Rafael Pérez G.
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El Juzgado Segundo de La Chorrera sobreseyó ayer, de manera provisional, a Rodolfo Charro Espino, acusado de supuestamente haber devastado 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame, al oeste de la provincia de Panamá.
La decisión del juez Ricardo Mazza se basó en que en el expediente no se ha probado, de manera fehaciente, que haya un "daño irreversible del ecosistema" que se constituye en requisito imprescindible para la configuración del delito contra el ambiente.
La Fiscalía Primera, que pidió el encausamiento de Espino, apeló ayer mismo la decisión del juzgado a favor del tío del presidente de la República, Martín Torrijos.
Fiscalía apela fallo a favor de Charro Espino
Tras conocer el fallo del Juzgado Segundo del Tercer Circuito de La Chorrera, la Fiscalía Primera apeló la resolución de sobreseimiento provisional dictada ayer a favor de Rodolfo Charro Espino.
Un día después de celebrar la audiencia preliminar, el juez segundo del tercer circuito de La Chorrera, Ricardo Mazza, dictó un sobreseimiento provisional en el proceso que se le siguió a Espino, acusado de supuestamente haber devastado 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame, al oeste de la provincia de Panamá.
El fallo llega una semana después que se informara que Espino y los hermanos Fontane alcanzaron un acuerdo que implicó el desestimiento de todas las acciones legales que estos últimos presentaron contra el tío del mandatario, Martín Torrijos. El proceso penal por la devastación continuaba su curso debido a que fue abierto de oficio por el Ministerio Público.
Mazza basó su decisión en que en el expediente no se logró demostrar que Espino cometió el delito contra el medio ambiente, debido a que no se probó, de manera fehaciente, que hubiera daño irreversible del ecosistema. La existencia de ese daño, dijo el juez, se constituye en un requisito sine qua non para la configuración del delito contra el ambiente.
El pasado 11 de diciembre de 2007, la Fiscalía Primera remitió su vista fiscal en la que recomendó abrir causa criminal contra Espino.
El juez advirtió, en su fallo, que la fiscalía solicitó el llamamiento a juicio de Espino por la posible comisión del delito contra el ambiente, basada en la investigación y diligencias practicadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). En julio de 2007, recordó el juez, esa misma entidad había sancionado a Espino al pago total de 85 mil 320 dólares por no contar con un estudio de impacto ambiental y en concepto de indemnización ecológica, y le ordenó asimismo la recuperación del área afectada.
En ningún momento, dijo el juez, la Anam señaló que esta causa administrativa obedeció a la tala de manglar, sino al desarrollo de una actividad en ambiente frágil. Es más, añadió, un mes antes la Autoridad de Recursos Acuáticos –competente para investigar la tala de manglares– declaró sustracción de materia a favor de Espino, tras comprobar que había cumplido con las medidas de mitigación por el daño causado a razón de 10 árboles por cada árbol talado.
