La Estrella de Panamá
PANAMÁ. Dos semanas después de las manifestaciones populares contra la Ley 72 —que permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón y dejaba a los colonenses sin parte importante de su territorio— la ciudad se prepara para el diálogo. Cuatro muertos, 42 heridos, al menos 450 detenidos de los cuales 82 permanecen privados de libertad, allanamientos, violación de correspondencia, tortura y un gran número de violaciones a las normas nacionales e internacionales se suman a la lista preparada por Human Rights Everywhere (HREV), que el Frente Amplio por Colón pone sobre la mesa de diálogo, con la exigencia de reparar a las víctimas.
Existe otra modalidad de violación a los derechos, ‘invisible aún para el común de la gente en el país, oculta en la agenda política que se incuba poco a poco en el Gobierno’, dice la abogada especialista en derechos humanos Gilma Camargo. Una violación que acecha a todos los panameños y que se hizo evidente en las declaraciones del mismo presidente de la República, Ricardo Martinelli, al acusar al ciudadano panameño de origen palestino Walid Zayed, cuando empezaron las manifestaciones en Colón: ‘hay algunos incitadores que de alguna forma han azuzado y financiado al pueblo colonense, esto lo sabemos por cuestiones de inteligencia, hay un señor palestino. . . ’, continuaba el mandatario. Sus acusaciones terminaron en amenaza de deportación para Zayed e incluyeron a un exdiputado y a una diputada. Para Camargo, se trata de la implementación de una política de falsos positivos en Panamá.
EL DEDO ACUSADOR
‘Hay algunos incitadores que de alguna forma han azuzado al pueblo colonense’, decía el presidente antes de señalar a ‘un señor de apellido Walid’.
Walid, de apellido Zayed, era la víctima perfecta porque pensaron que era un árbol sin sombra, narra el abogado Luis Banqué, que no tenía ninguna protección, continúa Camargo, y como la gente se había olvidado del caso de Santander Tristán por las intercepciones telefónicas, que fue llevado hasta la CIDH, y por el que Zayed tiene demandado al Estado panameño (ver recuadro), ‘pensaron que era oportuno culpar a una persona que podían demonizar porque es palestino, un árabe que ha defendido legalmente a personas acusadas de ser militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y crear con elementos de su vida situaciones que no tienen incidencia en la ilegalidad’, continúa la abogada.
Para Edgar Ortiz, presidente del capítulo de Colón del Colegio de Abogados y miembro de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, era perfecto usar a alguien como chivo expiatorio para crear dentro de la zona libre un esquema de temor. ¿Qué puedo hacer yo como empresario de origen indostán o de cualquier grupo étnico, sabiendo que el gobierno me amenazará cuando quiera?, preguntan los abogados.
En el camino fueron apareciendo los otros ‘‘azuzadores’’. Un exdiputado y una diputada, dijo abiertamente el presidente.
En términos de derecho, estas acusaciones son muy graves, explica Banqué. Si empezamos por una persona como Walid, que parece tan ajena a nosotros porque es un palestino ‘y quién sabe en qué andará’, poco a poco pueden sumarse más y más.
Y así fue. Al menos en Colón. Estamos viendo ahora a Manuel Grimaldo, el exdiputado opositor del partido Panameñista que no aceptó unirse al CD, está ‘acusado también por el presidente y fuera del país porque quién sabe en qué andará. Durante los disturbios se le suspendió el programa radial por alegados motivos de seguridad’, explica Camargo, y así nos vamos excluyendo y dividiendo y ‘poniendo a personas en peligro, culpándolas solo porque no siguen los preceptos del Gobierno’, se queja la abogada. ¿Y si desaparece Manuel Grimaldo y no vuelve a Colón cuando se espera? ¿Y si desaparece Walid Zayed y no oímos más de él? La responsabilidad será del Estado, acota Camargo.
Pero el problema va más allá. Si les funciona la política van a seguir incrementándola, explican los especialistas en derechos humanos. Patrick Kane, representante de la organización de derechos humanos para Latinoamérica, África y Asia, War on Want, propone mirar el espejo de la seguridad democrática implementada por el presidente Álvaro Uribe en Colombia, donde se aplicó la política de los ‘falsos positivos’, denunciada por las organizaciones de derechos humanos: campesinos asesinados eran vestidos con uniformes de guerrilleros para sumarlos como muertos de la guerra contra las FARC. ‘Víctimas inocentes que terminaban siendo sumadas como narcoterroristas’, concluye el experto.
‘La gravedad de esto es enorme para nosotros, sabiendo que el presidente tiene una relación muy íntima con Uribe, sabiendo que apoyó a María del Pilar Hurtado’, explica Camargo, para quien, además de la persecución y la violación de la integridad personal, detrás de estas acusaciones está la afectación a la integridad del movimiento popular colonense, que luchó legítimamente por defender las tierras de Zona Libre.
¿UN MOVIMIENTO PAGADO?
‘Hay algunos incitadores que de alguna forma han azuzado al pueblo colonense’, decía Martinelli.
Para pagar las movilizaciones populares que se armaron en Colón tras la aprobación de la Ley 72, se necesitarían millones y millones que no se recibieron, porque no se trataba de dinero sino de luchar por las tierras que nos pertenecen, decía Edgardo Voitier, dirigente del Frente Amplio por Colón (FAC). El valor de un pueblo unido y decidido a defender su patrimonio es algo que el presidente no entiende, explicaban los dirigentes en las reuniones de planificación y evaluación en medio del caos de las revueltas de Colón, el pasado octubre.
Con las declaraciones, el presidente Martinelli está ‘desacreditando la lucha popular colonense’, dice la secretaria de la CGTP, Nelva Reyes Barahona. ‘Culpar a alguien o algunos de financiar la lucha que viene de muchos años es calumnia e injuria’, acota Camargo, y no es cualquier representante del Gobierno, es ‘un presidente con la intención de violar los derechos fundamentales del ser humano’, concluye.
Por eso Walid, de apellido Zayed, desde el exilio cree que es importante para el FAC y la mesa de Colón poner su caso, y el de los otros implicados por el presidente, en el diálogo de reconstrucción de Colón. Para recuperar su integridad y seguridad y ‘para no dejar que el primer mandatario desvirtúe un movimiento que es completamente legítimo’, complementa Camargo.
¿DESENLACES?
‘Hay algunos incitadores que de alguna forma han azuzado y financiado al pueblo colonense, esto lo sabemos por cuestiones de inteligencia, hay un señor palestino. . . ’.
Es muy grave esta acusación, coinciden todos los entrevistados: dirigentes del FAC, abogados y representantes de HREV. Para ellos, las acusaciones presidenciales no pueden quedar en el aire porque se trata abiertamente de calumnia e injuria, tanto a la integridad personal como a la de todo un movimiento, repite Camargo.
Cuando el presidente dijo eso ni siquiera sabía que Walid tenía un caso ya contra Panamá en la CIDH además del caso de Santander Tristán. Entonces, cuando la abogada Camargo envió la solicitud de medidas cautelares a la CIDH, ellos relacionaron los casos y comenzaron a interpelar, a preguntarse por qué la persecución. ¿Dónde están las cuestiones de inteligencia de las que habló el presidente?
Esos ‘‘informes de inteligencia’’ no aparecen, dice Camargo.
La audiencia en Washington fue el pasado viernes 2. La CIDH investiga de nuevo a Panamá.
Mientras tanto, los diálogos en Colón comienzan, aunque el presidente no asistirá. En medio de todo: Parece que esta lucha acabó pero en el fondo no. Ahora viene lo más duro, decía el padre Pío, en la iglesia San José de la calle 10 de Colón: lo peor, lo más difícil, falta.
El reto ahora es cómo vamos a reconstruirnos y hay muchas preguntas: la reparación de víctimas, qué va a pasar con las familias de los muertos, con los acusados por el presidente. ¿Habrá de nuevo impunidad?, cuestionan los representantes de HREV.
Por ahora, el Gobierno no garantiza los derechos fundamentales de las personas implicadas y acusadas en las luchas por la soberanía territorial de la Zona Libre de Colón, ni de sus familiares.
