Wednesday, April 23, 2008

Ministro justifica acuerdo con el Club


Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Dice el viejo adagio que "más vale un mal arreglo, que un buen pleito". Pues el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, hizo suyo este refrán, pero a su manera. Para él, el asunto es a secas: "más vale un arreglo que un pleito". Así, sin adjetivos, intentó explicar a los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea, los acuerdos de su despacho para compensar al Club de Yates y Pesca, y al hotel Intercontinental Miramar, por las "afectaciones" que la cinta costera tendrá sobre ellos.

En relación con el Club, el MOP le cederá tres de las 32.2 hectáreas de relleno de la cinta costera, a sabiendas de que este centro social ocupó ilegalmente, por años, más de 1.8 hectárea de playa y fondo de mar.

De hecho, un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 25 de febrero de 2000 ordenó al Club devolver 1.2 hectárea de playa que rellenó "sin encontrarse legalmente autorizado para tales propósitos". No consta que el Club devolviera un solo metro.

Según las cifras presentadas por Colamarco, el Yates y Pesca ocupó, en total, una superficie de más de 4.7 hectáreas, repartidas así: 8 mil 88 metros cuadrados (menos de una hectárea), corresponden a la finca 30147, que la Asamblea regaló al Club en 1959; 2.06 hectáreas de playa y mar, dadas en concesión por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en 1997, y 1.8 hectárea rellenada sin permiso alguno.

El ministro aseguró que el Club cederá "gratuitamente" la finca de su propiedad, como corresponde según la misma ley que firmó la Asamblea para darle al Club esa tierra.

De las explicaciones de Colamarco se entiende entonces que las tres hectáreas de relleno que recibirá el Yates y Pesca, son a cambio de dejar sin efecto el contrato de concesión con la AMP, que vence en 2017.

La AMP puede dar por terminado ese contrato "por motivo de utilidad pública o interés social declarado por ley", previo pago de una indemnización. "Y no estamos hablando de un avalúo de Contraloría y el MEF, sino de un peritaje y un arbitraje", recalcó Colamarco.

Además, está el artículo 292 de la Constitución, relativo a los bienes de uso público, que Colamarco invoca como quien ve al diablo venir.

Según ese artículo, "no habrá bienes que no sean de libre enajenación... Sin embargo, valdrán hasta un término de 20 años las limitaciones temporales al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones".

Colamarco reconoció que, en conversaciones con el Club, "manifestaron su convicción de contar con este derecho y, de ser necesario, discutirlo en los tribunales".

Algo así, "pararía el proyecto y no queremos pararlo... Se preveía un pleito legal de larga duración". Y el MOP quiere inaugurar la obra en junio de 2009, antes de que acabe la gestión de Martín Torrijos.

El funcionario también garantizó que la marina del Yates y Pesca será de uso público.

El diputado panameñista José Blandón consideró que el acuerdo del MOP "legitimiza" los rellenos ilegales del Club.

"El Estado tiene todo el derecho de reclamar el pago del usufructo ilegal de casi dos hectáreas... Pero no. Aquí los vamos a premiar", acotó.

‘No haremos nada en la cinta costera’

Herman Bern, presidente de Miramar Development Corp., aseguró que el edificio que pretende construir no invadirá terrenos de la cinta costera, ya que estará dentro de un área que le fue dada en concesión por la Autoridad Marítima. "No tengo la menor intención de hacer nada en la cinta costera, salvo la entrada y la salida del hotel, porque si no, quedamos aislados", dijo. Los accesos al lobby, a la marina y al helipuerto del hotel, así como la concesión de una hectárea para hacer estacionamientos, son parte de un acuerdo pactado con el Ministerio de Obras Públicas, para compensar la "afectación" que sufrirá el hotel, por culpa de la cinta costera. Bern aclaró que se harán 290 estacionamientos y no 600, como originalmente se había pactado. "Los periodistas... están haciendo algo con maldad. Están buscando la pugna para que los funcionarios que tienen que firmar algo, tengan miedo", opinó Bern. Por su parte, el urbanista Álvaro Uribe aplaudió la idea de Ingeniería Municipal de no otorgar permisos a edificios dentro de la cinta. "Creo que la presión de la ciudadanía sí funciona".

Alcaldía no dará permiso al Miramar

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La ampliación del hotel Intercontinental Miramar ha encontrado un primer escollo.

El ingeniero municipal Jaime Salas dijo que su oficina no otorgará permisos para construir edificaciones dentro de la cinta costera, ya que esta debe preservarse como área verde.

Miramar Development Corp. –operadora del hotel– pretende anexar un edificio de hasta seis pisos a las actuales instalaciones, como parte de un plan de mejoras y remodelaciones que tendrán un costo de 15 millones de dólares.

La opinión de Salas es compartida por el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro.

"Estoy en completo desacuerdo con cualquier disparate, como construir edificios en la cinta costera. No lo voy a permitir bajo ninguna circunstancia", dijo.

Herman Bern, que controla el hotel, replicó que no construirá sobre la cinta costera, sino en un área que le fue dada en concesión hace 15 años.

Con la cinta costera, el hotel y los condominios Miramar quedarán insertados en medio de la obra vial.

Agonía por el transporte

Redacción de La Prensa
panorama@prensa.com

De día o de noche, acceder al servicio de transporte público en la ciudad capital es un dolor de cabeza, con el agravante de que al hacinamiento y desorden en el manejo de los diablos rojos, por la noche se añade la inseguridad en la que están pasajeros y conductores.

En piqueras como la de Pedregal decidieron no operar después de las 10:00 p.m., según el dirigente Dionel Broce, para "evitar que un bellaco les robe lo poco que les queda".

Noche de peripecias en un ‘diablo rojo’

LA PRENSA/Iván Uribe
VIOLACIÓN. La ATTT asegura que han disminuido las irregularidades en los buses. Sin embargo, los pasajeros aún viajan en los estribos, arriesgando sus vidas.

A lo lejos se observa venir un "diablo rojo". Está por llegar a la parada del supermercado Riba Smith, en Transístmica; es el bus de la ruta Torrijos-Carter que esperan cinco usuarios. Son las 9:45 de la noche.

¿Se detendrá? La respuesta a esta pregunta fue "no" en más de una ocasión esa noche. Pero aquel vehículo que viajaba apresurado, se detuvo a dejar a una mujer.

Para ese momento, su capacidad de 60 pasajeros había sido rebasada con creces. Iba lleno hasta la puerta y aún así, los cinco ciudadanos que aguardaban en la parada, entre ellos dos reporteros y un fotógrafo de este diario, tenían la "sagrada" misión de abordarlo.

TRISTE PANORAMA

La primera imagen que se observa al subir es sencillamente impresionante. Una mujer cargaba tres niños en sus piernas. A su lado, otro señor llevaba en sus brazos a un bebé y al mismo tiempo sostenía una bolsa de supermercado. Era un puesto de dos personas ocupado por seis.

En lo sucesivo y cada vez que el diablo rojo volvió a parar, el grito colectivo era el mismo: "sigue... este bus no da más". En esos términos se expresó Joel Pérez, un señor de 65 años, quien molesto se preguntaba ¿por qué en las noches hay tan pocos buses?

Nadie le respondió de inmediato. Hoy, una semana después, se sabe que de una flota de 150 buses de Torrijos-Carter, solo 68 funcionan. Los demás están dañados y por lo pronto no hay dinero para repararlos.

El dirigente Alberto Ortega contó que de esa última cantidad, únicamente 20 están operativos por las noches.

Las razones de esta disminución en el servicio nocturno están relacionadas con la falta de seguridad y la demanda, explicó el transportista.

"Diariamente nos roban", se quejó Ortega. Él también cree que el transporte es cada vez menos rentable, lo que en parte tiene que ver con el alto costo del combustible.

Esta escasez de vehículos en la noche de la que es consciente Ortega, mantiene mortificados a muchos. Melisa Reyes, por ejemplo, vive en la quinta etapa de Santa Librada. Sale de su trabajo a las 11:30 de la noche. "Los lunes, martes y miércoles se me hace difícil llegar a mi casa porque los buses van llenos", manifiesta en tono de resignación.

A Reyes no le queda otro remedio que hacer trasbordo. "Tomo un bus de la ruta Vía España-Torrijos-Carter porque ellos trabajan hasta más tarde y cuando estoy cerca de la policlínica [Generoso Guardia] agarro un taxi... lo hago por seguridad, aunque tenga que gastarme mi quincena en transporte".

Reyes, sin saber, se había hecho eco del lamento del señor Pérez cuyo amargo recorrido terminó en la Gran Estación de San Miguelito.

En ese punto, la parada estaba abarrotada. Un caos en relación a la del Riba Smith. Allí, abordar un bus sería más que un reto, una verdadera odisea.

Pero, a pesar de las irregularidades que ya se habían evidenciado: pasajeros en los estribos o abordando por la puerta trasera, haciendo alto fuera de las paradas, portando luces de neón, entre otras, hasta ese momento no se observó algún inspector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) o agente de la Policía de Tránsito.

Esto, a pesar de que Lázaro González, director de Inspección de la ATTT, ha dicho que su equipo, de 25 funcionarios, labora diariamente en horarios de más de 15 horas. "Hemos incrementado la supervisión por las noches. Los muchachos [personal de ATTT] trabajan de 6:00 a.m. hasta las 12:00 de medianoche y 1:00 de la madrugada".

González también dice que se han corregido muchos problemas. Menciona, por ejemplo, el exceso de pasajeros, equipos de sonido estridentes, falta de extintores y puertas de emergencia clausuradas. "Un 98% de los buses ha corregido estas irregularidades", sostuvo.

La Ley 42 del 22 de octubre de 2007 prohíbe, entre otros aspectos, portar "cualquier tipo de aparato reproductor de sonido y video en el transporte colectivo urbano, interurbano, interno y metropolitano y colegial".

"COOPEREN..."

Los secretarios o personajes conocidos como "pavos", siguen cumpliendo un papel fundamental en el ir y venir de los "diablos rojos". Se les oye vociferar y ordenar a los pasajeros que "se corran hacia atrás" así sea que para entonces, viajen literalmente uno sobre otro.

Eso ocurrió a las 8:40 p.m. en la parada de La Garantía, en Parque Lefevre.

En un bus de la ruta Pedregal- Vía España no cabía una persona más. Pero, mientras uno bajaba otros cinco intentaban subir. "Córranse. Atrás hay espacio...cooperen".

En el estribo del bus y el espacio que rodea al conductor, las personas se apiñaban. Para sostenerse, echaban mano a lo primero que veían, incluso a los brazos de desconocidos. Todos tenían una idea en mente: llegar a su destino en medio de un tranque que se produjo luego de un choque a la salida del Corredor Sur, en Llano Bonito.

En las paradas de mayor afluencia, como Balboa y Plaza Carolina, la historia era la misma. Bajaban uno o dos pasajeros y subían tres o cuatro.

El panorama comenzó a cambiar en el Centro Comercial Los Pueblos. Desde allí, los usuarios solo bajaban, al punto que el bus entró a Pedregal con poco más de 30 pasajeros. Eran las 10:30 p.m. y el movimiento en ese lugar disminuía.

SUPERVIVENCIA

Precisamente a esta hora, narró Dionel Broce, dirigente de Pedregal, los buses de su piquera empiezan a regresar para cargar combustible y dirigirse a casa. "No prestamos el servicio más tarde por temor a que un bellaco nos robe lo poco que nos queda". Tienen 184 vehículos, 30 están dañados y según Broce, apenas unos 15 funcionan hasta la 1:00 a.m.

En la piquera de Pedregal, Mauricio Peña trabaja de inspector eventual. A las 7:00 p.m. comienza sus labores que se extienden hasta las 12:00 medianoche cuando regresa el último bus que viene de la ciudad. Peña explica que a partir de la 10:00 de la noche hay aproximadamente siete buses de las tres rutas, que hacen los últimos recorridos.

Así como en Pedregal, los conductores de las piqueras de otros sectores se aseguran de tomar medidas para preservar su seguridad. Por ejemplo, en Santa Librada hay registro de 200 buses. Entre 80 y 90 funcionan, pues el resto presenta desperfectos mecánicos o le falta la placa. Sin embargo, después de las 11:00 p.m. ninguno se arriesga a transitar, como lo describió el dirigente José Valencia.

En las noches, cada cual cuida su vida, coinciden los directivos de las distintas piqueras, quienes temen pasar a ser una estadística más de la lista de 79 transportistas que fueron asesinados en el 2007. En la ciudad circulan 3 mil 915 buses. (Con información de José Arcia, Edgar Figueroa, Marianela Ferrer y Jovanka Guardia)

Ideas que se quedaron en el papel

La crisis del transporte, en octubre de 2006, luego del incendio del bus 8B-06 donde murieron 18 personas carbonizadas, obligó al Gobierno a presentar a la Asamblea un proyecto de ley que modificara la Ley 14 de 1993, que regía este sistema.

Ese mismo año, Severino Mejía, director interino de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), hablaba de instaurar en el país un sistema de buses articulados como alternativa al colapsado sistema de transporte. Ya en 2005 el ex director de la ATTT Angelino Harris había presentado el plan, pero se enfrentó a la oposición de los gremios transportistas.

Las opciones del tren ligero, monorriel y de un subterráneo también han sido mencionadas, pero, según Leonel Solís, secretario privado de la Presidencia, estas son "incosteables", aparte de que las tarifas no estarían al alcance de los usuarios del transporte.

Las dos iniciativas que calaron, tanto en el Gobierno como en los usuarios, fueron las del monorriel –tren aéreo suspendido– y los buses articulados, sistema que ha sido implementado con relativo éxito en Bogotá y Curitiba. En Santiago de Chile, por el contrario, ocasionó un caos urbano a pocos días de su puesta en marcha.

Hoy, año y medio después de la tragedia del 8B-06, la modificada ley no está reglamentada y los usuarios siguen a la espera de una modernización.