Con un fallo unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, con la que se selló la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen), foro en el que el presidente, Ricardo Martinelli, quien impulsó dicha norma, tendrá ahora una curul a partir de 2014.
El presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, dio la información ayer pasada la 1:00 p.m., unas tres horas después de que se diera inicio a una sesión extraordinaria del pleno.
El fallo tuvo como ponente al magistrado Harry Díaz -presidente de la Sala Penal-, designado por Martinelli en 2011 en reemplazo del magistrado José Abel Almengor, quien renunció.
El vocero del Ejecutivo, Luis Eduardo Camacho, reconoció ayer que al Gobierno no le queda otra opción que acatar la sentencia. El Presidente, quien llegó a calificar al Parlacen como una “cueva de impunidades”, no se pronunció sobre el tema pues está de viaje en Suiza.
Por su parte, el abogado Julio Berrío, propulsor de las tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 78, dijo que el fallo fue en estricto derecho y corrigió una clara violación a la Constitución y a la Convención de Viena de 1969, de la cual Panamá es signataria.
Inconstitucional acto que habilitó a Bosco Vallarino
En la misma sesión de ayer, el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional el efecto retroactivo de la Resolución número 2 de la Asamblea Nacional, del 3 de julio de 2009, que le devolvió la ciudadanía a Bosco Ricardo Vallarino.
El fallo, con ponencia del magistrado Hernán De León, declaró inconstitucional la frase “a partir del 2000”, contenida en la resolución, porque violaba el artículo 46 de la Constitución. No se dieron más detalles de la unánime decisión.
´Fallo manipula la justicia´
Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) al Parlacen reclamarán reparación económica al Estado, que adeuda al organismo unos $2 millones.
REDACCIÓN DE LA PRENSA
ANUNCIO. El presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, confirmó la decisión del pleno. LA PRENSA/Joniel Omaña
A juicio del vicepresidente, Juan Carlos Varela, la decisión unánime del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer declaró inconstitucional la ley que sacó a Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) es reflejo claro de la “manipulación de la justicia” por parte del Órgano Ejecutivo, con miras a “garantizar la inmunidad del Presidente saliente en el 2014”.
Varela, quien como canciller impulsó la aprobación de la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009 -que sacó a Panamá del Parlacen-, se pronunció ayer a través de un comunicado del Partido Panameñista, suscrito por él como presidente del colectivo.
“Todas estas medidas tienen como finalidad la protección e impunidad ante los escándalos de corrupción del actual régimen y la persecución de sus adversarios”, advirtió en la nota.
Esta misma posición fue planteada anoche en el pleno legislativo por los diputados panameñistas José Blandón y Adolfo Valderrama, quienes advirtieron injerencia del Ejecutivo en la Corte para lograr inmunidad para Martinelli.
Pero el vocero del Ejecutivo, Luis Eduardo Camacho, negó dicha versión con el argumento de que hoy en día ni los diputados de la Asamblea ni los del Parlacen tienen inmunidad, ya que es la CSJ la entidad competente para autorizar o no investigaciones contra esos funcionarios. Esta facultad está contenida en el ordinal 3 del artículo 206 de la Constitución.
De cualquier forma, Camacho reconoció no poder responder si al término de su mandato el presidente, Ricardo Martinelli, ocupará o no la curul que le corresponde en el Parlacen.
Según el vocero, aunque como miembros del gobierno en su momento consideraban que Panamá no estaba obligado a permanecer en el Parlacen, ahora no tienen otra opción que acatar el fallo de la Corte.
Camacho resultó elegido en 2009 como diputado del Parlacen, pero la CSJ lo despojó de la curul en un fallo fechado el 16 de noviembre de 2009, decisión que, según su opinión personal, “trascendió más allá de sus facultades”.
Se pidió una reacción del Presidente, pero se informó que estaba de viaje en Davos, Suiza. Martinelli, al anunciar la voluntad del Gobierno de sacar a Panamá del Parlacen, entre 2009 y 2010, calificó a ese organismo como inoperante, oneroso, “una cueva de impunidades...”.
Además, dijo que ahí van “perdedores” a “parrandear” y “chupar con inmunidad”.
Por su parte, Francisco Pancho Alemán, diputado del Partido Panameñista, quien como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea sustentó y defendió la Ley 78, dijo que impulsó la exclusión del organismo en vista de que había pronunciamientos de incomodidad en su seno.
Alemán advirtió que las decisiones del Parlacen no tenían impacto directo en la comunidad nacional y por eso apoyó la salida de Panamá del organismo.
“Es la decisión de la Corte y tiene la última palabra. Somos respetuosos de ella y tenemos que tomarla como la decisión suprema con respecto a esto”, expresó.
En tanto, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien encabezó la listas del partido oficialista Cambio Democrático (CD) de diputados al Parlacen, agregó que, tras consultar con sus abogados ayer, decidió esperar a tener y revisar minuciosamente el fallo de la Corte, para luego pronunciarse.
En el momento de la controversia por la salida de Panamá del Parlacen, Correa advirtió que “el tratado constitutivo del organismo establece que todos los partidos de los países miembros deben estar representados; por tanto, la exclusión de los representantes de CD viola ese tratado”.
En cambio, la presidenta de Transparencia Internacional capítulo panameño, Angélica Maytín, reiteró ayer la posición de esa entidad, según la cual “los costos-beneficios de formar parte del Parlacen son muy altos. Allí no se toman decisiones que beneficien al país, se emiten resoluciones que no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, hay que pagarle a los diputados, la cuota por país, los viáticos, y no hay ningún beneficio”.
OTRAS REACCIONES
Para Julio Berríos, propulsor de las tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 78, la decisión de la Corte fue correcta, de estricto derecho.
Explicó que de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena -suscrita el 23 de mayo de 1969 y de la que Panamá es signataria-, ningún Estado puede recurrir a su ordenamiento jurídico interno para deshacerse de sus obligaciones internacionales.
“La Ley 78 no solo violaba la Constitución, sino un tratado-ley internacional. En este caso, nosotros peleamos por un principio, que era defender el orden jurídico internacional. Con este tipo de decisiones, Panamá estaba creando un problema”, dijo.
En tanto, el diputado al Parlacen por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Dorindo Cortez dijo que el fallo del pleno “frenó un intento del Gobierno de violar un tratado integracionista”.
“Tenemos sentimientos encontrados, porque finalmente ha sido una lucha, no solamente en el campo legal, ha sido una lucha que hemos llevado adelante los sectores que estábamos convencidos de que había una violación de la ley panameña al pretender violentar un tratado integracionista de los países centroamericanos”, destacó.
Añadió que lo que la Corte hizo fue “sencillamente reconocer la ilegalidad” de lo actuado en la Asamblea.
Cortez, quien fue presidente del Parlacen entre 2010 y 2011, aseguró que tanto él como el resto de los diputados restablecerán la participación de Panamá en el organismo, al que nunca dejaron de asistir, ahora nuevamente con Panamá como miembro oficial.
Detalló que desde noviembre de 2009 viajan a Guatemala a participar en las sesiones del organismo, con pago de viáticos por transporte y alimentación aportados por el Parlacen.
Ahora pedirán un resarcimiento económico por el perjuicio que les causó el Gobierno al no pagarles y retirarles el pasaporte.
Dijo que Panamá adeuda a la entidad cerca de 2 millones de dólares, por el no pago de las cuotas desde la promulgación de la ley en 2009.
Gilberto Sucari, otro de los diputados del PRD en el organismo, dijo que ayer tendrían una reunión con la dirigencia de su partido y hoy, miércoles, con todos los diputados de ese partido, así como con el expresidente Martín Torrijos y el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro (ambos miembros del Parlacen), con miras a pronunciarse.
A su vez, James Bernard, abogado de Torrijos en el caso Cemis, dijo que con el fallo del pleno su cliente pasa nuevamente a la jurisdicción de la Corte Suprema en esa investigación penal, luego de que el magistrado ponente del caso, Abel Zamorano, dispusiera que no tenía competencia sobre el exmandatario tras la salida de Panamá del Parlacen, el 24 de noviembre de 2010.
Se llamó a la sede del Parlacen en Guatemala, pero voceros de ese organismo informaron que están a la espera de conocer el fallo de la Corte Suprema para luego pronunciarse.
La próxima sesión plenaria del organismo está programada entre el 20 y 25 de febrero próximo.
(Con información de Rubén Polanco, José Otero, Juan Manuel Díaz y Rafael Luna Noguera).
Fallo reconoció acto de ‘injusticia’ de la Asamblea, según diputado Cortez
GETZALETTE REYES
DE PRENSA.COM
LA PRENSA/Archivo
Dorindo Cortez dijo que los diputados panameños al Parlacen fueron afectados moralmente.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró "inconstitucional" la ley que avaló la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) reconoció el acto de “injusticia” que cometió la Asamblea Nacional.
Así lo expresó este miércoles, 25 de enero, el diputado al Parlacen por el Partido Revolucionario Democrático, Dorindo Cortez, quien reiteró que los diputados panameños juramentados siempre fueron conscientes de la inconstitucionalidad de la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009. "Fuimos persistentes y luchamos", comentó.
‘DAÑOS MORALES’
Producto de esta situación, Cortez admitió que los diputados locales fueron afectados moralmente por la citada ley que sacó a Panamá del Parlacen. Añadió que, en todo este tiempo, se les negaron sus pasaportes diplomáticos y se les cercenaron sus derechos. Mencionó también que tuvieron que acudir a otras instancias internacionales para presentar las demandas del caso.
“Nosotros, con este fallo, tenemos el legítimo derecho de hacer los cálculos y ver las afectaciones que hemos sufrido”, indicó Cortez en TVN Noticias.
SALARIOS
Sobre sus salarios, el diputado relató que en un inicio los diputados panameños asistieron a las sesiones del Parlacen sin cobro alguno. Sin embargo, como un “acto de solidaridad” el Parlacen les reconoció un 40% de sus salarios a los diputados panameños que estuvieron asistiendo a las sesiones, explicó.
Aclaró que ese dinero no provino de los fondos del Estado panameño sino de los países centroamericanos y las bancadas nacionales del Parlacen que –agregó– en todo momento consideraron a los panameños iguales que los demás.
Según Cortez, el Parlacen sacó fondos, de donde no había, para respaldar a los 11 diputados panameños que asisten a las sesiones.
Por otra parte, Cortez anunció que viajará el próximo 19 de febrero a Guatemala, donde está la sede del organismo centroamericano, para participar de las sesiones.
Con un fallo unánime, el pleno de la Corte declaró ayer inconstitucional la Ley 78, con la que se selló la salida de Panamá del Parlacen.
Así lo expresó este miércoles, 25 de enero, el diputado al Parlacen por el Partido Revolucionario Democrático, Dorindo Cortez, quien reiteró que los diputados panameños juramentados siempre fueron conscientes de la inconstitucionalidad de la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009. "Fuimos persistentes y luchamos", comentó.
‘DAÑOS MORALES’
Producto de esta situación, Cortez admitió que los diputados locales fueron afectados moralmente por la citada ley que sacó a Panamá del Parlacen. Añadió que, en todo este tiempo, se les negaron sus pasaportes diplomáticos y se les cercenaron sus derechos. Mencionó también que tuvieron que acudir a otras instancias internacionales para presentar las demandas del caso.
“Nosotros, con este fallo, tenemos el legítimo derecho de hacer los cálculos y ver las afectaciones que hemos sufrido”, indicó Cortez en TVN Noticias.
SALARIOS
Sobre sus salarios, el diputado relató que en un inicio los diputados panameños asistieron a las sesiones del Parlacen sin cobro alguno. Sin embargo, como un “acto de solidaridad” el Parlacen les reconoció un 40% de sus salarios a los diputados panameños que estuvieron asistiendo a las sesiones, explicó.
Aclaró que ese dinero no provino de los fondos del Estado panameño sino de los países centroamericanos y las bancadas nacionales del Parlacen que –agregó– en todo momento consideraron a los panameños iguales que los demás.
Según Cortez, el Parlacen sacó fondos, de donde no había, para respaldar a los 11 diputados panameños que asisten a las sesiones.
Por otra parte, Cortez anunció que viajará el próximo 19 de febrero a Guatemala, donde está la sede del organismo centroamericano, para participar de las sesiones.
Con un fallo unánime, el pleno de la Corte declaró ayer inconstitucional la Ley 78, con la que se selló la salida de Panamá del Parlacen.
