Santiago Cumbrera
PA-DIGITAL
La fecha de cumpleaños que el mandatario Martín Torrijos le puso al Transmóvil no se cumplió.
Se trata de la ley de pesos y dimensiones de los vehículos de carga, la ley de retorsión que aplica a los países que mantienen medidas discriminatorias contra Panamá en materia financiera y la ley por la que se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
Peso de los buses.
La primera de ellas se refiere al peso bruto de los autobuses. Mientras el pliego de cargos exige que las unidades no deben superar los 18,500 kls, la Ley 10 del 24 de enero de 1989, que adopta medidas sobre pesos y dimensiones de los vehículos de carga, establece que el peso bruto no debe sobrepasar los 14,000 kls.
Esta observación la hizo una de las empresas que participó en la homologación de los pliegos el pasado 29 de diciembre bajo el temor de ser descalificada posteriormente.
A esta inquietud, el director de la Autoridad de Tránsito, Heraclio Batista, respondió que "esa ley trata exclusivamente de transporte de carga".
Sin embargo, una vez le citaron el artículo 7 que incluye a los vehículos de pasajeros, Batista dijo que "ese punto está contemplado para las próximas correcciones, pues esa ley se quedó obsoleta".
Ley de retorsión.
La segunda normativa infringida es la Ley 58 del 12 de diciembre de 2002, conocida como Ley de Retorsión. Esta norma establece que ninguna empresa, cuyo país de origen aplique sobretasas o impuestos adicionales a todas las transacciones que procedan de Panamá como castigo por ser un "paraíso fiscal", podrán participar de un acto público convocado por una entidad panameña.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá continúa dentro de listas fiscales de países como México, Venezuela, Brasil, Argentina, España e Italia, que mostraron interés por el proyecto.
El abogado Rolando Reyna, representante de uno de los consorcios, advirtió que "esa ley es una espada de Damocles, puesto que si una empresa de esos países se ganó el acto, la pueden poner en aplicación posteriormente".
Finalmente, el pliego de cargos viola la Ley 42, en la que se dispone que todos los nuevos buses deben tener facilidades para las personas discapacitadas.
Empresarios reaccionan ante supuestas anomalías
La aplicación de la ley de retorsión es una de las que más preocupa a los empresarios interesados en suministrar los 420 buses.
Rolando Reyna, de Reyna & Asociados, sugirió que si esa norma no está regulada, se rija con los parámetros de no retroactividad para evitar que el acto se lo den a otro y eliminar a quienes puedan ganar.
La Autoridad de Tránsito afirmó al pliego de cargos un formulario de declaración jurada, en la que la empresa interesada en la licitación promete que no procede de un país al que se le aplica esta ley.
“Esto no es suficiente y debió quedar más explícito para evitar problemas subsecuentes”, sostuvo Reyna, e insistió en que esto puede ser motivo de descalificación.
En tanto, el representante de Cardoze & Lindo pidió -en el acto de homologación- aclaración sobre la cantidad de buses que deben contar con dispositivos para discapacitados.
Allí, el director de la Autoridad de Tránsito, Heraclio Batista, dijo que el 10% de los 420 buses, pese a que le ley exige que sea el 100%.
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