refinación de productos derivados del petróleo, generadoras de energía y procesamiento de desechos sólidos. Esta modificación no convenció a los ambientalistas.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, indicó que esta reforma demuestra un total desconocimiento de las normativas ambientales de Panamá y del mundo.

Según Banfield, con esta iniciativa se devalúa la Ley General de Ambiente, que es una herramienta vital para la gestión del desarrollo del país. Indicó que la reforma propuesta es un retroceso.

Natalia Young, en representación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, dijo que esta agrupación se opone a que se cambie la Ley General de Ambiente porque la modificación vulnera artículos de la Constitución que tienen que ver con el deber del Estado de garantizar la conservación.

A Alida Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, no solo le preocupa la parte ambiental. Dijo que el artículo 23 que reforma la Ley Orgánica de la Policía, permitiría que un agente “en el cumplimiento de su deber, torture, mate y secuestre”, lo que regresaría el país a prácticas dictatoriales.

Sindicalistas

Por su parte, Aníbal Herrera, representante de la Unión Nacional de Aviadores Comerciales, se manifestó a favor de la promoción del desarrollo de la aviación en Panamá, pero señaló que ese gremio no está de acuerdo con las modificaciones al Código de Trabajo porque se coartan los derechos de todos los trabajadores.

Samuel Rivera, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, aseguró que las modificaciones que se refieren al Código de Trabajo vulneran totalmente el derecho a huelga que está en el artículo 69 de la Constitución.

Gobierno se defiende

El proponente del proyecto, el ministro José Raúl Mulino, envió una carta ayer a La Prensa en la que señala que la presentación del proyecto a la Asamblea fue cumpliendo un mandato del Consejo de Gabinete y una facultad constitucional.

Sobre las otras leyes que abarca el proyecto y a las que Mulino no se refirió en su exposición ante el pleno de la Asamblea, dijo que “si el proyecto toca otros temas, todos importantes, es simplemente para aprovechar este período extraordinario y avanzar en modificaciones a temas puntuales que se pretenden mejorar para el desarrollo de esas competencias”.

Por su parte la ministra de Trabajo, Alma Cortés, dijo que las reformas al Código de Trabajo –referentes a la regulación de la huelga– que se incluyeron en el proyecto de aviación, serán las únicas que presentará el Ejecutivo. Es decir, que el tema de la eliminación del domingo como día de descanso quedó descartado.