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Durante 13 días, el Consejo de Gabinete mantuvo oculto el proyecto conocido como Ley 9 en 1 –ya convertido en la Ley 30– que reformó tres códigos y seis leyes de la República.
Fue en la noche del 26 de mayo pasado que el Gabinete aprobó el documento, según consta en la resolución 56, que lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y sus ministros de Estado. No obstante, el informe de la oficina de prensa de la Presidencia, sobre el Gabinete de ese día, no incluyó la aprobación del proyecto más polémico de su primer año de gestión. Días más tarde –y en medio de críticas de la sociedad civil organizada– Martinelli se defendió diciendo que a su proyecto le faltó “divulgación”.
El 7 de junio, cuando el ministro de Gobierno, José R. Mulino, presentó el proyecto a la Asamblea, también ocultó su contenido. En la exposición de motivos solo se refirió a que se reformaría la ley de aviación comercial. Fue el 8 de junio, cuando el proyecto apareció en el sitio web de la Asamblea, que se conoció que el texto incluía reformas laborales, penales y de derechos humanos.
Carlos Gaznell, de la Fundación por la Libertad Ciudadana, calificó esta situación como una mala práctica en la que han incurrido todos los gobiernos, y más –dijo– el que encabeza Martinelli.
Gaznell denunció que la falta de transparencia y divulgación de una ley con este tipo de reformas, que se incluyeron violentando procesos legales, representa una práctica peligrosa para la democracia.
La misteriosa ley 9 en 1
isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com
La Ley 30 del 16 de junio de 2010, que reformó los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, así como otras seis leyes nacionales, se concibió bajo el misterio de una reunión del Consejo de Gabinete del 26 de mayo de 2007.
Esa noche, la Secretaría de Comunicaciones del Estado envió a los medios un informe de prensa de lo aprobado por el Gabinete.
Una reforma al Código Fiscal para declarar una moratoria en el pago del nuevo impuesto de PH a los contribuyentes durante el primer cuatrimestre de este año, y una autorización a la Caja de Seguro Social para contratar directamente con el Patronato del Hospital del Niño la prestación de los servicios externos de pediatría a los menores de 15 años, fueron los dos temas que se incluyeron en el informe.
El 30 de mayo circularon los primeros rumores de parte de los sindicatos, de que el Gobierno preparaba un supuesto proyecto 4 en 1 para aprobar cuatro temas en una sola ley.
La ministra de Trabajo, Alma Cortés, salió al paso y desmintió a los sindicatos.
El 4 de junio pasado, la misma ministra Cortés anunció que el Gobierno presentaría reformas al Código de Trabajo, pero a partir del 1 de julio, durante las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
Ese mismo día el presidente, Ricardo Martinelli, mediante el decreto Ejecutivo 463 extendió las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional del 7 de junio hasta el 25 de junio. Solo se abordarían tres temas: un proyecto de ley para promover la aviación comercial; el que tipifica la desaparición forzada y la tortura como delito, y otro que modificaba el Código Fiscal.
Mulino presenta ley
Tres días después de lo que dijo Cortés, el 7 de junio, el ministro de Gobierno y Justicia, José R. Mulino, fue al pleno de la Asamblea Nacional a presentar el proyecto de ley de aviación comercial. Se añadieron dos ratificaciones de funcionarios.
Sin mediar palabra, Mulino entró al pleno legislativo. Solo le tomó 20 minutos leer la exposición de motivos y explicar el objetivo del proyecto: “promover el desarrollo de la aviación comercial para que Panamá se convierta en punto de destino de más de 60 naciones”.
Mulino terminó su intervención en el pleno, se tomó la respectiva fotografía con José Luis Varela, presidente de la Asamblea. Luego se retiró sin dar mayores detalles del proyecto.
Al día siguiente apareció el proyecto en la página web de la Asamblea. Quedó al descubierto que el ministro Mulino había ocultado información sobre el contenido total del proyecto, que recibió el número 177 por la Secretaría de la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley No. 177 consistía en 30 artículos, pero solo 10 se referían a la aviación comercial. El resto de los artículos trataba de reformas al Código de Trabajo, al Penal y al Judicial. Se modifican seis leyes: la orgánica de la Policía Nacional, la Ley General de Ambiente, Y la Ley de Contrataciones Públicas.
También modificaba la ley marco regulatoria de los servicios públicos, la ley que crea el Tribunal de Cuentas y la ley de aviación.
El proyecto reformaba el Código de Trabajo para limitar el derecho a huelga a los trabajadores y la ley ambiental para eliminar la evaluación ambiental oficial.
Modificaba la ley de la Policía para exonerar a los agentes del arresto preventivo, en caso de que fuesen acusados de algún delito cometido en el ejercicio de sus funciones.
Después de conocer los contenidos más polémicos del proyecto No. 177, las reacciones de sindicalistas y activistas del medio ambiente no se hicieron esperar.
Debate acelerado
Toda esa semana, el debate se intensificó tanto en las calles como en los medios.
El proyecto fue enviado por los asesores de la Asamblea a la Comisión de Transporte, dirigida por el diputado oficialista Marcos González. El mismo que había acusado al ministro Mulino de corrupción por apadrinar las acciones de su asesor Eduardo Alfaro, en supuestas irregularidades con reclusos en las cárceles.
El martes 8 no hubo actividad en la Asamblea. El miércoles 9 empezó el primer debate.
Con más de media hora de retraso se dio inicio a la sesión.
El diputado Marcos González solo dio cinco minutos a los más de 30 voceros de organizaciones que se presentaron a la Comisión de Transporte a pedir el retiro del proyecto.
En tres horas, los diputados oficialistas Luis Eduardo Quirós, Francisco Ríos (suplente de Manuel Cohen) y también Marcos González y Carlos Afú hijo (suplente de Carlos Tito Afú), de Cambio Democrático, aprobaron el proyecto 177 en primer debate.
No escucharon los argumentos de los representantes de sindicatos y de los ambientalistas sobre los efectos negativos del proyecto.
Las cosas fueron más polémicas cuando el proyecto llegó al pleno legislativo.
El presidente de la Asamblea, José Luis Varela, ordenó la expulsión de los obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y ambientalistas del recinto legislativo.
En las afueras de la Asamblea, los sindicalistas y los ambientalistas protestaban mientras que adentro los diputados aprobaban artículo por artículo, sin pedir cortesía de sala para ministros y directores de entidades involucrados en las reformas que incluía el proyecto.
El jueves 10 de junio, el mandatario Ricardo Martinelli salió de viaje a Grecia en compañía de su ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.
El viernes 11 de junio, y a puertas cerradas, el proyecto fue aprobado en segundo debate con 41 votos a favor y 16 en contra.
El sábado 12, sin mucha demora e igual que el día anterior –a puertas cerradas–, la bancada oficialista aprobó el proyecto sin hacerle mayores cambios a lo que presentó el Ejecutivo.
Más de 60 organizaciones sindicales y sociales se organizaron en la semana para enfrentar el proyecto no. 177. Pedían al Presidente que la vetara.
Martinelli regresó el martes 15 de Grecia, y el miércoles 16 de junio sancionó y promulgó en la Gaceta Oficial la Ley 30 de 2010, ignorando el clamor ciudadano de que se vetará la ley.
Los más de 60 sindicatos y organizaciones sociales y ambientales opuestas a ley realizaron una marcha para exigir la derogatoria de la Ley 30. La primera protesta multitudinaria que enfrenta Martinelli a pocos días de cumplir su primer año de gobierno.
Martinelli reiteró que no la derogará y ahora los gremios sindicales, docentes y médicos calientan motores para realizar una huelga.
Las organizaciones opuestas a la ley 9 en 1 preparan acciones contra la Ley 30: el lunes 21, la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en la Corte; el 24 realizarán una asamblea de dirigentes, y para el 29 de junio se preparan para una marcha nacional contra la Ley 30.
Moncada Luna será el ponente
El abogado Ernesto Cedeño presentó ayer ante la Corte Suprema la primera demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30 de 2010, mejor conocida como ley 9 en 1.
En el reparto hecho ayer le correspondió al magistrado Alejandro Moncada Luna ser el ponente de esta demanda, y de todas las que se presenten en los próximos días contra esta legislación, según informó un comunicado de la Corte Suprema.
El mandatario Ricardo Martinelli nombró magistrado a Moncada Luna.
El secretario de derechos humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán y el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Rogelio Cruz, anunciaron que este lunes 21 presentarán otra demanda de inconstitucionalidad contra esta ley. Ellos representarán a los más de 60 gremios sindicales, sociales y ambientalistas que piden la derogatoria de la ley.
Isidro Rodríguez
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