Santiago Fascetto
Unidad de Investigaciónsfascetto@prensa.com No todas son malas noticias para la candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera. Hay buenas noticias: el 3 de diciembre de 2008, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le pagó 573 mil 202 dólares a una empresa suya, High Class Construction Company Inc. El pago, en plena campaña electoral, se realizó en concepto de indemnización por la anulación del contrato de concesión que tenía See Buy & Sail Company (hoy High Class Construction Company Inc.) en el puerto de Cristóbal y que quedó sin efecto cuando el Estado le entregó en concesión a Panama Port los puertos de Balboa y Cristóbal.
Desde el Gobierno rechazaron cualquier especulación política detrás de la cancelación de la deuda. “El pago a High Class Construction Company se trató con transparencia y basado en las obligaciones de la institución”, dijo el administrador de la AMP, Fernando Solórzano.
Las otras 28 empresas que debieron interrumpir sus operaciones y también pidieron ser compensadas, no recibieron un dólar.
Este diario intentó, repetidas veces, comunicarse con Herrera, pero no contestó las llamadas.
Herrera cobra $573 mil
Desde el Gobierno juran, una y otra vez, que solo se cumplió la ley: que no hay nada irregular en el pago, y que todo se manejó con transparencia.
Juran, una y otra vez, que el pago de 573 mil 202 dólares que realizó el gobierno de Martín Torrijos a Balbina Herrera era una obligación del Estado. Y había que cumplirla.
Y se cumplió: la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) le pagó el 3 de diciembre de 2008 más de medio millón de dólares a la empresa High Class Construction Company, cuya presidenta es la actual candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El desembolso fue en concepto de indemnización por la cancelación anticipada del contrato de concesión que tenía See Buy & Sail Company (hoy High Class Construction Company) en el puerto de Cristóbal, y que quedó nulo cuando el Estado le entregó en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Panamá Port en 1997.
Pero High Class Construction Company no fue la única empresa que tuvo que abandonar el terreno portuario que ocupaba: había otras 28 empresas que debieron interrumpir sus operaciones y también pidieron ser compensadas. A este grupo no se le pagó. En la recta final de su gestión, Torrijos solo sacó la billetera para pagar a dos empresas: la de Balbina Herrera, y la sociedad K.M.R.G. S.A. cuya presidenta actual es Yulissa de López, que recibió 2 millones 19 mil dólares.
“El pago a High Class Construction Company se trató con transparencia y basado en las obligaciones de la institución”, dijo a este diario el administrador de la AMP, Fernando Solórzano.
El funcionario agregó: “Dentro de una buena empresa, el pago de los pasivos es importante”.
Solórzano explicó, asimismo, que las otras empresas presentaron sus pedidos de indemnización por la terminación anticipada de los contratos, después de la fecha tope impuesta por la junta directiva de la AMP en la Resolución número 4 del 9 de julio de 1999.
Y, por eso, según la AMP no les corresponde ni un centavo.
Silencio
Este diario se comunicó repetidas veces con Herrera, pero la ex ministra de Vivienda no contestó las llamadas. La candidata presidencial del PRD incluyó a la sociedad High Class Construction Company en la declaración jurada que presentó ante la Notaría Octava el 15 de septiembre de 2008.
Los 573 mil 202 dólares que recibió la empresa que hoy preside Herrera se pagaron en concepto de “utilidades no percibidas”. Eso se sumó a los 180 mil 188 dólares que cobró en 2001 por las mejoras realizadas a los dos locales comerciales de 622 metros cuadrados que tenía la empresa en un edificio del puerto de Cristóbal (Colón).
High Class Construction Company vendía allí mercaderías varias. Y había firmado su contrato con la antigua Autoridad Portuaria Nacional –a cargo de Hugo Torrijos– el 16 de mayo de 1996.
En aquel momento, la cara visible de la empresa no era la candidata oficialista, sino su esposo, Mohamed Lafi Hamdan.
La empresa operó –según información judicial– la mayor parte de su vida con números rojos: durante 1996 arrojó pérdidas, y solo en los cinco meses de 1997 que pudo operar –antes de la suspensión de su contrato– ganó dinero.
En un inicio, la AMP –con el PRD en el Palacio de las Garzas– calculó las “utilidades no percibidas” de la empresa solo contando los cinco meses de ganancias de 1997. Ese “cálculo”, sin tomar en cuenta las pérdidas, arrojaba que la empresa debía recibir 669 mil 737 dólares.
La operación no llegó a concretarse porque, tras asumir, el gobierno de Mireya Moscoso presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para frenar el pago.
El 20 de julio de 2001, el máximo tribunal ratificó la legalidad de la indemnización aunque obligó a la institución marítima a cambiar la metodología e incluir en el cálculo el período en que la empresa perdió dinero. Y convalidó, además, el pago por “mejoras realizadas” a los dos locales que manejaba High Class Construction Company.
A raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia, una subcomisión creada por la junta directiva de la AMP volvió a calcular las ganancias futuras de la empresa a lo largo de sus 10 años de concesión y llegó a la cifra que finalmente recibió Herrera: 573 mil 202 dólares.
Solórzano insistió en que la AMP se limitó a cumplir el fallo de la justicia. “Siempre he creído que el mayor problema que se ha tenido, es que estuvimos dilatando los pagos. Y los pagos deben hacerse”, dijo.
Y así fue: la AMP instruyó, el 11 de noviembre de 2008, a Panama Port para que pagara, por orden y cuenta del Estado, esa suma a High Class Construction Company.
Dicho de otro modo: el dinero que pagó Panama Port a Herrera, a finales del año pasado, será descontado de los cánones que la empresa concesionaria le paga al Estado, según Solórzano.
Un integrante de la junta directiva de la AMP –que pidió reserva de su nombre– dijo a este diario que ningún integrante quería concretar el pago por temor a que genere un efecto dominó y acabe en una interminable fila de empresas
que reclaman su parte del pastel. Y a eso habría que sumar también los 30 millones de dólares que –según cálculos oficiales– reclaman los ex trabajadores portuarios y del ferrocarril.
Pero el tiempo pasó y Herrera se convirtió en la candidata presidencial del PRD y, entonces, en la AMP nadie levantó la voz cuando finalmente se decidió hacer efectivo el pago.
La reunión ‘bruja’ a favor de las indemnizaciones
El que tiró la bomba fue Víctor Juliao, ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Mireya Moscoso. Lo hizo el 7 de septiembre de 1999: “Es conveniente que se revisen los montos para estar seguros de que estas personas que dicen tener derecho, realmente lo tengan, porque nos parece muy raro que algunos legisladores... hagan una reunión bruja para hablar sobre la indemnización”. Juliao no dio nombres, aunque su referencia a la “reunión bruja” apuntaba, entre otros legisladores, a la entonces diputada Balbina Herrera.
¿El motivo? Herrera y el presidente de la Comisión de Hacienda, Manuel De la Hoz, convocaron a una reunión para apoyar el pago de las indemnizaciones el 3 de septiembre de 1999 “obviando” un detalle: realizaron el encuentro cuando todos los integrantes de la Comisión de Hacienda tenían el mandato vencido por la renovación de la Asamblea Nacional dos días antes.
Durante esa reunión –según la edición de La Prensa del 9 de septiembre de 1999–, Herrera “habló en activa defensa de los concesionarios”. El reportaje continúa: “Sin embargo, lo que nadie sabía en esa reunión, que tuvo lugar el pasado viernes 3 de septiembre, es que el esposo de Balbina Herrera, Mohamed Lafi Hamdan, estaba presente en la misma sala”.
