Tuesday, December 16, 2008
Desechos tóxicos: nuevos planes para su tratamiento
Shelmar Vásquez Sween
svasquez@prensa.com
Durante años, los desechos y residuos peligrosos generados por los hospitales, laboratorios clínicos y hogares se han tirado a vertederos públicos o a los drenajes pluviales sin ningún tipo de control.
Ahora esta basura, clasificada como corrosiva, radiactiva, explosiva o inflamable, da muestra de los estragos que ha estado haciendo en detrimento de la salud de la población y del ambiente.
Estudios desarrollados por investigadores de la Universidad de Panamá (UP), en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y organizaciones y entidades de salud internacionales y locales, han revelado que estas sustancias –que tienden a perdurar en el tiempo– han sido absorbidas por los suelos hasta llegar a fuentes profundas de agua.
De acuerdo con Anabel Tatis, investigadora de la UP, esta situación es peligrosa porque estas aguas corren hasta otros afluentes que pueden ser utilizados para abastecer de agua a poblaciones de áreas rurales. También llegan a ríos y riachuelos, perjudicando toda forma de vida.
Por otro lado, agregó Tatis, algunos de estos desechos son volátiles y quedan suspendidos en el aire por evaporación, afectando a las personas a través de las vías respiratorias.
“Los médicos detectan cáncer y reacciones extrañas en los pacientes, que relacionan con diferentes causas, y no se ponen a pensar que este tipo de desechos pueden ser la causa por su mal manejo. Se tiran en vertederos públicos y en drenajes, se filtran por la tierra, se combinan con el agua y se esparcen en el aire causando picazón, alergias inexplicables y erupciones en la piel”, explicó la investigadora.
UN PROYECTO AMBICIOSO
Por todos los riesgos planteados, investigadores locales están proponiendo un proyecto ambicioso: un sistema de manejo de desechos peligrosos.
Según el director de Planificación y Evaluación de la UP, Enrique Lau, el proyecto contempla la construcción de una planta de tratamiento para este tipo de basura, que se edificará en un área de ocho hectáreas que tiene la Universidad en Tocumen.
Allí se procesarán los desechos peligrosos que se generen en todo el país. Algunos de ellos, sustentó Lau, serán –por su estructura– transformados en materiales inertes o benignos para que puedan retornar a la naturaleza o reciclarse, y aquellos que sean en extremo tóxicos se sacarán del territorio, aseguró.
En estos momentos, dijo Lau, se están evaluando las propuestas de varias empresas expertas en este tipo de actividad, provenientes de Francia, España, México y Argentina.
“No podemos estimar el costo total del proyecto hasta tanto se elija a la compañía que formará parte del consorcio”, explicó el funcionario, pero el proyecto tiene una base presupuestaria de 4 millones de dólares.
Por lo pronto, adelantó Lau, la entidad elegida debe cumplir con lo establecido en el Convenio de Basilea (1989), que trata sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación.
Una vez que empiece a funcionar el consorcio, se empezará a contactar a las empresas que manejan estos productos peligrosos en Panamá para que empiecen –si no lo han hecho– a hacer un inventario de estas sustancias y sepan cómo deben ser tratadas previamente para su fácil recolección.
“La Organización Panamericana de la Salud hizo un mapa de riesgo de dónde están ubicados estos lugares en el país para que podamos llegar directamente a ellos. Esta lista la estaremos actualizando para tener una cobertura efectiva del proyecto”, señaló Anabel Tatis.
ARISTAS DEL PROYECTO
Lau dijo que el proyecto también contará con una legislación que vele porque todo aquel que realice una actividad que genere residuos o desechos tóxicos, se comprometa a darle el tratamiento correcto a sus materiales.
Paralelamente, se activará una campaña de concienciación cultural entre la población para que no tire productos como computadoras, bombillas o baterías, junto con la basura orgánica.
Actualmente se está capacitando mano de obra local para que trabaje en el proceso de recolección y tratamiento, pero como este proceso puede demorar años, según Lau, importarán expertos extranjeros para agilizar la ejecución.
La recolección y tratamiento de desechos peligrosos empezará en 2009 en el área metropolitana, y se espera que cubra todo el país en 2011.
UNA URGENCIA CLARA
El encargado de Ambiente y Planificación Urbana del Municipio de Panamá, René Paniza, informó que el relleno sanitario de Cerro Patacón no recibirá, a partir de 2009, este tipo de desechos.
Se recibirán solamente de los hospitales aquellos que hayan sido tratados previamente, para evitar consecuencias futuras.
Por su parte, el jefe de Materiales Peligrosos de la Oficina de Seguridad de los Bomberos, Edgar Mendives, dijo que es común que las empresas almacenen productos químicos por largo tiempo.
Con el tiempo, explicó Mendives, pierden su esencia y se convierten solamente en basura, pero como han sido sometidos a un ambiente de encierro, humedad y calor, sus componentes se transforman y se hacen aún más tóxicos de lo que eran inicialmente.
Algunas de las empresas que más incurren en estas prácticas son compañías manufactureras, industriales, refinerías y plantas de tratamiento de madera, dijo el funcionario.
Mendives, quien mostró preocupación por la forma en que se están manejando los desechos tóxicos en el país, indicó que de septiembre a la fecha ha atendido cuatro casos en donde se han producido escapes de gas, incendios y derrames de materiales peligrosos, porque en el lugar se hace mal manejo de estos productos.
Alimentos suben de precio un 15% durante diciembre
Cindy Calderón
PA-DIGITAL
Actualmente la canasta básica alcanza un promedio de $262, dependiendo del lugar donde se compre.
El precio de los alimentos aumentó un 15% durante lo que va de diciembre, en comparación con meses anteriores.
Productos como jamón, cebolla y papa, entre otros, han sufrido un aumento significativo en su precio.
Por ejemplo, la libra de papa que se encontraba a un precio promedio de 70 centésimos, se ha incrementado a $1.10.
La misma suerte ha corrido la libra cebolla, que tiene un costo de $1, cuando en noviembre estaba en 70 centésimos.
Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y Usuario, señaló que es normal que durante diciembre el precio de los alimentos se dispare, debido a la fuerte demanda. Agregó que el incremento del 2008 en comparación con el 2007 "es significativo".
Por su parte, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor, Pedro Meilán, aseguró que los panameños cuentan con el poder adquisitivo para realizar la compra de los productos de la canasta básica.
Meilán dijo que los mercados no disminuirán el precio de los alimentos, porque el consumidor continúa comprando los productos.
Actualmente la canasta básica se ubica en un promedio de 262 dólares, dependiendo del lugar donde se compre. (ver cuadro).
Durante diciembre del año anterior la canasta básica se mantenía en 233 dólares con 17 centésimos, lo que refleja una diferencia con la canasta básica del año en curso de unos 30 dólares con 93 centésimos.
Salarios.
Una persona que tiene un salario mínimo de 300 dólares destina cerca del 80% para la compra de alimentos, lo que obliga a muchos consumidores a evadir o incumplir con otras necesidades económicas.
Productos como jamón, cebolla y papa, entre otros, han sufrido un aumento significativo en su precio.
Por ejemplo, la libra de papa que se encontraba a un precio promedio de 70 centésimos, se ha incrementado a $1.10.
La misma suerte ha corrido la libra cebolla, que tiene un costo de $1, cuando en noviembre estaba en 70 centésimos.
Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y Usuario, señaló que es normal que durante diciembre el precio de los alimentos se dispare, debido a la fuerte demanda. Agregó que el incremento del 2008 en comparación con el 2007 "es significativo".
Por su parte, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor, Pedro Meilán, aseguró que los panameños cuentan con el poder adquisitivo para realizar la compra de los productos de la canasta básica.
Meilán dijo que los mercados no disminuirán el precio de los alimentos, porque el consumidor continúa comprando los productos.
Actualmente la canasta básica se ubica en un promedio de 262 dólares, dependiendo del lugar donde se compre. (ver cuadro).
Durante diciembre del año anterior la canasta básica se mantenía en 233 dólares con 17 centésimos, lo que refleja una diferencia con la canasta básica del año en curso de unos 30 dólares con 93 centésimos.
Salarios.
Una persona que tiene un salario mínimo de 300 dólares destina cerca del 80% para la compra de alimentos, lo que obliga a muchos consumidores a evadir o incumplir con otras necesidades económicas.
Estafan a propietarios de derechos posesorios
Yaritza Mojica
PA-DIGITAL
Cerca de las costas, donde se desarrollan proyectos turísticos, aún sobreviven familias humildes.
¡Porque somos pobres nos engañan! Ese es el sentir de humildes isleños y lugareños que viven y trabajan en las costas del Atlántico y el Pacífico del país.
La ignorancia y la necesidad son las principales debilidades de estas personas, quienes en los últimos años han sido víctimas de la estafa.
Esta es la realidad de muchos costeños e isleños que desconocen la discusión que se lleva a cabo en primer debate en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de Ley 459 que busca reconocer el derecho posesorio y legitimizar la tierra.
Esta propuesta, que en un principio buscaba que la titulación de tierra fuera potestad de Reforma Agraria con un valor de B/ 6.00 la hectárea, ha sufrido modificaciones en las últimas semanas que no satisfacen a la mayoría de los lugareños.
Panamá América hizo una gira por ambos litorales y conoció de primera mano la historia de muchos campesinos humildes que temen perderlo todo al no poseer un título de propiedad y al enfrentarse a personas que les quieren arrebatar sus tierras.
Guadalupe Medina es una de las víctimas. Ella fue engañada por un abogado que le ofreció B/ 1,200 por las nueve hectáreas de terrenos que posee en isla Los Azules, en Antón, Coclé.
"Me prometieron dinero, pero debía firmar un documento otorgándole mi derecho posesorio para que me entregaran los primeros B/ 300.00, y por necesidad firmé", contó angustiada doña Medina.
Ha pasado un año, y ella no tiene contacto con sus compradores, quienes le deben dinero y la utilizaron para comprar una isla.
Su mayor temor es que le arrebaten sus tierras que ha tenido por 41 años.
Esto mismo le sucedió a Denia Camargo, con un terreno de 1,600 metros cuadrados, ubicado en la isla Boca Nueva, en Antón, donde con engaños y mentiras le compraron sus tierras en un centésimo de dólar el metro cuadrado.
Los argumentos que los compradores le presentaron a Camargo fue: "Eres pobre y nunca conseguirás un título de propiedad, pero yo te ayudo y te compro por B/ 300.00".
La necesidad de comer y comprar combustible la llevó a firmar un documento en blanco.
En la costas de San Carlos, Coronado, La Pacora, hasta Aguadulce, el sentir es el mismo: desean su título de propiedad para estar más seguros.
Así piensa Xenia Benthancour, de la playa La Ensenada, la cual ha vivido y trabajado por 55 años al lado de los pescadores, y ahora observa cómo pedazo a pedazo venden la costa.
"Yo tengo derechos posesorios y ahora sólo queda mi terreno donde llegan 120 pescadores a trabajar", dijo Xenia.
Francisco Urbina tiene una situación parecida. Él es un humilde pescador que toda su vida ha dependido de las playas de San Carlos.
Urbina no conoce lo que se discute en la Asamblea Nacional, sólo sabe que sus padres le dejaron como herencia un pedazo de tierra y un oficio para salir adelante.
Extranjeros tienen confusión
Los extranjeros son amantes de la naturaleza y prefieren los terrenos cerca al mar.
Determinar si un extranjero que posee terrenos por derecho posesorio puede adquirirlos a B/ 100.00 la hectárea o a B/ 30 mil es la mayor duda que no ha despejado la Dirección de Catastro de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Si la situación para los lugareños nacionales es complicada, los extranjeros residentes no saben dónde recurrir o a quién creerle.
Este es el caso de Miguel Untiedi y su hijo Enrique, quienes llevan 30 años de vivir en Panamá procedentes de las Islas Canarias.
Desde los años 70, estos extranjeros nacionalizados decidieron apostar su suerte y dinero en la compra de terrenos en el área de isla Grande, en la provincias Colón, para dedicarse a la ganadería.
Ahora con las segundas modificaciones elaboradas en el proyecto de Ley 459 por Catastro, donde determinan un precio por región, características y categoría de B/ 100.00 la hectárea para personas natural o lugareños como mínimo y B/ 30 mil hasta B/ 50 mil por hectárea para otros solicitantes, la situación se complica.
"Nosotros adquirimos las tierras a personas que tenían derecho posesorio, desde 1913... al comprarlas también adquirimos su tiempo", explicó el Untiedi.
La pregunta del ganadero es: "¿Por qué debemos pagar de nuevo por las tierras que ya son nuestras?", ¿Qué soy, lugareño, extranjero o local, según el Gobierno?
La respuesta hasta el momento la mantiene oculta la dirección de Catastro, que fue la que propuso la tabla de precios con las modificaciones.
Esta misma situación se repite en las costas del Pacífico, específicamente en el Puerto de Coquira, donde un yugoslavo, quien trabajó en la construcción de la represa del río Bayano ocupó unas tierras a orillas de la costa y se ha dedicado por 40 años a la ganadería.
Para los extranjeros, la situación es difícil más cuando en Internet venden la imagen de un país abierto al turismo con oportunidades para invertir, pero con poca seguridad jurídica.
Así lo siente Thomas Danson, canadiense que al jubilarse decidió vivir en Panamá, pero tiene la idea que es complicado adquirir tierras.
Discusiones.
Hoy se retoman las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la propuesta de titular las tierras, en el salón Azul, donde la sociedad civil iniciará con un llamado a los medios de comunicación.
Se espera la participación activa de los lugareños de Colón, Panamá Oeste y Este, Pese, además de miembros de la empresa privada y la definitiva participación de la Dirección de Catastro.
Con esta reunión esperan que se logre concretar la decisión final de quién debe titular las áreas costeras e insulares y los potestad de los 200 metros después que sube la marea.
Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.
Más del 70% de las tierras que están en áreas insulares y costeras del país están registradas bajo la figura de derecho posesorio, lo que las mantiene en un limbo jurídico.
Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.
Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.
Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.
"Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación", destacó.
El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.
La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.
La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.
Proyecto.
Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.
Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.
Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, "de allí la agilidad de los trámites", sostuvo.
Eficiencia.
En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.
Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.
A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.
Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.
Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.
El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.
Yaritza Mojica
PA-DIGITAL
Los extranjeros son amantes de la naturaleza y prefieren los terrenos cerca al mar.
Si la situación para los lugareños nacionales es complicada, los extranjeros residentes no saben dónde recurrir o a quién creerle.
Este es el caso de Miguel Untiedi y su hijo Enrique, quienes llevan 30 años de vivir en Panamá procedentes de las Islas Canarias.
Desde los años 70, estos extranjeros nacionalizados decidieron apostar su suerte y dinero en la compra de terrenos en el área de isla Grande, en la provincias Colón, para dedicarse a la ganadería.
Ahora con las segundas modificaciones elaboradas en el proyecto de Ley 459 por Catastro, donde determinan un precio por región, características y categoría de B/ 100.00 la hectárea para personas natural o lugareños como mínimo y B/ 30 mil hasta B/ 50 mil por hectárea para otros solicitantes, la situación se complica.
"Nosotros adquirimos las tierras a personas que tenían derecho posesorio, desde 1913... al comprarlas también adquirimos su tiempo", explicó el Untiedi.
La pregunta del ganadero es: "¿Por qué debemos pagar de nuevo por las tierras que ya son nuestras?", ¿Qué soy, lugareño, extranjero o local, según el Gobierno?
La respuesta hasta el momento la mantiene oculta la dirección de Catastro, que fue la que propuso la tabla de precios con las modificaciones.
Esta misma situación se repite en las costas del Pacífico, específicamente en el Puerto de Coquira, donde un yugoslavo, quien trabajó en la construcción de la represa del río Bayano ocupó unas tierras a orillas de la costa y se ha dedicado por 40 años a la ganadería.
Para los extranjeros, la situación es difícil más cuando en Internet venden la imagen de un país abierto al turismo con oportunidades para invertir, pero con poca seguridad jurídica.
Así lo siente Thomas Danson, canadiense que al jubilarse decidió vivir en Panamá, pero tiene la idea que es complicado adquirir tierras.
Discusiones.
Hoy se retoman las discusiones en la Asamblea Nacional sobre la propuesta de titular las tierras, en el salón Azul, donde la sociedad civil iniciará con un llamado a los medios de comunicación.
Se espera la participación activa de los lugareños de Colón, Panamá Oeste y Este, Pese, además de miembros de la empresa privada y la definitiva participación de la Dirección de Catastro.
Con esta reunión esperan que se logre concretar la decisión final de quién debe titular las áreas costeras e insulares y los potestad de los 200 metros después que sube la marea.
70% de islas y área costera tienen derecho posesorio
Yaritza Mojica
PA-DIGITAL
Por generaciones, los lugares han ocupado la tierra con derechos posesorios.
Actualmente, el temor de los más de mil lugareños e isleños que tienen su propiedad con derecho posesorio, es que sus tierras sean vendidas a grandes inversionistas.
Según el director del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), Rolando Armuelles, el 30% de los terrenos insulares y costeros posee título de propiedad y el resto del territorio pertenece al Estado.
Armuelles recomienda a los lugareños que tienen terrenos por posesión que no los vendan.
"Existe un sector con mucha influencia que ve peligroso el que exista un mercado de tierras con titulación", destacó.
El 55% de los terrenos a nivel nacional en áreas urbanas, rurales y playas también presenta el mismo problema; solo tienen sus derechos posesorios.
La mayoría de los dueños de estas islas y costas solo puede luchar por sus tierras amparándose en un derecho posesorio, que actualmente la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no reconoce.
La Ley 63 del 31 de julio de 1973 establece que Catastro sólo reconocerá como dueños a aquellas personas que tienen sus terrenos y fincas inscritas en el Registro Público.
Proyecto.
Con el anteproyecto de Ley 459, que modifica el Código Agrario, y que presentó el diputado Freidi Torres, se busca que Catastro pueda reconocer el derecho posesorio.
Esta figura tiene diferentes expresiones y formas de reconocerse si están en manos de los municipios, el Banco Hipotecario, la Reforma Agraria o Catastro.
Una fuente oficial del MEF aseguró que Reforma Agraria otorga los títulos de tierra de manera discrecional, "de allí la agilidad de los trámites", sostuvo.
Eficiencia.
En los últimos dos años, Catastro sólo ha otorgado 12 títulos de propiedad; 6 en costa arriba de Colón; 2 en Los Santos y 4 en Farallón.
Mientras que PRONAT ha gestionado más de 60 mil títulos de propiedad a nivel nacional, principalmente, en Veraguas, Herrera, Los Santos y el oriente de Chiriquí.
A partir del 13 de noviembre pasado, una modificación al Código Agrario permite que PRONAT a través de Reforma Agraria otorgue títulos en islas y playas.
Antes, esta potestad era solo de Catastro que con la Ley 42 del 2 de mayo de 1974 era el único que concedía títulos para islas y costas.
Las discusiones en la Comisión de Hacienda sobre la Ley 459, el jueves pasado dejó claro que los lugareños e isleños no quieren que Catastro maneje los títulos.
El temor de ellos es que Catastro les venda sus propiedades a otros mejores postores, además aseguran que la demora puede ser de varios años.
Negligencia costará $30 millones al año
Rafael E. Berrocal R.
Kemy loo pinzón
panorama@prensa.com
Kemy loo pinzón
panorama@prensa.com
El Ejecutivo afinaba anoche el borrador del anteproyecto de ley que creará un paquete de ayudas económicas, fiscales y financieras que buscan compensar la pérdida de las preferencias arancelarias con la Unión Europea (UE) tras un descuido de las autoridades locales.
El error comercial le costará al país, al menos, $30 millones al año que saldrán de las arcas del Estado.
El viceministro de Comercio Exterior, Severo Sousa, dijo que el llamado euro bono representará entre $6 y $7 millones por año, que cubrirán los aranceles que entran en vigencia el 1 de enero próximo. Mientras que la extensión del certificado de abono tributario (CAT) representará $22 millones en exoneración de impuestos.
Carlos González Ramírez, ex embajador ante la Comunidad Europea, advirtió de que cualquier subsidio directo a la exportación es una práctica ilegal en la OMC.
La Asamblea citó ayer al canciller, Samuel Lewis Navarro, y a la ministra de Comercio, Gisela Porras, para que “expliquen el error”.
En tanto, la Cancillería anunció que en conjunto con el Ministerio de Comercio empezará una investigación para deslindar responsabilidades, y que el Gobierno espera una reunión con el presidente de la UE.
Se deteriora relación comercial con Europa
Luego que el Gobierno panameño tratara de culpar a la Unión Europea (UE) de quitarle de manera “unilateral” las preferencias arancelarias, sin reconocer que olvidó realizar el trámite correspondiente, la Comisión Europea indicó ayer que no hay marcha atrás en la decisión.Simplemente Panamá no presentó su documentación en el tiempo estipulado y ahora tiene que esperar hasta mediados de 2010, reiteraron las autoridades europeas.
El viceministro de Comercio Exterior, Severo Sousa, dijo que las acciones diplomáticas se mantienen, pero también señaló que no se descarta presentar una demanda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) por discriminación.
Para los gremios empresariales del país, la contestación del Gobierno panameño en contra de la UE es equivocada y advierten que podría traer otras repercusiones económicas para el país.
Esto tomando en cuenta que aún está pendiente la participación de Panamá en un acuerdo de asociación, así como el nuevo programa de cooperación europea 2009-2012.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura calificó ayer de preocupante que el Gobierno ahora quiera limpiar su negligencia culpando a la UE.
“Esto está fuera de lugar, y además podría ocasionarnos otros problemas en las relaciones comerciales con nuestro segundo socio más importante”, dijo José Ramón Varela, presidente del gremio.
El gremio señala que la postura de las autoridades panameñas debe ser otra: sumarse a la Comisión Europea para tratar de buscar una salida al problema.
Las repercusiones son grandes, “por eso todavía estamos esperando una aclaración por parte del Gobierno. Exigimos que se tomen medidas contra los responsables, porque este error no tiene nombre”, dijo Varela recordando que el responsable de toda actuación en el Gobierno es el presidente Martín Torrijos.
El ex embajador ante la Comunidad Europea, Carlos Ernesto González, recomendó lanzar una ofensiva diplomática “al más alto nivel” antes de fin de año para revertir la exclusión de Panamá del SGP.
Con información de Kemy Loo Pinzón.
UE es exigente
Para el EuroCentro, una oficina que promueve las exportaciones panameñas hacia Europa, la exclusión de la lista de países con SGP no tiene ninguna vinculación política ni constituye un acto de mala fe.
La institución también afirma que es peligroso que se aumente el tono de la controversia entre ambas partes.
“No se puede culpar a la Unión Europea (UE) por esto, hay que entender que ellos son muy rigurosos con las condiciones y plazos que establecen”, destacó Rubén Darío Carles, directivo de Euro Centro.
Polémica por año escolar 2009
Shelmar Vásquez Sween
svasquez@prensa.com
La noticia de que el calendario escolar 2009 se desarrollará en trimestres ha creado polémica entre dirigentes magisteriales, docentes y directores de escuelas públicas y privadas.
Según Andrés Rodríguez, de la Asociación de Profesores de Panamá, se va a crear un caos en la programación curricular del docente, que terminará por afectar el desarrollo académico de los estudiantes. “Esta idea debió pasar por un plan piloto antes de hacerla masiva y, si lo que se quería era aumentar las horas de clases, la mejor opción sería introducir el doble turno”, enfatizó.
En tanto, el director del colegio La Salle, Juan Canales, opinó que someter a los estudiantes a exámenes trimestrales con una acumulación masiva de material puede afectar la óptima absorción de conocimientos.
Mientras, la directora de la Academia Interamericana de Panamá, Manuelita Vallarino de Saint Malo, dijo que no está en contra del trimestre, pero que se deben ajustar “detalles”.
Dijo que es inadmisible que los estudiantes entren a un sistema que les causará estrés y tengan que esperar hasta septiembre para tener vacaciones.
El ministro de Educación, Salvador Rodríguez, sostuvo que los cambios realizados al calendario escolar pretenden mejorar la calidad académica, sin aumentar los días de clases.
Año escolar 2009 peligra: docentes
Si el calendario escolar 2009 se desarrolla trimestralmente como el Ministerio de Educación (Meduca) ha impuesto, los educadores no irán a las aulas el próximo año lectivo.Así lo expresó el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Andrés Rodríguez, quien informó que el ministro de Educación, Salvador Rodríguez, extrajo la idea de una propuesta que el gremio sometió a evaluación del ministerio en 2005.
“El ministro se encontró con este documento y extrajo la idea, pero no la forma en que lo planteamos”, dijo Rodríguez. Añadió que la idea era ejecutar un plan piloto en cinco escuelas y evaluarlo.
Por otra parte, agregó, ignoraron otros puntos de la propuesta que eran la base para un año escolar trimestral. Por ejemplo, incluir una semana de descanso para los alumnos entre trimestres.
Según Rodríguez, la propuesta incluía analizar con los educadores el ajuste del programa académico al nuevo sistema.
“El programa quedará afectado por la forma inconsulta en que se estableció el calendario, y los alumnos serán los más perjudicados”, dijo.
El dirigente no cree que la calidad educativa mejorará si los estudiantes están más tiempo en el aula. Sin embargo, opinó que de ser necesario aumentar el tiempo de clases, el gremio apoyará la ejecución de un doble turno, de 7:00 a.m. a 12:00 de mediodía y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Para ello, agregó, el Meduca tendría que construir más escuelas, porque actualmente hay grupos que comparten un mismo plantel, distribuyéndose en turnos en la mañana y en la tarde. También tendría que evaluarse el aumento salarial de los profesores, dijo.
“El 29 de diciembre tendremos una reunión con el ministro y allí se definirá el futuro escolar de 2009”.
Según Rodríguez, la decisión del ministro de Educación está afectando la campaña política de Balbina Herrera, al crear un conflicto en el ámbito educativo.
Por su parte, el ministro Rodríguez sustentó que el sistema trimestral se estableció para mejorar la calidad académica sin aumentar los días de clases, ya que eso hubiera causado conflicto entre los educadores, por la alteración de los días de vacaciones.
PARTICULARES, MOLESTAS
El director del colegio La Salle, Juan Carlos Canales, apuntó que lo más preocupante es que se someterá a los estudiantes a exámenes trimestrales con una acumulación masiva de material, lo que puede terminar por afectar la absorción de conocimientos. “Si ellos van a asumir tanto material, el Meduca debe evaluar un cambio en el sistema de evaluación y ponderación que se aplica”, dijo Canales.
Por su parte, la directora de la Academia Interamericana de Panamá, Manuelita Vallarino de Saint Malo, dijo que es una locura hacer que el estudiante cubra 78% del calendario antes de tener vacaciones.
“Entrarán a un sistema de cambio que les causará estrés y tendrán que esperar hasta septiembre para tener vacaciones, es inadmisible. No estoy en contra del trimestre, pero hay que ajustar detalles”, apuntó.
‘Clientelismo político en la carrera administrativa’
josé gonzález pinilla
jagonzalez@prensa.com
jagonzalez@prensa.com
Dirigentes de los partidos Cambio Democrático y Panameñista cuestionan el “apuro” con que el Gobierno incluye a los funcionarios en la Carrera Administrativa, calificándolo como “clientelismo político”.
El presidente, Martín Torrijos, prevé dar estabilidad a 35 mil funcionarios antes de finalizar su gestión.
Más servidores, en carrera
Durante los últimos cuatro años, el gobierno de Martín Torrijos ha ingresado en la Carrera Administrativa a 27 mil funcionarios que laboran en 46 entidades públicas.
Todos han entrado sin realizar concurso. El único requisito que se le solicita al funcionario para entrar a la carrera –un sistema de méritos que otorga la estabilidad laboral, entre otros beneficios– es haber sido nombrado antes del 30 de abril pasado y ser permanente, explicó Arnulfo de León, director general de Carrera Administrativa.
Dijo que quienes cumplen con esos requisitos son evaluados para conocer si tienen los años de escolaridad y el tiempo de experiencia.
Los 27 mil funcionarios se suman a los 7 mil 500 que ya habían obtenido su estabilidad laboral durante la administración de Ernesto Pérez Balladares. En total han ingresado 34 mil 500 funcionarios, dijo de León.
Pero Torrijos espera ingresar a 7 mil 875 funcionarios antes de concluir su gestión. De concretarse la aspiración, serían 42 mil 375 servidores públicos los que estarían dentro de la carrera.
Sin embargo, sectores de la oposición sostienen que el otorgamiento de estabilidad a funcionarios no es más que una jugada política del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Alcibiades Vásquez, vicepresidente del Partido Panameñista, dijo que Torrijos ha incluido a funcionarios que no tienen mérito para entrar a la carrera. “Están apurados en nombrar a su gente, porque saben que perderán en las elecciones”, agregó.
Roberto Henríquez, de la comisión política de Cambio Democrático, dijo que se debe hacer una investigación para conocer si efectivamente el gobierno hace este reconocimiento por méritos.
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