José Arcia
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Unas 200 islas e islotes forman el Archipiélago de las Perlas: una riqueza natural donde el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés) ha concentrado mayormente su actividad científica para estudiar los ecosistemas marino- costero y terrestre.
Pero los científicos no son los únicos interesados en esa zona. La industria inmobiliaria y la de extracción de minerales no metálicos también han descubierto la riqueza en esa región del Pacífico panameño que forma parte del corredor marino de conservación, que se extiende desde Costa Rica hasta Ecuador.
Los resultados de la actividad turística ya empiezan a tener repercusiones ambientales y a preocupar a ecologistas y científicos, entre ellos, al biólogo del STRI, Héctor Guzmán, quien advierte sobre un “claro suicidio ecológico”.
Desde diciembre de 2006 hasta abril de 2008, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha aprobado ocho estudios de impacto ambiental (EIA) para proyectos turísticos.
En el Ministerio de Comercio e Industrias hay aprobadas cuatro concesiones para la extracción de arena submarinas, que se otorgaron entre 1994 y 2000. El viceministro de Industrias y Comercio, Manuel José Paredes, ha dicho en ocasiones anteriores que los contratos para la explotación de los recursos naturales son otorgados después de hacer las evaluaciones ambientales.
“Se realizan actividades tanto en las áreas terrestres como en el fondo del mar en un ecosistema frágil”, señala Guzmán. En varias islas del archipiélago se pretende construir “nuevas ciudades” con áreas residenciales, centros comerciales, marinas y canchas de golf, se queja Guzmán.
Es por eso que plantea la necesidad de una moratoria para crear un plan de ordenamiento territorial. Iniciativa que es apoyada por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam). “Es el primer paso que vemos para tratar de recuperar las áreas que se deben conservar”, dijo Leslie Marín, abogado y ambientalista de Ciam.
Estudios de biodiversidad
Para Guzmán, el panorama es más claro que las aguas del archipiélago. Los estudios científicos del STRI no solo están disponibles para las autoridades gubernamentales, sino que servirían de base para crear el plan.
Las últimas investigaciones de Guzmán fueron sobre los arrecifes. El estudio, que contó con la colaboración de la Anam y de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), fue presentado a principios de este mes y en él se cuantificaron 57 especies de coral.
En el pasado otras investigaciones realizadas por el STRI han estudiado especies de tortugas, aves y mamíferos marinos.
Guzmán dijo que se ha determinado que en el Archipiélago de las Perlas hay, al menos, 15 especies de aves endémicas, es decir que solo existen en esa región. También han descubierto que al menos 37 playas de esa zona son utilizadas por las tortugas en el período de anidación.
CONTRADICCIONES
Tanto Guzmán como Marín cuestionan el hecho de que el año pasado se promulgó la Ley 18 de mayo de 2007, que crea la zona especial de manejo del archipiélago, que prohíbe la tala de bosques de manglar, excepto para proyectos turísticos.
“¿Es un área protegida o no?”, se preguntó Marín.
El Instituto Panameño de Turismo (Ipat) es la entidad que debe estar en los medios de comunicación “peleando” por la conservación del archipiélago, porque están “destruyendo su potencial turístico”, plantea Guzmán.
Al debate se suma el arquitecto Manuel Trute. La nación está matando la “gallina de los huevos de oro” al permitir destruir recursos naturales muy ricos que pueden ser explotados, pero a niveles permisibles, sostuvo. El problema de Las Perlas es que el componente económico está sobrepasando los intereses ambientales que son colectivos, dijo. Este diario gestionó una entrevista en el Ipat, pero se informó que Carl-Fredrik Nordström, gerente encargado de la entidad, no se encontraba en el país.
AUTORIDADES
En medio de los cuestionamientos, desde la Arap y la Anam hablan de planes de acción y también de duplicidad de funciones. La Arap, creada en diciembre de 2006, es la entidad encargada de vigilar las áreas marinas costeras y la Anam, que existe desde 1998, tiene que vigilar las zonas terrestres. En los archipiélagos esto se convierte en un problema, porque los ecosistemas están estrechamente relacionados y lo que ocurre en las zonas terrestres repercute en las áreas marinas.
Aleida Salazar, directora nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la Anam, admite que hay un “traslape de funciones de ambas instituciones”. Arturo Dominici Arosemena, jefe de la Unidad Ambiental de la Arap, sostiene que la entidad emite su opinión sobre los estudios de impacto ambiental cuando se construye en zonas marinas, como los manglares.
“A veces revisamos estudios de impacto ambiental de proyectos que solo encierran área continental, donde la Arap no tiene competencia. Pero son proyectos que tienen repercusiones en el área marina por las características geográficas de las islas”, explicó. Salazar considera que una moratoria debe ser bien analizada, mientras que Dominici piensa que por la fragilidad del ecosistema no es “descabellada la idea”. No se trata de una oposición al desarrollo del país, sino de medir la capacidad de carga de esa región, expresó.
Según Salazar, se han dado pasos importantes de conservación. Habló de la reserva hidrológica de Isla del Rey, creada en 2006, y del proyecto Conservando la diversidad biológica en el Archipiélago de las Perlas, para el cual cuentan con 1.7 millón de dólares otorgados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
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