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Tuesday, October 23, 2012

¿Se pueden o no vender las tierras de la Zona Libre de Colón?

Telemetro





Entre los argumentos que han surgido en contra de la Ley 72 de octubre de 2012, que permite la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón, está que estas parcelas al ser rellenos no pueden ser vendidos. 

Sobre este tema, la abogada Zulay Rodríguez explicó que existe el artículo 258 de la Constitución que establece cuáles son las tierras inadjudicables, entre ellas se menciona el mar territorial, el espacio aéreo, las tierras o aguas destinadas o que el Estado destine a servicio público y los demás bienes que la ley defina. 

Adicionalmente, existe jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso de la empresa ICA, que establece que terrenos que han sido rellenados son de dominio público y no se pueden vender.

Tuesday, February 14, 2012

Diputado Marcos González habla sobre "pinchazos"

Telemetro

http://video.telemetro.com/video/Diputado-Marcos-Gonz%25C3%25A1lez-habla-sobre-%2526quot%253Bpinchazos%2526quot%253B/285e99b0e833b47caca14fae4afde9d9


Aparentemente, grabaciones telefónicas fueron las pruebas de que se estaba organizando un golpe de Estado contra el presidente Ricardo Martinelli, según manifestó el diputado oficialista Marcos González.

El diputado González manifestó que los estamentos de seguridad tienen pruebas de la participación de mucha gente que ha estado detrás asesoramientos tratando de inmiscuirse en el tema de los indígenas, como grabaciones.

González dejó entrever que estas grabaciones la está realizando la seguridad del Estado.


Declaración de diputado González es una prueba sumarial, Gómez
http://video.telemetro.com/video/Declaraci%25C3%25B3n-de-diputado-Gonz%25C3%25A1lez-es-una-prueba-sumarial%252C-Exprocuradora/7cb42f13b16931048c0bc48595b8d60e


Las intervenciones telefónicas es una flagrante violación a la Constitución, recalcó Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación, quien además dijo que es decisión de una autoridad competente ordenar que una comunicación sea interceptada.

Gómez se refirió a las declaraciones del diputado Marcos González en la edición matutina de Telemetro Reporta, quien se refirió a la grabación de conversaciones y confirmó que el Consejo de Seguridad está realizando esta tarea, y dijo que fue un reconocimiento que puede ser utilizado como una prueba sumarial.

La Exprocuradora aseguró que González regaló una tremenda prueba para aquellas personas que han sido víctimas de esta violación y decidan iniciar un proceso judicial.


González denuncia golpe de Estado en contra de Martinelli
 
 
 
El vicepresidente de la Asamblea de Diputados, Marcos González, manifestó que cuentan con grabaciones telefónicas que supuestamente reflejan que movimientos dirigidos por gurpos de izquierda, derecha y partidos políticos opositores, pretendían dar un golpe de Estado al Gobierno de Ricardo Martinelli.

Manifestó que estos grupos fueron los que supuestamente estaban detrás de todo lo sucedido durante las protestas en la Vía Interamericana que provocaron los enfrentamientos entre indígenas Ngabe Buglé y la Policía Nacional.

Durante la conferencia de prensa señaló a miembros del Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
 
Llamada de Mitchell Doens con Indigenas.
 
 

´Vamos camino a un posible fraude´

De acuerdo con el magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís, la Corte Suprema de Justicia se inmiscuye en asuntos electorales.

Irene Hernández g.



El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, advirtió de la posibilidad de fraude electoral en los comicios de 2014.
En una entrevista con este diario, el magistrado explicó que ese temor que siente la sociedad se sustenta en los alcances retroactivos que le está dando la Corte Suprema de Justicia a los fallos de inconstitucionalidad.
“Esas interpretaciones retroactivas pueden variar las que dio el Tribunal. Y pareciera que estamos caminando hacia una Corte que va a meterse en asuntos electorales”, declaró.
Aseguró que la Corte ya lo ha hecho en el caso del Parlacen, obligando al Tribunal a darles credenciales a siete diputados del oficialista Cambio Democrático.
Solís no descartó que en Panamá ocurra lo sucedido en Nicaragua, donde el Tribunal Supremo (con jueces afines a Daniel Ortega) le permitió correr como candidato presidencial en 2011, pese a que la Constitución prohíbe la reelección consecutiva. “Me inclino a pensar que fueran tan atrevidos u osaran atreverse [los magistrados] a presentar un amparo que proteja a [Ricardo] Martinelli para que pueda reelegirse”, dijo.

´Hay intromisión de la Corte´: Solís

En medio de la incertidumbre por el retraso del debate de las reformas electorales, el presidente del Tribunal Electoral (TE), Gerardo Solís, habló sin rodeos con este diario.

Advirtió no solo de la crisis que agobia al sistema democrático panameño, sino del peligro de estar en camino hacia un posible fraude electoral en las próximas elecciones.

Dijo sentirse frustrado por el papel de la Asamblea Nacional en el manejo de la discusión de las reformas electorales; denunció una excesiva concentración y abuso de poder por parte del Ejecutivo y la intromisión de la Corte Suprema de Justicia en materia electoral. Además explicó lo que podría ser el panorama político en la contienda electoral de 2014.

Desde su perspectiva, ¿cómo ve usted la democracia panameña de cara a los comicios de 2014?
Está en crisis, pero como dicen los orientales, las crisis son oportunidades positivas.
Hay varios sectores de la sociedad panameña que ven la democracia panameña en un franco peligro, aunque rige un sistema democrático. ¿Qué piensa usted?
El peligro de abuso excesivo de poder es connatural de la especie humana: que quien tiene poder lo use y lo abuse. Se requiere de un freno y de un contrapeso, que normalmente lo deben ejercer los órganos del Estado entre sí. Pero hoy día pareciera no ocurrir eso en Panamá, por lo que el freno y contrapeso deben estar en manos de la sociedad.
¿Cuán difícil es para usted ejercer el cargo de presidente del TE, ante las exigencias del presidente, Ricardo Martinelli?
En toda mi carrera pública, este ha sido el más desafiante de mis desempeños, el que más ha demandado rebuscar lo mejor en lo más profundo.
¿Las diferencias que usted mantiene con el presidente Martinelli son por asuntos electorales o por caprichos del Ejecutivo?
Las diferencias que podamos haber tenido o que podamos tener son por razones de criterio; de conceptualiciones distintas sobre la democracia.
¿Usted ha recibido alguna presión de parte del mandatario sobre determinado caso?
A mí, en verdad, las presiones me resbalan.
La sociedad civil y los partidos políticos de oposición vienen denunciando una excesiva concentración de poder en Ricardo Martinelli. ¿siente usted que el TE es su próximo objetivo?
No sería de extrañar que lo fuera.
¿Eso significa que tanto usted como el magistrado Eduardo Valdés Escoffery podrían ser objeto de presiones por parte del Ejecutivo para que renuncien al cargo antes de cumplir sus períodos?
No creo, pero hay que ponerle ojo al relicario.
¿Siente usted como magistrado algún grado de frustración por el papel que hasta ahora ha desarrollado la Asamblea Nacional con respecto a las reformas electorales?
Frustración es un detalle, y este es el sentir de la institución. Las reformas ya debieron haber sido aprobadas, y existe la tentación de legislar por conveniencia política, más que por equidad electoral.
¿Si usted dice que las reformas ya debieron estar aprobadas, eso significa que hay problemas con poner en marcha el Plan General de Elecciones?
Si hay compromiso y vocación de respetar lo acordado, pienso que aún hay tiempo de ponerlo en marcha en mayo, sin problemas.
¿Qué va a pasar con el caso de Bosco Ricardo Vallarino, exalcalde, luego del fallo de la Corte Suprema?
Habrá que esperar que la decisión esté en blanco y negro para estudiar el razonamiento de la Corte.
A su juicio, ¿los magistrados de la Corte interpretarían correctamente los derechos humanos del exalcalde Vallarino antes de emitir el fallo?
[Ríe]. Eso es lo que tenemos que estudiar. En Panamá hace falta una cultura de respeto a los derechos humanos, y a los derechos políticos.
¿Se les entregarán las credenciales a los diputados de Cambio Democrático al Parlacen, luego de que la Corte dijera que fue ilegal la salida de Panamá de ese foro ?
Sí, porque el TE entregó credenciales a 20 diputados en 2009 y posteriormente, por una instrucción de la Corte, entregó a algunos diputados de CD que no fueron postulados, que no corrieron; pero se les dieron las credenciales por instrucciones de la Corte.
¿Cómo ve usted estas diferencias de criterios entre los fallos del TE y la Corte Suprema de Justicia?
Creo que hay diferencias de criterio fundamentales en cuanto a la concepción de la materia electoral por parte de la Corte Suprema actual y el Tribunal Electoral. Habíamos tenido una tradición de cultura judicial respetuosa de las decisiones del TE en materia electoral.

Pareciera que vamos evolucionando a una intromisión judicial del pleno de la Corte en materia electoral, lo que podría debilitar la tradición de seguridad y certeza jurídica y electoral que tuvimos hasta ahora

A buen entendedor pocas palabras. ¿Eso significa que podríamos estar frente a un fraude electoral en las próximas elecciones?
Pudiera haber una situación en la cual la Corte Suprema de Justicia, interpretando la Constitución, cambie decisiones electorales; sí, sí pudiera ocurrir, y pareciera que estamos caminando en esa dirección.
Luego de su salida del TE , en noviembre próximo, ¿a que se dedicará?
A fortalecer la democracia desde el activismo ciudadano.
¿Ha pensado usted volver al ejercicio de la política?
No creo, pero es posible.
¿Cuántos amigos le ha significado este puesto?
Viendo en retrospectiva, aquí se hacen falsos amigos y verdaderos enemigos.

Perfil del magistrado
trayectoria.
Abogado, de la firma Solís, Endara, Delgado & Guevara. Estudió en la Universidad Santa María la Antigua (USMA) 1980-1984. Estudios postuniversitarios en Southern Methodist University, Texas. Trabajó como asesor de la Presidencia de la República (1994-1996). Luego fue designado director del Fondo de Emergencia Social (1996-1998). Ministro de Vivienda en 1998. En ese mismo año trabajó en el Ministerio de Educación. En 1999 fue designado fiscal general electoral, hasta 2006.

Wednesday, February 8, 2012

El alarmante autoritarismo de Ricardo Martinelli

JUAN CARLOS HIDALGO 12:00 A.M. 08/02/2012
Panamá vive una de sus mayores crisis políticas desde el regreso a la democracia en 1989. Los fuertes enfrentamientos de los últimos días de la Policía con los indígenas ngäbe en la región occidental del país –que ya han dejado al menos dos muertos– son parte de un mayor clima de crispación política que tiene su origen en el creciente actuar autoritario del presidente Ricardo Martinelli.
Desde que llegó al poder en julio del 2009, Martinelli ha dado señales preocupantes de querer socavar las instituciones democráticas panameñas. No más empezando su mandato, Martinelli aprovechó la apertura de dos vacantes en la Corte Suprema para nombrar allegados suyos como magistrados, uno de los cuales es el actual presidente de la Corte. También ha puesto a exsubordinados o gente cercana al mando de instituciones claves como la Contraloría de la República y la Fiscalía General. Si bien Martinelli no violó la ley al realizar o promover los nombramientos, estos ciertamente atentan contra la independencia de dichas instituciones. Peor aún, a través del uso discrecional de partidas específicas, Martinelli ha logrado aumentar su bancada en la Asamblea Nacional de 13 a 36 diputados.
A esto se suman múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos. Los procesos de licitaciones públicas son comúnmente ignorados, y los contratos estatales son asignados a parientes y socios políticos.
Amenazas a la prensa. Martinelli también la ha emprendido contra los medios de comunicación, la sociedad civil y los empresarios. En los dos últimos años, Panamá ha caído 58 puestos en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido de las amenazas que reciben los medios de comunicación por parte no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial y la Fiscalía. Periodistas extranjeros han sido expulsados o se les ha negado la entrada al país.
Un cable de agosto del 2009 de la entonces embajadora estadounidense en Panamá, Barbara Stephenson, revelado por Wikileaks, advirtió de las “tendencias autocráticas” de Martinelli. La diplomática comentó una cita que tuvo con el mandatario panameño donde este le pidió ayuda a la Embajada de EE. UU. para intervenir las llamadas telefónicas de figuras de la oposición –petición que fue debidamente rechazada–. Stephenson añadió que Martinelli ha recurrido al “acoso y chantaje” de empresarios. De hecho, el Gobierno ha utilizado auditorías tributarias para intimidar a personas del sector privado que han ventilado su oposición a las acciones de Martinelli.
El ambiente político panameño se empezó a caldear hace unas semanas debido a los esfuerzos de Martinelli por resucitar un desaparecido tribunal constitucional dentro de la Corte Suprema que podría pavimentarle su camino a la reelección. Este tribunal, conocido como la Sala Quinta, existió durante un breve lapso en 1999 pero rápidamente fue derogado por el Congreso. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó el año pasado que la ley que lo abolió es ilegal.
Martinelli aprovechó el controversial fallo de la Corte Suprema para impulsar un proyecto de ley que rehabilitaría de nuevo a la Sala Quinta. De aprobarse, Martinelli tendría la facultad de nombrar a los tres magistrados del nuevo tribunal, el cual conocería temas constitucionales, siendo uno de ellos la constitucionalidad de los límites a la reelección presidencial. La Constitución panameña actualmente impide la reelección consecutiva del presidente. El mandatario de turno debe dejar pasar dos períodos para poder aspirar nuevamente al cargo. Muchos panameños temen que el objetivo de Martinelli con la Sala Quinta sea eliminar dicha restricción.
A pesar de que Martinelli cuenta con una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, la oposición fue capaz de detener la creación de la Sala Quinta. Sin embargo, gracias al fallo de la Corte Suprema, e instigado por el presidente de dicho órgano, Martinelli ahora amenaza con nombrar a los tres magistrados e instalar unilateralmente a la Sala Quinta, aun cuando no haya una ley aprobaba por la Asamblea Nacional. Todo esto amenaza con desatar una seria crisis institucional en Panamá.
Oposición ciudadana. La población está empezando a reaccionar ante estos exabruptos y arremetidas contra la institucionalidad democrática. Un sondeo reciente publicado por La Prensa reveló que el 70% de los panameños considera a Martinelli como “autoritario” y el 73% se mostró preocupado por el futuro de la democracia en su país. El manejo represivo del Gobierno de las protestas de los indígenas ngäbe –quienes se oponen a la minería en sus comarcas– confirma estos temores. Prueba de ello fue la admisión por parte del ministro de Seguridad de que el Gobierno bloqueó este fin de semanas las telecomunicaciones en la zona del conflicto, una medida que atenta contra las garantías constitucionales y se asemeja al actuar de otros Gobiernos autoritarios como el de Egipto y Siria. La prensa también ha documentado el uso de armas de fuego contra los manifestantes. Dado el pasado reciente de Panamá, el carácter represivo con el que el Gobierno ha respondido a las protestas ha generado indignación en la mayoría de la población.
Los acontecimientos de los últimos días se suman a una larga secuencia de eventos que parecen confirmar los temores de los panameños por el futuro de su país. Sin duda, no resulta exagerado decir que Ricardo Martinelli es el hombre más peligroso para la democracia y el Estado de derecho en Centroamérica, luego de Daniel Ortega.
Juan Carlos Hidalgo es analista de políticas públicas para América Latina en el Cato Institute (www.elcato.org).

Wednesday, January 25, 2012

De vuelta al Parlacen; Martinelli, inmune

RUBÉN POLANCORAFAEL LUNA NOGUERA
Con un fallo unánime, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009, con la que se selló la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen), foro en el que el presidente, Ricardo Martinelli, quien impulsó dicha norma, tendrá ahora una curul a partir de 2014.
El presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, dio la información ayer pasada la 1:00 p.m., unas tres horas después de que se diera inicio a una sesión extraordinaria del pleno.
El fallo tuvo como ponente al magistrado Harry Díaz -presidente de la Sala Penal-, designado por Martinelli en 2011 en reemplazo del magistrado José Abel Almengor, quien renunció.
El vocero del Ejecutivo, Luis Eduardo Camacho, reconoció ayer que al Gobierno no le queda otra opción que acatar la sentencia. El Presidente, quien llegó a calificar al Parlacen como una “cueva de impunidades”, no se pronunció sobre el tema pues está de viaje en Suiza.
Por su parte, el abogado Julio Berrío, propulsor de las tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 78, dijo que el fallo fue en estricto derecho y corrigió una clara violación a la Constitución y a la Convención de Viena de 1969, de la cual Panamá es signataria.

Inconstitucional acto que habilitó a Bosco Vallarino

En la misma sesión de ayer, el pleno de la Corte Suprema declaró inconstitucional el efecto retroactivo de la Resolución número 2 de la Asamblea Nacional, del 3 de julio de 2009, que le devolvió la ciudadanía a Bosco Ricardo Vallarino.
El fallo, con ponencia del magistrado Hernán De León, declaró inconstitucional la frase “a partir del 2000”, contenida en la resolución, porque violaba el artículo 46 de la Constitución. No se dieron más detalles de la unánime decisión.

´Fallo manipula la justicia´

Diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) al Parlacen reclamarán reparación económica al Estado, que adeuda al organismo unos $2 millones.
REDACCIÓN DE LA PRENSA

ANUNCIO. El presidente de la Corte, Alejandro Moncada Luna, confirmó la decisión del pleno. LA PRENSA/Joniel Omaña
A juicio del vicepresidente, Juan Carlos Varela, la decisión unánime del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ayer declaró inconstitucional la ley que sacó a Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) es reflejo claro de la “manipulación de la justicia” por parte del Órgano Ejecutivo, con miras a “garantizar la inmunidad del Presidente saliente en el 2014”.
Varela, quien como canciller impulsó la aprobación de la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009 -que sacó a Panamá del Parlacen-, se pronunció ayer a través de un comunicado del Partido Panameñista, suscrito por él como presidente del colectivo.
“Todas estas medidas tienen como finalidad la protección e impunidad ante los escándalos de corrupción del actual régimen y la persecución de sus adversarios”, advirtió en la nota.
Esta misma posición fue planteada anoche en el pleno legislativo por los diputados panameñistas José Blandón y Adolfo Valderrama, quienes advirtieron injerencia del Ejecutivo en la Corte para lograr inmunidad para Martinelli.
Pero el vocero del Ejecutivo, Luis Eduardo Camacho, negó dicha versión con el argumento de que hoy en día ni los diputados de la Asamblea ni los del Parlacen tienen inmunidad, ya que es la CSJ la entidad competente para autorizar o no investigaciones contra esos funcionarios. Esta facultad está contenida en el ordinal 3 del artículo 206 de la Constitución.
De cualquier forma, Camacho reconoció no poder responder si al término de su mandato el presidente, Ricardo Martinelli, ocupará o no la curul que le corresponde en el Parlacen.
Según el vocero, aunque como miembros del gobierno en su momento consideraban que Panamá no estaba obligado a permanecer en el Parlacen, ahora no tienen otra opción que acatar el fallo de la Corte.
Camacho resultó elegido en 2009 como diputado del Parlacen, pero la CSJ lo despojó de la curul en un fallo fechado el 16 de noviembre de 2009, decisión que, según su opinión personal, “trascendió más allá de sus facultades”.
Se pidió una reacción del Presidente, pero se informó que estaba de viaje en Davos, Suiza. Martinelli, al anunciar la voluntad del Gobierno de sacar a Panamá del Parlacen, entre 2009 y 2010, calificó a ese organismo como inoperante, oneroso, “una cueva de impunidades...”.
Además, dijo que ahí van “perdedores” a “parrandear” y “chupar con inmunidad”.
Por su parte, Francisco Pancho Alemán, diputado del Partido Panameñista, quien como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea sustentó y defendió la Ley 78, dijo que impulsó la exclusión del organismo en vista de que había pronunciamientos de incomodidad en su seno.
Alemán advirtió que las decisiones del Parlacen no tenían impacto directo en la comunidad nacional y por eso apoyó la salida de Panamá del organismo.
“Es la decisión de la Corte y tiene la última palabra. Somos respetuosos de ella y tenemos que tomarla como la decisión suprema con respecto a esto”, expresó.
En tanto, la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, quien encabezó la listas del partido oficialista Cambio Democrático (CD) de diputados al Parlacen, agregó que, tras consultar con sus abogados ayer, decidió esperar a tener y revisar minuciosamente el fallo de la Corte, para luego pronunciarse.
En el momento de la controversia por la salida de Panamá del Parlacen, Correa advirtió que “el tratado constitutivo del organismo establece que todos los partidos de los países miembros deben estar representados; por tanto, la exclusión de los representantes de CD viola ese tratado”.
En cambio, la presidenta de Transparencia Internacional capítulo panameño, Angélica Maytín, reiteró ayer la posición de esa entidad, según la cual “los costos-beneficios de formar parte del Parlacen son muy altos. Allí no se toman decisiones que beneficien al país, se emiten resoluciones que no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, hay que pagarle a los diputados, la cuota por país, los viáticos, y no hay ningún beneficio”.
OTRAS REACCIONES
Para Julio Berríos, propulsor de las tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 78, la decisión de la Corte fue correcta, de estricto derecho.
Explicó que de acuerdo con los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena -suscrita el 23 de mayo de 1969 y de la que Panamá es signataria-, ningún Estado puede recurrir a su ordenamiento jurídico interno para deshacerse de sus obligaciones internacionales.
“La Ley 78 no solo violaba la Constitución, sino un tratado-ley internacional. En este caso, nosotros peleamos por un principio, que era defender el orden jurídico internacional. Con este tipo de decisiones, Panamá estaba creando un problema”, dijo.
En tanto, el diputado al Parlacen por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) Dorindo Cortez dijo que el fallo del pleno “frenó un intento del Gobierno de violar un tratado integracionista”.
“Tenemos sentimientos encontrados, porque finalmente ha sido una lucha, no solamente en el campo legal, ha sido una lucha que hemos llevado adelante los sectores que estábamos convencidos de que había una violación de la ley panameña al pretender violentar un tratado integracionista de los países centroamericanos”, destacó.
Añadió que lo que la Corte hizo fue “sencillamente reconocer la ilegalidad” de lo actuado en la Asamblea.
Cortez, quien fue presidente del Parlacen entre 2010 y 2011, aseguró que tanto él como el resto de los diputados restablecerán la participación de Panamá en el organismo, al que nunca dejaron de asistir, ahora nuevamente con Panamá como miembro oficial.
Detalló que desde noviembre de 2009 viajan a Guatemala a participar en las sesiones del organismo, con pago de viáticos por transporte y alimentación aportados por el Parlacen.
Ahora pedirán un resarcimiento económico por el perjuicio que les causó el Gobierno al no pagarles y retirarles el pasaporte.
Dijo que Panamá adeuda a la entidad cerca de 2 millones de dólares, por el no pago de las cuotas desde la promulgación de la ley en 2009.
Gilberto Sucari, otro de los diputados del PRD en el organismo, dijo que ayer tendrían una reunión con la dirigencia de su partido y hoy, miércoles, con todos los diputados de ese partido, así como con el expresidente Martín Torrijos y el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro (ambos miembros del Parlacen), con miras a pronunciarse.
A su vez, James Bernard, abogado de Torrijos en el caso Cemis, dijo que con el fallo del pleno su cliente pasa nuevamente a la jurisdicción de la Corte Suprema en esa investigación penal, luego de que el magistrado ponente del caso, Abel Zamorano, dispusiera que no tenía competencia sobre el exmandatario tras la salida de Panamá del Parlacen, el 24 de noviembre de 2010.
Se llamó a la sede del Parlacen en Guatemala, pero voceros de ese organismo informaron que están a la espera de conocer el fallo de la Corte Suprema para luego pronunciarse.
La próxima sesión plenaria del organismo está programada entre el 20 y 25 de febrero próximo.
(Con información de Rubén Polanco, José Otero, Juan Manuel Díaz y Rafael Luna Noguera).

Fallo reconoció acto de ‘injusticia’ de la Asamblea, según diputado Cortez
GETZALETTE REYES
DE PRENSA.COM
LA PRENSA/Archivo

Dorindo Cortez dijo que los diputados panameños al Parlacen fueron afectados moralmente.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró "inconstitucional" la ley que avaló la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano (Parlacen) reconoció el acto de “injusticia” que cometió la Asamblea Nacional.

Así lo expresó este miércoles, 25 de enero, el diputado al Parlacen por el Partido Revolucionario Democrático, Dorindo Cortez, quien reiteró que los diputados panameños juramentados siempre fueron conscientes de la inconstitucionalidad de la Ley 78 del 11 de diciembre de 2009. "Fuimos persistentes y luchamos", comentó.

‘DAÑOS MORALES’ 

Producto de esta situación, Cortez admitió que los diputados locales fueron afectados moralmente por la citada ley que sacó a Panamá del Parlacen. Añadió que, en todo este tiempo, se les negaron sus pasaportes diplomáticos y se les cercenaron sus derechos. Mencionó también que tuvieron que acudir a otras instancias internacionales para presentar las demandas del caso.

“Nosotros, con este fallo, tenemos el legítimo derecho de hacer los cálculos y ver las afectaciones que hemos sufrido”, indicó Cortez en TVN Noticias.

SALARIOS 

Sobre sus salarios, el diputado relató que en un inicio los diputados panameños asistieron a las sesiones del Parlacen sin cobro alguno. Sin embargo, como un “acto de solidaridad” el Parlacen les reconoció un 40% de sus salarios a los diputados panameños que estuvieron asistiendo a las sesiones, explicó.

Aclaró que ese dinero no provino de los fondos del Estado panameño sino de los países centroamericanos y las bancadas nacionales del Parlacen que –agregó– en todo momento consideraron a los panameños iguales que los demás.

Según Cortez, el Parlacen sacó fondos, de donde no había, para respaldar a los 11 diputados panameños que asisten a las sesiones.

Por otra parte, Cortez anunció que viajará el próximo 19 de febrero a Guatemala, donde está la sede del organismo centroamericano, para participar de las sesiones.

Con un fallo unánime, el pleno de la Corte declaró ayer inconstitucional la Ley 78, con la que se selló la salida de Panamá del Parlacen.

Saturday, July 16, 2011

Quieren sepultar el caso CEMIS para burlar la verdad

TVN

El caso CEMIS sigue generando reacciones dentro de la clase política. Para algunos, a este escándalo de corrupción quieren sepultarlo para que nunca se sepa la verdad.

El ex-presidente de la Asamblea, José Muñoz, criticó a sus colegas, de querer evitar que el caso CEMIS sea resuelto por las autoridades judiciales.

Muñoz , agregó que nunca presionó a su secretaria para que fuera a declarar sobre este caso, ya que era una solicitud judicial sobre la que él no tiene injerencia.

Este escándalo involucra a altas figuras del PRD, mencionadas en reiteradas ocasiones por el diputado Carlos "Tito" Afú, principal denunciante del supuesto soborno.

Francisco Sánchez Cárdenas dice que el PRD ha quedado estigmatizado, pero fue gobierno de Mireya el que estaba en el poder.

La Corte Suprema de Justicia tiene el caso en sus manos y varios políticos han rendido indagatoria por segunda ocasión, bajo la fuerte expectativa ciudadana de que se conozca algún día la verdad.


Muñoz responde a señalamientos sobre caso Cemis



El diputado José Muñoz asegura que hay personas interesadas en que se cierre el caso Cemis, pide que la justicia haga su trabajo.

Sus declaraciones surgen, luego que Tania Franco Del Real, su exsecretaria, lo vinculara en este caso. La exsecetaria de Muñoz denuncia que fue destituida por el diputado y que recibió amenazas del ex legislador Miguel Bush.

Franco Del Real trabajó en el Palacio Legislativo, durante el periodo en que se discutía la aprobación del Cemis. Sobre esto, Muñoz solo se limitó a decir que "hay personas que están yendo a la farmacia a comprar bepto bismol, porque están asustados".

Wednesday, June 15, 2011

La cacería del cazador - WikiLeaks


YASMINA REYES
yreyes@prensa.com

La procuradora, Ana Matilde Gómez, con sus maneras delicadas, era el último obstáculo que el recién instaurado presidente, Ricardo Martinelli, debía salvar para cumplir con su meta de acabar con la oposición y, por eso, ella –nombrada por el expresidente perredista Martín Torrijos para un período de 10 años– no tenía salvación.

Los funcionarios de la embajada estadounidense lo vieron claro y así lo reportaron a Washington en el cable 245638 del 26 de enero de 2010, filtrado por Wikileaks y entregado a La Prensa.

En ese documento, el subjefe de la misión David Gilmour explica a sus jefes en la capital estadounidense que “con sus nominados a la Corte Suprema confirmados, el presidente Martinelli aparentemente inicia sus intentos por defenestrar a la procuradora general de la nación, Ana Matilde Gómez, y poner al Ministerio Público bajo su control personal.

Martinelli persigue a Gómez bajo la premisa de su in-competencia y desinterés en procesar al prominente expresidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Ernesto Pérez Balladares, alias El Toro”. Y reitera: “Martinelli no se ha molestado en ocultar su descontento con Gómez por sus tibios esfuerzos por procesar a Pérez Balladares”.

Y eso que, según la exembajadora Barbara Stephenson, Gómez le confió que la había llamado 70 veces. Y aunque parece como demasiado, la exprocuradora aclaró que lo que le dijo era que la había llamado 70 veces 7, para darle a entender que “no paraba”, pero no las contó.

Pero, además del afán de acabar con la oposición, la propia Gómez, ahora reposada, pondera que ella está convencida de que “a Martinelli lo convencieron de que el Presidente que no nombra a su Procurador, está frito, y que él no podía trabajar conmigo”.

No hay dudas en su mente de que la aparente tregua a la que hacen alusión los reportes de la Embajada de EU, no fue tal. Una vez que consiguió ubicar a sus magistrados en la Corte, dejó el asunto en sus manos y se desligó.

DECISIÓN TOMADA

“Pienso que eso ya era una decisión. Él soltó y dejó que la corrupción en la Corte corriera, y con los enemigos que ya yo tenía allá montados, que me gané por tratar de quitarnos los privilegios, …estaban con ganas. Eran como perros rabiosos esperando… y Martinelli les soltó la presa. Por eso se atrevieron a violar la Constitución y la ley, porque a mí me condenaron violando la ley” con un fallo de 5-4.

Una mayoría formada por los magistrados nombrados por el Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático: Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Aníbal Salas, Wilfredo Sáenz (suplente de José Abel Almengor, recusado) y Alejandro Moncada.

Los cuatro votos disidentes fueron los de los magistrados designados por el PRD: Harley Mitchell, Oydén Ortega, Jerónimo Mejía y Víctor Benavides.

Dado que Gilmour contaba con que su reporte se mantendría en reserva –al ser clasificado “confidencial”– fue poco “diplomático” y pintó un retrato del presidente Martinelli como una persona determinada a hacerse con el control de todos los órganos del Gobierno, principalmente del Judicial para blandirlo como arma contra la oposición, el PRD.

Gilmour explica: “Copar la Corte Suprema de Justicia le permite a Martinelli perseguir a sus (ampliamente considerados corruptos) enemigos políticos de dos maneras; deshaciéndose de una procuradora independiente y poco complaciente, y asegurándose de que la Corte manejará los casos por llegar de acuerdo con sus deseos”.

Ya Martinelli había penetrado en la Corte con la designación de dos magistrados altamente cuestionados por ser personas que le eran muy cercanas y que la comunidad considera no tienen la independencia necesaria para ejercer la alta magistratura. Ahora, colige la Embajada estadounidense, iba al asalto de la última institución judicial que no controlaba: el Ministerio Público, que dirigía Ana Matilde Gómez.

Todo el país lo tenía claro. Las señales abundan, pero los cables filtrados nos ponen al alcance ahora versiones de primera mano.

Un ejemplo elocuente es este pasaje del cable fechado el 26 de enero de 2010, que da cuenta de un comentario que Juan Antonio Tejada, el abogado de Gómez, hiciera a oficiales de política estadounidenses: “he asumido la defensa legal de Gómez, pero este es un caso político y no legal. Según Tejada, la decisión está tomada y ella será destituida”.

Técnicamente –explicaba Tejada– la CSJ no puede removerla por un cargo de abuso de poder, pero lo hará de todos modos. Lo mejor que su equipo de defensa puede hacer es comprar tiempo para trabajar en el otro asunto: quién la sucederá”. Y Ana Matilde Gómez fue destituida.

Frente a esa realidad, en una entrevista reciente se le preguntó a la exprocuradora si ella tenía fe en el desempeño de los tribunales en su caso. Y, sin alzar la voz, respondió: “No. Pero tampoco creí que se atreverían a violar la ley y la Constitución, porque para condenarme violaron la Constitución y la ley”. Por eso, recurrió a los tribunales internacionales.

SÍMBOLO

No es que la representación diplomática de EU en Panamá fuera incondicional de la procuradora Gómez. Se la consideraba cuando menos “poco efectiva”, pero reconocía sus esfuerzos para mantener la independencia de la institución que consideran clave como “institución de la democracia”. “Ella se ha convertido en un símbolo de las instituciones bajo sitio”, comentó Stephenson.

El tema de la “ineficacia” de Gómez se toca varias veces en los reportes. Ante ello, la exprocuradora señala: “Creo que ella está repitiendo lo que algunos miembros de la sociedad civil le transmiten en algún momento basados en sus situaciones personales. Eso y el desencanto por el caso del dietilene glycol por la falta de respuesta, que no es solo el tema procesal, sino también la respuesta institucional inadecuada ante un caso que rompe todos los paradigmas. Así que la investigación en el Ministerio Público era uno de los temas por los que el ciudadano y la sociedad podían sentirse disgustados, frustrados. De todos modos, yo no tramitaba directamente casi ningún caso”.

En su reporte del 2 de febrero de 2010, Stephenson explicaba cómo el ataque a la Procuradora –y mediante ella al Ministerio Público y la Justicia– llegaría directamente al ciudadano común que tal vez no se sentía directamente aludido.

“Los costos para Panamá de esas acciones –escribió– no se limitan a los problemas constitucionales. Con el deterioro de la independencia judicial de Panamá y la poca habilidad para hacer cumplir los contratos, el clima de negocios e inversiones sufrirá”. Pero además aludía al peligro del surgimiento de “opciones” contraproducentes. “Hemos visto en otros países de la región cómo el deterioro de la fe en las instituciones democráticas ha permitido la aparición de líderes populistas que trabajan para erosionar aún más el sistema de pesos y contrapesos”.

Los esfuerzos de la embajada estadounidense no se limitaron a palabras.

Stephenson explica en un cable que rechazó invitaciones a eventos destinados a promover Panamá como destino de inversiones, en un intento “diplomático” de mostrar con claridad “el vigoroso apoyo del Gobierno estadounidense por instituciones democráticas robustas. Como modesto primer paso, proponemos declinar una invitación hecha a un funcionario de la embajada a dar un discurso en una conferencia para aumentar las inversiones estadounidenses en Panamá –y explicar al Gobierno de Panamá por qué actualmente no estamos dispuestos a promover Panamá como un gran sitio para la inversión”.

Por si faltara más claridad, el TPC sigue varado.


Defensa de la institucionalidad

La gente se preguntaba en el momento de la crisis, y todavía hoy lo hacen:

—¿Por qué usted, Ana Matilde Gómez, no salió a denunciar públicamente el acoso?

—Sí hablé, pero no podía hacerlo públicamente. Como le dije a la exembajadora Stephenson –en una ocasión en que hablamos de la soledad de la empresa–, creo que un procurador tiene que ser muy prudente al expresar cualquier situación de injerencias externas.

Un Procurador General de la Nación no puede hacer una conferencia de prensa y denunciar injerencias, porque eso puede ser utilizado por grupos de interés y podía afectar investigaciones muy sensitivas que se estaban llevando en el Ministerio Público.

Yo creí que lo correcto era hablar, como lo hice, con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá; la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa; la Alianza pro Justicia; los consejos editoriales de La Prensa, Panamá América, La Estrella de Panamá; la Conferencia Episcopal y los representantes diplomáticos de países como Estados Unidos, México y España (grandes cooperantes en materia de justicia). Les expliqué a ellos, como actores importantes de la vida nacional y generadores de opinión, lo que estaba pasando.

Les planteé la injerencia y las llamadas de Martinelli. Y luego de hacerlo saber, pensé: ‘ahora yo tengo que quedarme en mi trinchera, resistir y esperar que la sociedad civil organizada, a través de sus actores más beligerantes, de los generadores de opinión, defiendan la institucionalidad’. Y ya ve lo que pasó”.

Vea: cables originales en inglés cable 1, cable 2, cable 3 , cable 4 , cable 5, cable 6

Saturday, March 26, 2011

La forma tan asquerosa de hacer política

Dr. Ebrahim Asvat

Lo que los cables de Wikileaks revelan sobre el gobierno de Martinelli es un grito a voces de lo que se ha pretendido disfrazar con actitudes zigzagueantes.

El que come los mejores pork and beans en la Embajada de los Estados Unidos parece que no puede hacer más que eso.

Cada cable es una revelación de la forma poco democrática y distanciada a la ley como se hace política en Panamá. Un Presidente que presiona a magistrados.

Magistrados que no tienen visa a los Estados Unidos; Magistrados que revelan a un gobierno extranjero las interioridades de las presiones del Órgano Ejecutivo.

El rejuego político para sacar a la Procuradora General de la Nación. Si a estos le sumamos los intercambio de correos electrónicos entre un grupo de abogados liderados por un abogado constitucionalista que ahora pretende dirigir unas reformas constitucionales que no tienen ni pie ni cabeza es la demostración de una crisis política seria.

El cesarismo presidencial es un mal crónico que atenta contra la democracia panameña y si bien el jefe del Ejecutivo hace más de lo que la ley le permite también se debe a esa actitud pusilánime que la mayoría de magistrados , diputados y políticos asumen a pesar de lo que establece la Constitución y la ley.

Lo primero que hay que vencer es el miedo. La Constitución y la Ley son el marco de referencia, los límites al poder, la reglas de conducta política que debemos seguir. Si éstas están sujetas al arbitrio de un hombre la culpa es nuestra.

Nosotros los ciudadanos somos los que ignoramos nuestros derechos y deberes, los que no le exigimos a los gobernantes un buen gobierno, los que en nuestra actitud pusilánime no rechazamos las malas prácticas y las decisiones arbitrarias.

Aquí pasa todo eso que dicen los cables de Wikileaks porque nosotros los ciudadanos lo toleramos. El día que nos paremos en firme y digamos ¨Basta¨se acaba el relajo.

Los gobernantes gobiernan hasta tanto los gobernados así lo quieran. Nunca hay que olvidarse de ese principio. Y ahora más con las experiencias que los movimientos populares están experimentando con éxito en los países árabes.

Todo lo que los Wikileaks está revelando son actos y hechos acaecidos en este gobierno que supuestamente venía a cambiar las cosas. Lo demás tendrá valor histórico pero no político. La forma asquerosa de hacer política sin reparos a la institucionalidad y a la separación de poderes es una realidad de la que hoy vivimos.

Es esa la amenaza que se nos cierne en el país y la razón primordial por la cual Barack Obama no podrá decir que Panamá es un ejemplo de país en América Latina como se refirió a Brasil y Chile.

Friday, March 25, 2011

Zulay Rodríguez: "Antinori quiere la Sala Quinta"

Por: Magda Maxwel
Tenemos más de las acusaciones que hace la abogada Zulay Rodríguez, donde esta vez hace un llamado al Presidente de la República sobre el escándalo que involucra a Italo Antinori y Magistrados de la Corte. VIDEO

Después que la abogada señalara que el magistrado Almengor anunciaba ser el ungido del Presidente de la República y de que Italo Antinori encabezó el complot para sacar a Ana Matilde Gómez de la Procuraduría, ahora advierte que la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia es el fin del ex Defensor del Pueblo.

Zulay Rodríguez hizo un llamado al Presidente, diciéndole que es la única persona que puede hacer el cambio, en la que el pueblo confía. Rodríguez le pidió que no defraude a la ciudadanía, ya que él gano las elecciones con un alto porcentaje de votos, por lo que confía que el Mandatario hará lo correcto.

El Mandatario ya dijo que ha recibido comunicación de parte de Antonori.

Varios sectores están pidiendo que se abra una investigación y cuestionan la permanencia de Antinori en la Comisión que estudia las reformas constitucionales.

Ejecutivo, Legislativo y oposición reaccionan a revelaciones


El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, dijo desconocer que en el despacho a su cargo se dieran supuestas reuniones para tramar la salida de Ana Matilde Gómez de la Procuraduría General de la Nación, en las que participaban abogados y miembros del Órgano Judicial, según ha revelado la abogada Zulay Rodríguez.

Para el actual presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, José Muñoz, las revelaciones de Rodríguez son "un bochinche más", sin embargo expresó que hará las investigaciones del caso "si esa persona viene a la Asamblea, a la Comisión de Credenciales y presenta una denuncia formal al magistrado Almengor".

Por otro lado, la opositora Balbina Herrera, dijo que las palabras de la abogada son una prueba más de que la designación de José Abel Almengor, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue el pago de un favor.

Asegura que Almengor es el "hilo conductor" de casos como la salida de Gómez, el caso de narcotráfico en el Ministerio Público, y el caso Murcia, donde el ex fiscal conocía de supuestos vínculos entre el colombiano y la campaña de Ricardo Martinelli.

Rogelio Cruz: “Debe acabarse presidencialismo exagerado”

El exprocurador General, Rogelio Cruz, opinó en Noticias AM, que sería superficial e intrascendente reformar la Constitución para incluir dos programas por muy buenos que sean, como Cien para los 70 o temas electorales, como la reelección presidencial inmediata y segunda vuelta electoral. VIDEO

En su lugar, Cruz sugiere cambios fundamentales para acabar con el sistema presidencialista en Panamá, de manera que los Órganos Legislativo y Judicial sean independientes. Específicamente plantea modificar el sistema para escoger a los magistrados y al procurador.

No obstante, el ex procurador alertó del peligro que también entraña la Constituyente porque deben ser escogidas 60 personas, sin mayores requisitos, para modificar la Constitución, y es posible que en cada provincia o circuito no gane la mejor.

"Escándalo va más allá de salida de Gómez del MP", Castillo


Más allá de la remoción de Ana Matilde Gómez del Ministerio Público, el escándalo de una supuesta conspiración en la que presuntamente participaron magistrados, abogados y funcionarios de Gobierno, representa un grave caso de corrupción en las más altas instituciones del Estado.

"Lo otro que ella está denunciando tiene que ver con muchos otros temas", afirma la abogada Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, refiriéndose a las declaraciones de Zulay Rodríguez.

Castillo considera que el Ministerio Público ya debió haber iniciado una investigación de oficio ante la denuncia de supuestos negociados de cargos en el Órgano Judicial, nombramientos truculentos en el Ministerio Público y participaciones de funcionarios en reuniones gestadas en el Ministerio de la Presidencia, "planeando violaciones a la Constitución".

Instó a quitar "el nombre de Ana Matilde del escenario", ya que a su consideración es sólo "uno de los problemas de esta denuncia", que involucra a muchos otros funcionarios.

Thursday, March 24, 2011

Sociedad civil pide investigación inmediata. PAMAGO divulga última aclaración en su defensa

Yuliza Serracín
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Grupos de la sociedad civil, y oposición siguen vigilantes para que se esclarezcan las acusaciones del la licenciada Zulay Rodríguez, contra el grupo "Perjudicados por Ana Matilde Gómez" (PAMAGO), que involucra al ejecutivo en la "conspiración para sacar a la exprocuradora.

Magali Castillo de Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que ya no se trata sólo de una conspiración contra la exprocuradora Gómez, sino que se deja entre ver que los órganos involucrados en proteger la justicia, se han visto empañados de una manera negativa, lo cual afecta no sólo la imagen del país, sino que se viola la constitucionalidad por parte de quienes la deben defender, por lo que es importante que el Ministerio Público, inicie por su parte y de manera inmediata una investigación de oficio para determinar lo que en verdad sucedió.

La situación es agravante, ya que se menciona incluso de reuniones dentro del Palacio de las Garzas. "La gente piensa que esto es sólo con la exprocuradora, pero tiene que ver con funcionarios públicos que violan la constitución, al ofrecer la presidencia para reuniones. Quitemos el nombre de ella ...- Ana Matilde Gómez - esto es muy vergonzoso para el país", dijo Castillo.

La Alianza Ciudadada Pro Justicia, considera que a estas alturas de escándalo, debería haber alguien de la presidencia para aclarar si hubo o no reuniones en ese palacio. También señalan que el Doctor Italo Antinori, se cae de su peso para seguir con las reformas a la Constitución, a parte de que el método que se planea utilizar no es el más correcto y debería ser más participativo y democrático.

Quijano a favor de la investigación

Coincidiendo con la Alianza Ciudadana, el viceministro de Comercio, Ricardo Quijano, también se mostró a favor de que se inicie una investigación por las denuncias hechas contra el abogado Italo Antinori y el magistrado José Abel Almengor, de conspirar contra la ex procuradora.

Quijano sostuvo que la indagación se debe iniciar sin involucrar al estado, si la abogada zulay Rodríguez, quien denunció el complot a La Estrella, tiene todas las pruebas.

Ayer el presidente de a la asamblea enfatizó que cuando se haga una denuncia formal, ese órgano iniciará las investigaciones.

El presidente Martinelli, por su parte, dijo desconocer si Italo Antinori seguirá al frente de las reformas constitucionales.

PAMAGO en pie sobre negativa de conspiración contra Gómez

El grupo de "Perseguidos por Ana Matilde Gómez, envió la tarde de ayer un correo a La Estrella, en el que señalan será la última aclaración pública respecto a la denuncia realizada por la jurista Zulay Rodríguez.

"1- Que la Licenciada ZULAY RODRIGUEZ LU alega haberse reunido con personas ajenas y distintas a los miembros del grupo PAMAGO para conspirar en contra de ANA MATILDE GOMEZ."

"2- Que las motivaciones de Zulay Rodríguez para atacar al Magistrado José Abel Almengor Echeverría y al Doctor Italo Antinori Bolaños, Especialista en Derecho Constitucional, son de índole personal."

PAMAGO, señala que Rodríguez no ha sido honesta en las declaraciones dadas a los medios de comunicación, falseando la verdad al atacar al grupo, incluyendo diferencias personales que mantiene con Almengor y Antinori

"Esperamos que la Licenciada Zulay Rodríguez tenga la probidad, honradez, e hidalguía de aceptar públicamente, que ninguno de los miembros de PAMAGO, tuvimos conocimiento, ni partipación en las reuniones que ella alega haber realizado con otras personas para conspirar contra ANA MATILDE GOMEZ, ni de los problemas o diferencias personales o de cualquier índole que tenga o haya tenido con personas ajenas al grupo".

Pero Rodríguez señaló que lo dicho a La Estrella, es sólo un extracto de toda la información que tiene, la cual sólo dirá en los tribunales porque está segura de que lo poco que ha emitido es totalmente cierto. Incluso, señalo haber recibido amenazas por destapar el "tamal", lo que la ha llevado a cambiar de número telefónico cada dos semanas, según declaro en una entrevista en Telemetro.

Sociedad civil pide investigación por conspiración para sacar a la procuradora

Deivis Eliecer Cerrud
dcerrud@laestrella.com.pa
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Sociedad civil pide investigación por conspiración para sacar a la  procuradora
"Como realmente grave" calificó la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana la posible participación de funcionarios vinculados al Órgano Ejecutivo en la ejecución de un plan para destituir a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez y manipular la acción de la justicia.

Mediante un comunicado conjunto, ambos grupos de la sociedad civil, apoyados por 18 agrupaciones, sostienen que "en cualquier país democrático del mundo se abriría un proceso para investigar los hechos que involucran al presidente de la República en posibles actos violatorios de la Constitución y la ley, tal y como lo establece el artículo 160 de la Constitución Nacional".

El artículo 160 dice: "es función de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncia que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, si a ello diera lugar por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público violatorios de esta Constitución o las leyes".

El grupo PAMAGO, creado en enero de 2010, se defiendió esta mañana y alega que fue conformado para frenar abusos cometidos por la exprocuradora Gómez, mientras la ex fiscal Zulay Rodríguez reafirma que fue una conspiración y que incluso le ofrecieron ser fiscal en el Ministerio Público.

La Estrella de Panamá reveló que hubo participación del entonces secertario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto; el magistrado José Abel Almengor y un grupo de abogados liderados por Italo Antinori, que ha sido recientemente designado por el Consejo Gabinete para coordinar las consultas de la reforma constitucional.

"Vemos como realmente grave la noticia sobre el grupo creado en enero del 2010 para lograr la destitución de la Procuradora General de la Nación en funciones en esa fecha", dicen la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana.

Explican que las reuniones realizadas en instalaciones de la Presidencia de la República, la participación del secretario de Comunicación de la Presidencia y la participación de una persona nombrada como magistrado de la Corte Suprema, "son graves indicios de que hubo participación del Órgano Ejecutivo en este plan para destituir a un Procurador General".

Petición a la Asamblea

Tanto la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana pide a la Asamblea de Diputados investigar:

1. Si existió un documento denominado "la ruta Constitucional del Doctor Antinori", que contenía un plan para la destitución de la Procuradora General de la Nación.

2. Si la primera reunión del grupo PAMAGO se dio en las oficinas de relaciones Públicas de la Presidencia de la República y si en dicha reunión participó Alfredo Prieto, secretario de Comunicación de la Presidencia y el funcionario de confianza del presidente de la República, José Abel Almengor.

3. Constatar si es cierto que varios miembros del grupo PAMAGO fueron nombrados en el Ministerio Público y si es cierto que varios de los miembros eran amigos o familiares del magistrado Almengor.

"Si en Panamá existe un mínimo de respeto al principio de separación de poderes del Estado se debe abrir esta investigación cuanto antes", expresa.

Deploran

La Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana rechazaron la figura de Antinori como encargado de las reformas constitucionales y solicitaron que se suspenda este proceso de reformas, ya que debemos adoptar un método participativo y democrático de debate sobre la nueva Constitución.

Igualmente, indican que para detener el deterioro de la imagen de la Corte Suprema de Justicia e insistaron a establecer una autoregulación del Ejecutivo para la escogencia de magistrados de la Corte y "poner fin al nombramiento por amiguismos políticos en la Corte Suprema".

En el correo enviado a La Estrella de Panamá por el abogado Carlos Alberto de León, uno de los integrantes del grupo PAMAGO, señala que en ningún momento ellos realizaron conspiraciones ni tenían ningún tipo de poderes para poder influir en las decisiones que pudieran tomar los órganos jurisdiccionales.

PAMAGO desmiente que durante las reuniones haya participado el magistrado Almengor y Alfredo Prieto o algún autoridad judicial o administrativa, como señalan las revelaciones de una de las integrantes del grupo, la licendiada Zulay Rodríguez

Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Asamblea Ciudadana reiteran que se investigue sobre esta intromisión de los poderes del Estado "ya que de no hacerlo se estaría afectando nuestro sistema democrático y la imagen de nuestro país".

"No puede haber seguridad jurídica en un país donde se manipula la justicia", agregan.

El Gobierno Nacional todavía no se ha pronunciado sobre este escándalo que toca las puertas de Palacio.