Santiago Fascettosfascetto@prensa.com La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) movió la primera pieza. Denunció ante el Ministerio Público un supuesto fraude en su contra por casi 700 mil dólares. ¿El principal sospechoso? Igor Tello Spadafora, empleado de la ACP y sobrino del magistrado Winston Spadafora.
Tello Spadafora habría ganado, a través de la empresa TPM Suppliers S.A., 261 licitaciones gracias a información clave que manejaba por su cargo dentro del Canal. Pero el caso, que lleva adelante la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, y que instruye la jueza décimo quinta penal, Georgina Tuñón, podría diluirse. Los abogados del implicado presentaron una querella penal contra las dos. Las acusan de violar la correspondencia privada de su cliente, luego de un allanamiento que se hizo a la empresa TPM Suppliers.
Además, interpusieron un recurso de amparo a favor de su cliente ante el Primer Tribunal Superior, quien le dio la razón al sobrino del magistrado en un trámite veloz. La investigación pende de un hilo.
ACP sufre estafa por casi $700 milNo hay un manual para consumar el fraude perfecto y salir inmaculado. No obstante, si en algún momento alguien tiene la osadía de escribirlo, Igor Tello Spadafora podría contribuir con varios capítulos.
Tello Spadafora, empleado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es investigado por un supuesto fraude a la ACP por casi 700 mil dólares. Sería una de las mayores estafas que sufriera el Canal desde que Estados Unidos lo entregó en 1999.
Tello Spadafora tiene un segundo apellido famoso en el país: es el sobrino del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Winston Spadafora. Pero la vinculación va más allá de los lazos de sangre: el hijo del magistrado, Winston Spadafora Gálvez, también estaría involucrado en el supuesto ilícito.
Tras una pesquisa interna, la ACP –a través de su fiscalizador general Víctor Diamond– presentó la denuncia penal contra Tello Spadafora y una empleada de compras el 13 de junio de 2007. El caso le tocó a la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, quien investiga a Tello Spadafora por tres supuestos delitos: fraude, peculado e inviolabilidad del secreto.
Negocio redondo
El mecanismo ilegal que habría organizado, pieza por pieza, Tello Spadafora es simple: primero inscribió una empresa –TPM Suppliers SA, de la cual es gerente general, según la Justicia– y luego la puso a competir en concursos públicos de la ACP que él mismo ayudaba a preparar desde su puesto de especialista en equipos eléctricos de alto voltaje.
¿El resultado? Entre marzo de 2005 y mayo de 2007, TPM Suppliers ganó 261 licitaciones por un monto de 698 mil 200 dólares. Todo gracias a la información clave que manejaba Tello Spadafora.
El negocio "redondo" recién lo descubrió la ACP el 28 de mayo de 2007, tras una auditoría interna de rutina. Es decir, el sobrino del magistrado tuvo unos 26 meses de "ventaja" para llenarse los bolsillos.
Tello Spadafora era el encargado de pedirle a la oficina de compras los insumos que necesitaba la sección de Electricidad de Exteriores de la ACP. Desde camperas especiales, sierras, hojas, y hasta juegos de empalmes sumergibles.
Según consta en la investigación, Tello Spadafora enviaba por correo electrónico a su socio en TPM Suppliers, Luis Pinto, la lista de materiales que precisaba la ACP. Eso le daba tiempo suficiente a la empresa para solicitarlos en el exterior y tener los insumos en Panamá antes de la licitación.
Así, TPM Suppliers sabía de los pedidos que realizaría la ACP antes de que se hiciera público el concurso. Una "trampa" al estilo Nostradamus.
Luis Pinto, según información judicial, fue socio de Tello Spadafora en otros negocios.
La supuesta estafa no respetó ni la prolijidad: Tello Spadafora llegó a enviarle a Pinto, por correo electrónico, una copia completa del presupuesto de operaciones 2006-2007 de la ACP, que incluía desde el mantenimiento eléctrico programado para el período, hasta el detalle exacto de los suministros que necesitarían.
Una vez que TPM Suppliers tenía la información, se dedicaba a buscar en diferentes partes del mundo los repuestos y accesorios, que luego vendería –con toda seguridad– a la ACP.
La empresa de Tello Spadafora pagaba parte de sus compromisos con los proveedores con tarjetas de crédito de familiares y amigos.
Según el expediente, Winston Spadafora Gálvez –hijo del magistrado y ex embajador en Italia durante la gestión de Mireya Moscoso– colaboró con el "negocio" de su primo: abonó en varias ocasiones los materiales que adquirió la empresa en el exterior.
Un detalle que llamó la atención de los investigadores fue la escasa habilidad de TPM Suppliers de abrirse mercado fuera de los límites del Canal. Según las facturas que secuestró la Justicia, durante sus cortos años de vida TPM Suppliers solo hizo negocios con la ACP.
BREVEDAD
El poco apego que tenía Tello Spadafora de competir con otras compañías lo trasladó a sus negocios con la ACP: gracias a sus conocimientos técnicos, Tello Spadafora creaba mecanismos para descalificar a las otras empresas que se presentaban en las licitaciones públicas para pugnar con la suya.
El artilugio favorito era poner plazos breves de entrega. Así, ningún competidor del sector podía arriesgarse a pedir los materiales fuera de Panamá y, ante cualquier contratiempo, no cumplir los cortos períodos establecidos en las bases del concurso. Eso despejaba el camino para la única empresa local que tenía en sus depósitos cada uno de los materiales solicitados: TPM Suppliers.
Inclusive, la ACP hacía pedidos, a instancias de Tello Spadafora, de materiales que tenían en sus propios depósitos.
La Justicia también analiza si Tello Spadafora infló los precios de los insumos para aumentar el margen de ganancias de TPM Suppliers.
Por lo pronto, la sede de la empresa no refleja su éxito empresarial: el edificio –ubicado en una calle de Parque Lefevre– se parece más a una humilde casa familiar que a una empresa próspera que ganó 261 concursos públicos que organizó el principal actor económico de Panamá.
LA RUTINA, IGUAL
Hoy, Tello Spadafora llega todas las mañanas a la ACP para presentarse a trabajar. A pesar de la denuncia penal en su contra, no fue suspendido ni despedido. No obstante, la ACP tomó algunas medidas preventivas: lo trasladó a otra dependencia, lejos de la oficina de compras y le prohibió el acceso a cualquier computadora.
Sin "su hombre" dentro de la ACP, la empresa no ha ganado ninguna licitación más. Incluso, la compañía se encuentra sancionada por el Canal desde el 28 de enero de 2008.
Esta rutina diaria del empleado seguirá igual hasta que la ACP termine el proceso que lleva adelante para conocer si su comportamiento violó el Reglamento de Ética y Conducta de la organización.
El trámite –paralelo al que lleva adelante la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el Juzgado Décimo Quinto penal, que preside la jueza Georgina Tuñón– es un rosario burocrático, por lo que aún no concluyó. No obstante, la ACP se constituyó en querellante en la denuncia penal.
El próximo paso que dará la fiscal Austin será escuchar el descargo de los imputados, aunque en los pasillos del Ministerio Público ponen en duda que se llegue hasta el fondo del asunto a raíz de las presentaciones judiciales contra la jueza y la fiscal que interpuso el representante legal Tello Spadafora.
Según este, durante el allanamiento a la empresa se violó el derecho a la correspondencia privada de su defendido al hacer una copia del disco duro de una computadora (ver recuadro). Este diario intentó hablar con Tello Spadafora a través de su abogado, pero este solo se limitó a atacar a la fiscal y a este medio de comunicación. La acusación contra Austin y Tuñón ha congelado la investigación. Por eso, aún resta saber si el caso llegará hasta el final o habrá, en cambio, que ir buscando la gaveta en la que quedará olvidado.
Otra vez la justicia está bajo presión
La primera señal tuvo como destinataria a la fiscal Maribel Cornejo: investigar a la cúpula del poder judicial de Panamá tiene sus consecuencias.
Ahora, su colega Yolanda Austin –fiscal tercera Anticorrupción– y la jueza del Juzgado Décimo Quinto penal, Georgina Tuñón, recibieron el mismo mensaje: el abogado de Igor Tello Spadafora presentó una querella penal contra la jueza ante el Segundo Tribunal Superior, y otra contra la fiscal ante la Sala Penal de la Corte.
Dentro de la pesquisa contra Spadafora Tello, Austin allanó la empresa TPM Suppliers y grabó información de una computadora. Una vez que comenzó a analizar los datos, la fiscal se percató de que dentro del aparato había una carpeta con correos electrónicos. Por eso, el 21 de septiembre pidió autorización a Tuñón para revisar ese material. El permiso llegó el 9 de octubre.
El proceso no pudo continuar porque el abogado de Tello Spadafora presentó, además, un amparo de garantías constitucionales argumentando que la fiscal grabó la información de la computadora sin contar con el permiso de la jueza y así violó comunicaciones electrónicas privadas. En primera instancia el recurso se rechazó, pero luego el Primer Tribunal Superior aceptó el amparo. La investigación está en la cuerda floja: como en el caso de Cornejo, el cazador está bajo el fuego del cazado.
