Ana Teresa Benjamín
abenjami@prensa.com
Los gremios del transporte selectivo esperan que entren en vigencia las nuevas tarifas por zonificación.
En la provincia de Panamá existen 27 mil taxis que parecen ser insuficientes para los usuarios.
Mientras las organizaciones de transporte selectivo exigen al Estado el alza de tarifas, mayor seguridad en las calles y la entrada en vigor de las nuevas zonificaciones, los usuarios de la ciudad de Panamá siguen lidiando con un servicio que el propio Marcos González, secretario general de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público (Unbatt), califica de "muy malo".
Desde sus oficinas ubicadas en una casa vieja de Monte Oscuro, el secretario general de la Unión Nacional de Bases Taxistas y Transporte Público, Marcos González, no tiene empacho para admitirlo: "Con justificada razón los usuarios se quejan del mal servicio".
Porque como dirigente, González sabe muy bien que, aun cuando en la provincia de Panamá circulan 27 mil taxis, el servicio de transporte selectivo está lejos de ser bueno.
La situación se ha puesto tan grave que el usuario ya no está en posición de solicitar el servicio; ahora le toca rogarlo. Más que pedirle el destino al taxista con la seguridad de que será servido, los ciudadanos han quedado en tal indefensión que primero hay que preguntar hacia dónde va el taxista.
Es entonces cuando sale el "no voy" de los conductores de taxi, que muchas veces va acompañado de sonrisas de burla, gestos de indiferencia y hasta insultos. "¡Cómo se le ocurre, doña!", grita uno, desde su silla. "¿Usted sabe el tranque que hay para allá? Váyase en bus, no sea loca", termina diciendo, mientras cambia a primera y mete hasta el fondo el acelerador, y el pasajero se queda impotente y rabiando alzando infinitamente la mano en la acera.
Para González, el problema es producto de "la falta de decisión del Estado". En el hecho de que, aun cuando la ley lo prevé, las concesiones están en manos del Gobierno y no de las piqueras. "Mientras las concesiones de líneas y rutas no se den a las piqueras, seguirá la anarquía", afirma.
Con las piqueras como concesionarias –explica el dirigente– habría mayor control sobre los agremiados. De recibirse alguna queja –sostiene– se puede llamar la atención; hasta retirar la licencia. Pero como las cosas no son así, "cada transportistas hace lo que quiere".
Y sí que lo hacen. En diciembre, por ejemplo, no hay poder humano capaz de convencer a un taxista que haga una carrera hacia la Terminal de Transporte de Albrook o hacia las barriadas sobre la vía Tocumen. El costo del combustible es el argumento porque, como explica González, de San Miguelito al centro de la ciudad se gastan 3.30 dólares en gasolina, "pero la carrera cuesta dos dólares".
Por eso es que en cualquier época del año, los taxistas se enojan si algún usuario les pide una carrera más allá de su "círculo natural"; ese que no requiere más que el pago de un dólar o de un dólar con 25 centésimos.
En el Super 99 de Los Pueblos, por ejemplo, la piquera ha establecido un mecanismo de taxi colectivo: si un primer cliente pide una carrera hacia San Antonio, por ejemplo, el taxista se queda allí esperando a un segundo y a un tercero que vaya por el mismo camino.
Es que, como dice Pedro Acosta Isturain, secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), tal vez la solución en este sentido sea reglamentar de una vez por todas rutas de taxis colectivos, con tarifas fijas, en las que el cliente sepa de antemano que el servicio no será selectivo. Así, por lo menos, la cosa sería legal.
Es que, aunque se supone que el que busca taxi quiere evitarse, cuando menos, los apretujamientos y sudores de los autobuses, la realidad ha obligado a hacer ciertas concesiones: los usuarios hasta felices se ponen cuando un taxista dice que sí –"Venga..", mascullan, con un gesto leve– aunque dentro del auto haya tres más sentados. Los taxistas ya ni piden permiso.
Mientras todo esto ocurre, las más de 100 organizaciones de taxis que existen en la ciudad esperan un aumento del 40% del pasaje y la entrada en vigor de las nuevas tarifas por zonificación, que incluye sectores de Panamá este y de las áreas revertidas que hace 20 años no existían. "La tarifa tiene más de 23 años de no ser revisada", concluye González.
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