Monday, September 19, 2011

Los ´socios´ del Gobierno

Odebrecht y FCC son los principales contratistas de los grandes proyectos de la administración Martinelli. Cusa ha perdido protagonismo.


ROBERTO GONZÁLEZ JIMÉNEZ
RECONSTRUCCIÓN. FCC recibió el contrato para recuperar el acceso al puente Centenario. La imagen muestra los trabajos hasta agosto. Esta empresa también participa en el Metro, el reordenamiento vial y construye un hospital en Veraguas.
Cuando el pastel es de $13 mil millones no es extraño que se acerquen muchos comensales a la mesa. Este es el caso de Panamá y el plan de inversiones de la administración de Ricardo Martinelli. Empresas de casi todas las latitudes se han mostrado interesadas en los contratos de este gobierno.
Desde compañías locales, de las vecinas Costa Rica y Colombia, hasta la habitual presencia de firmas europeas, especialmente españolas, y las no tan comunes asiáticas, como el consorcio chino que participó en los albores de la licitación del Metro, o la coreana Samsung, que pujó sin éxito por los hospitales del interior.
La suerte, sin embargo, ha sido desigual: la brasileña Norberto Odebrecht ha sido la más beneficiada, habiéndose adjudicado grandes proyectos como el Metro de Panamá –en consorcio con la española FCC– por mil 452 millones de dólares.
La firma brasileña, además, se ha hecho con la renovación de Curundú ($94 millones) y dos contratos del proyecto de reordenamiento vial que maneja el Ministerio de Obras Públicas: la interconexión de la Avenida Balboa y la Avenida de los Poetas –contrato que incluye la tercera fase de la cinta costera– por casi $777 millones y el proyecto de preservación del patrimonio histórico, proyecto que contempla trabajos en Panamá Viejo y el Casco Antiguo por $168 millones.
Además de estos contratos obtenidos mediante licitación, Odebrecht se ganó la confianza del gobierno para continuar proyectos millonarios que había iniciado en la anterior administración, con Martín Torrijos como presidente. Se trata del tramo entre Quebrada López y Cuatro Altos de la autopista Panamá Colón, que construye por $218.5 millones y el tramo de la cinta costera entre el Mercado del Marisco y San Felipe, que costó $52 millones.
FCC Construcción, la constructora española que tiene una participación del 45% en el consorcio que construye el Metro, también se ha hecho un hueco relevante en Panamá, un mercado pequeño, pero prolijo en contratos de infraestructuras. Es la encargada de mejorar las cinco intersecciones de la Vía Brasil (con Tumba Muerto, Transístmica, Vía España, Calle 50 y Vía Israel), proyecto incluido en el plan de reordenamiento vial y que se adjudicó en dos contratos que suman $385.5 millones.
Esta compañía también se ganó el contrato para la construcción del nuevo hospital Luis Chicho Fábrega en Santiago de Veraguas por $121 millones, además de recibir el proyecto de reconstrucción del puente Centenario, afectado por las inundaciones del pasado mes de diciembre, por $30 millones. Los accesos del puente Centenario fueron construidos originalmente por Cusa, que ha perdido protagonismo en el gobierno de Martinelli. Empresa y ejecutivo tuvieron diferencias a causa de un desastre del que todavía no se han deslindado responsabilidades.
De los grandes proyectos de este gobierno, Cusa solo ha podido hacerse con la ampliación de la carretera David-Boquete, por $120 millones.
Otras compañías locales y regionales han llenado ese hueco dejado por la principal constructora panameña. Transcaribe Trading se ganó la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera por $152 millones y la Avenida Integradora de Barriadas en Tocumen, por $36 millones.
La costarricense Meco también ha ampliado de manera importante su cartera de proyectos en Panamá, con obras como la ampliación de la Domingo Díaz –junto a la mexicana ICA– por $238 millones, la ampliación de la carretera de La Villa a Las Tablas por $74 millones o la construcción de los aeropuertos de Colón ($58 millones) y Río Hato ($53 millones).
En infraestructuras de la salud destaca la presencia de otra empresa sin pedigrí en Panamá. Se trata de la empresa IBT Group, con orígenes españoles, que se adjudicó la construcción de cuatro hospitales en el interior por $237 millones.
Esta empresa también ha mostrado su interés por la construcción de la nueva ciudad hospitalaria, un proyecto que se estima en $450 millones.
A la espera de la aprobación de la Ley de Asociación Público Privada están proyectos como la torre financiera y la ciudad gubernamental, que también pondrán en la mesa contratos cuantiosos. Estos proyectos, junto con la posible ampliación de la Interamericana entre Santiago y David, y la última fase del reordenamiento vial, podrían ser los últimos grandes contratos adjudicados por esta administración, a expensas de lo que suceda con la segunda línea del Metro, de la que el presidente Martinelli ha dicho que se quedará licitada.

´Son órdenes del Presidente´

El exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles revela detalles de la pasada reunión del Consejo Consultivo de la Anati, en la que participó Papadimitriu.

CARLOS ALBERTO VARGAS
cvargas@prensa.com
El ministro de la Presidencia, Demetrio Jimmy Papadimitriu, pidió que “por órdenes del Presidente” no se juzgara la actuación de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villlamonte en la cesión gratuita del relleno de Paitilla, porque ella “recibió órdenes superiores”.
Papadimitriu, según reveló ayer el exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles, dictó esta línea a los miembros del Consejo Consultivo de la Anati, en la polémica reunión del 22 de agosto pasado cuando se analizó cómo se iba a revertir al Estado el terreno cedido gratuitamente a César Segura, en Paitilla, y que beneficiaría a allegados del gobierno.
De acuerdo con Carles, Papadimitriu llegó sorpresivamente a esa reunión y dijo: “la directora Villamonte actuó así porque recibió órdenes superiores, no podemos juzgar la actuación de la directora... busquemos una salida y cerremos este caso. Esas son las órdenes del Presidente... busquemos la solución a esta vaina”.
Carles también indicó que Papadimitriu ordenó que no se grabara la sesión del Consejo Consultivo de la Anati y defendió en la reunión la figura de la expropiación del terreno “porque el tema de la indemnización lo arreglaba con Segura”. Interrogado sobre a qué tipo de acuerdos se llegaría con Segura, respondió: “No sé quién llegaría a un acuerdo con el señor Segura para que renunciara a la indemnización. Lo que dijo el ministro es que él buscaría la forma para que renunciara a la reclamación indemnizatoria”.
Ante estas declaraciones de Carles, el ministro Papadimitriu respondió que todo lo dicho por el exviceministro “es totalmente falso”. Negó haber dicho en ese encuentro que Villamonte recibió órdenes superiores, “ni llegué con ninguna línea a la reunión”, reiteró.
Papadimitriu también negó el supuesto acuerdo con Segura para que renunciara a la indemnización.
Este diario llamó a Villamonte a su celular, pero no respondió.
(Con información de Flor Mizrachi)

´Papadimitriu llevó la línea´

Según el exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles, aquella sesión del Consejo Nacional de Tierras de la Anati fue el principio del fin de la alianza de gobierno, por la polémica entre los ministros panameñistas y los de Cambio Democrático. Ocho días después de esa reunión se rompió la alianza oficialista.


CARLOS ALBERTO VARGAS
ENFRENTADOS. El ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, confirma que participó en la sesión del pasado 22 de agosto donde se abordó el tema de la cesión gratuita del terreno de Paitilla. El exviceministro de Gobierno Luis Ernesto Carles revela detalles de esa reunión en la que, según él, se dictó la línea del mandatario Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo
La tarde del 22 de agosto fue el inicio del fin de una relación política que por 26 meses mantuvo aliada a la dirigencia de Cambio Democrático (CD) con la del Partido Panameñista.

Ese día, a las 3:00 p.m., se llevó a cabo una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Tierras de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), cuyo tema único en agenda era cómo revertir la titulación gratuita del relleno de Paitilla, valorado en más de $35 millones, que se le había adjudicado en julio pasado a César Segura y cuyos beneficiarios serían dos empresarios ligados al presidente, Ricardo Martinelli, quienes desarrollarían un proyecto de edificios en el lugar. La convocatoria de la reunión venía directamente de la Presidencia.
A la cita fueron la directora de la Autoridad Nacional del Ambiente, Lucía Chandeck; el director del Registro Público, Luis Barría, los ministros Alberto Vallarino, de Economía y Finanzas; Salomón Shamah, de la Autoridad de Turismo de Panamá, y Carlos Dubois, de Vivienda. También estuvieron el viceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles; el director de la Autoridad Nacional de Tierras, Alejandro Castillero, y sorpresivamente, sin ser miembros del Consejo, llegaron el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y la directora de Titulación y Regulación de Tierras de la Anati, Anabelle Villamonte. Luego de un mes de aquella reunión “tensa y con mensajes confusos”, el ahora exviceministro Carles narra lo sucedido esa tarde en el Consejo de Anati.
¿Cuál era el motivo de la presencia del ministro Papadimitriu?
Esa fue mi sorpresa, qué hacía el ministro de la Presidencia en un Consejo. La primera orden que dio fue que se retirara el personal técnico de las instituciones, protocolo, y que se apagaran los equipos que graban cada sesión del Consejo.
¿Por qué da esa orden...no es la regla grabar las sesiones del Consejo?
Sí, así es, la norma es realizar las grabaciones. El que empezó la reunión fue, precisamente, el ministro de la Presidencia, para decir que había evaluado que con relación a la adjudicación del terreno de Paitilla se debía proceder con una figura legal de expropiación. El ministro Alberto Vallarino intervino diciendo que era necesario que se supiera qué fue lo que hizo la directora Villamonte. Vallarino exigió que la directora Villamonte explicara su actuación.
¿Cuál fue la reacción de ustedes como miembros del Consejo ante esta exigencia del ministro Vallarino?
La directora Villamonte hizo una exposición de motivos, argumentando que el señor César Segura probó que cumplía con el tiempo que la ley exige para reconocer los derechos posesorios de un particular. Dijo que él aportó recibos de luz, agua... que fue un proceso que duró cuatro meses... Luego la interrumpió el director de la Anati, Castillero, argumentando que Villamonte actuó con apego a la ley; que Anati había sido creada precisamente para adjudicar [tierra] a los pobres, sin burocracia; que él no entendía cuál era el pecado de haber adjudicado un terreno en Paitilla, si en otros puntos del país, cumpliendo con el espíritu de la ley, se les había adjudicado a cientos de personas, tierras con título de propiedad; que lo que había era un morbo de los medios, porque en este país los ricos no admiten que un pobre, una persona trabajadora, tuviera derecho posesorio sobre un terreno en Paitilla. Castillero agregó que “el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli, le está adjudicando títulos de propiedad a los pobres y a quienes cumplan con la ley... el señor Segura cumplió con la ley”.
Luego intervino el ministro Salomón Shamah, y planteó que “había que planear bien la estrategia, porque había que limpiar la imagen del gobierno, y no se podía afectar a la señorita directora [Villamonte]”.
¿Convenció la explicación del personal de Anati?
Hubo cuestionamientos fuertes a la vaga explicación de la directora Villamonte y del director de Anati. El ministro de la Presidencia intervino, manifestando que Villamonte actuó así porque recibió órdenes superiores. “No podemos juzgar la actuación de la directora, busquemos una salida y cerremos este caso. Esas son las órdenes del Presidente... busquemos la solución a esta vaina”, dijo Papadimitriu, quien usó palabras impublicables.
¿Se habló de expropiación sin indemnización? ¿Qué se dijo sobre eso?
El director del Registro Público, Luis Barría, advirtió que el artículo 48 de la Constitución, si bien es cierto permite la figura de expropiación por utilidad pública, exige un juicio y la indemnización; ¿quién determinaría la indemnización?... estaríamos legalizando o siendo cómplices de esta inscripción o argumentando que el terreno de Paitilla se adjudicó de forma legal, explicó Barría.
El ministro Papadimitriu manifiestó que hablaría con [César] Segura y le haría firmar un documento donde él renuncie a la reclamación e indemnización. A esto, el ministro Vallarino apuntó que las cosas no se hacían así... todos lo respaldamos y manifestamos ciertos cuestionamientos a lo propuesto por Papadimitriu.
¿Quiere decir que el ministro Papadimitriu bajó con la línea sobre lo que había que hacer?
Nos comunicó [Papadimitriu] que el Presidente [Ricardo Martinelli] estaba enterado de todo y nos dijo que procediéramos con la figura de expropiación, porque el tema de la indemnización lo arreglaba con Segura, y si este no quería firmar la renuncia a la indemnización, entonces que cobrara sus millones en otra administración, porque eso ya no iba a ser problema nuestro.
Papadimitriu dijo que lo que se había decidido era decir que el Gobierno nacional expropiaría la tierra en Paitilla para cumplir con el pueblo y construir un parque de uso público, que la directora Villamonte no diera declaración a la prensa, y que sería la Secretaría de Prensa de la Presidencia la que emitiría los comunicados.
¿Cómo se entienden las palabras de Papadimitriu de que el presidente, Ricardo Martinelli, llegaría a un acuerdo con César Segura? ¿Llegaron a un acuerdo por fuera de lo legal?
No sé quién llegaría a un acuerdo con el señor Segura para que renunciara a la indemnización. Lo que dijo el ministro Papadimitriu es que él buscaría la forma de que renunciara a la reclamación indemnizatoria.
¿Qué hizo cuando finalizó la reunión del Consejo de Anati?
Le comuniqué de inmediato al vicepresidente, Juan Carlos Varela, las conclusiones de la reunión.
Se citó a un Consejo de Gabinete, que se celebró el 24 de agosto en la Presidencia de la República. En esa reunión, el ministro Papadimitriu insistía en que la expropiación debía ser la vía.
Por solicitud del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y el respaldo del vicepresidente Varela con otros ministros, se convenció al presidente Martinelli de que la manera correcta era recuperar el terreno por la vía de bien oculto, y que se iniciara la investigación y se culpara a los responsables.
El ministro Papadimitriu no estaba de acuerdo con esta figura, porque culparían a la directora Villamonte. Ese día hubo fuertes debates en el Consejo de Gabinete, donde estuve porque fui de ministro encargado de Gobierno. Luego del Gabinete, Varela advirtió al presidente Martinelli que escogiera entre los dos empresarios que se beneficiarían de la titulación, o él, como aliado en la gestión de gobierno.
(Con información de Flor Mizrachi Angel).

Versión textual del ministro Demetrio Papadimitriu

Sí, llegué a la reunión con el equipo de legal del Ministerio de la Presidencia para ver el tema de cómo se echaba para atrás el terreno de Paitilla. Todo lo demás que dice Carles no es cierto. Es totalmente falso. Que salgan testigos a decir que eso es verdad.
Nunca dije que Anabelle Villamonte recibió órdenes superiores ni llegué con ninguna línea a la reunión. El Presidente no estaba en Panamá, me pidió que yo arreglara el tema y echara el terreno para atrás. La forma en que lo vi más factible fue por medio de ir al Consejo de Tierras y recomendar lo que nos habían dicho los abogados, que era hacerlo a través de la expropiación sin indemnización, basados en la Ley 57 de 1946. Busca el diario La Prensa, lo publicaron ustedes en primera plana... Eso fue lo que yo presenté ante el Consejo de Tierras como una propuesta, porque no soy parte de ese Consejo.
El Consejo lo acogió, pero eso tenía que ir a Gabinete, donde el martes siguiente se decidió lo que propuso Mulino –no Varela–, que fue irse por la recuperación por vía de bien oculto. Eso se decidió tras un largo debate, y todos votamos a favor. Fue unánime. En la reunión del Consejo de Tierras nunca se habló de arreglar absolutamente nada con Segura. De hecho, dije que no se indemnizará.
Esto obviamente es una táctica de Varela para tirar una cortina de humo, desviar la atención y obviar la pregunta que se hacen todos los panameños, que es: ¿por qué insistió en pagar 1.8 millón de dólares por un terreno en Chilibre que el año pasado costaba menos de 300 mil dólares? Ya es hora de que Varela deje de usar el terreno de Paitilla, tema que ya está en el Ministerio Público, para evitar responder la pregunta de quién se iba a quedar con ese 1.5 millón de dólares restante.

Niegan versión

La jefa de la Anam, Lucía Chandeck, quien dijo que estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional de Tierras de la Anati, negó categóricamente que el ministro Papadimitriu hubiese dicho que Villamonte actuó por órdenes superiores en la cesión gratuita del relleno de Paitilla. “Ese señor miente”, dijo. Las palabras de Chandeck fueron secundadas por Sygrid Barragán, técnica de la Anam, que la acompañó en esa reunión.


Carles pide al Presidente que ‘reoriente el timón del Gobierno’

REDACCIÓN DE PRENSA.COM
LA PRENSA/Archivo
Luis Ernesto Carles, exviceministro de Gobierno
El exviceministro de Gobierno, Luis Ernesto Carles, exhortó este lunes 19 de septiembre al presidente de la República, Ricardo Martinelli, a que “reoriente” el timón del Gobierno.

Según Carles, esta acción por parte del mandatario permitirá “fortalecer la democracia del país”, al tiempo que denunció que se están dando ataques contra distintos sectores de la sociedad, como periodistas y empresarios.

Asimismo, el exviceministro comentó que en el Gabinete hay gente buena que quiere trabajar, y otra que solo se encarga de investigar a los demás. Carles, militante del Partido Panameñista, aseveró que estas últimas personas solo quieren buscarle “la quinta pata al gato”.

TERRENO EN PAITILLA 

En TVN Noticias, Carles se refirió también al escándalo por el relleno cedido gratuitamente en Paitilla. El exviceministro dijo que, sobre ese tema, “hay que hablarle con la verdad al país”.

Aseguró, además, que este “no es un tema político” o para afectar la imagen o dignidad de alguien en particular. Dijo que, por el contrario, busca enviar el mensaje de que los servidores públicos deben hacer bien las cosas.

En cuanto a esta polémica, Carles explicó a La Prensa, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, pidió que “por órdenes del Presidente” no se juzgara la actuación de la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras Anabelle Villlamonte en la cesión gratuita del relleno de Paitilla, porque ella “recibió órdenes superiores”




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