Amada Racero
Colón, Colón
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Es un sector que solo aporta el 1.1% al Producto Interno Bruto de Panamá y que en 2007 reportó 193 millones de dólares al Gobierno central, según registros del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).
Pero, más allá de los aportes que ofrece a la economía nacional, los impactos de la extracción minera se sienten en los estragos y el desequilibrio ecológico que ocasiona en el país.
En la provincia de Colón se han otorgado nueve contratos de concesión para la exploración y explotación minera en los últimos cuatro años.
Cinco contratos son para explotación de arena y nueve para piedra de cantera, caliza y tosca, grava continental y manganeso.
Todo ese mineral se extraerá de un área territorial de más de 2 mil 500 hectáreas de la provincia atlántica.
Esta actividad minera se desarrolla en los corregimientos de Nombre de Dios y Viento Frío, distrito de Santa Isabel, así como en los corregimientos de Miguel de la Borda, Nueva Providencia, Limón, Buena Vista y Nuevo San Juan, distrito de Colón, entre otros.
Diana Polo, líder de un grupo de moradores del corregimiento de Miguel de la Borda, costa abajo, calificó de perjudicial la forma en que se está llevando a cabo la explotación minera. Polo dijo que la comunidad se opone a la explotación minera de arena submarina y ahora de manganeso y cobre, áreas recién concesionadas.
“El año pasado sufrimos los embates de los oleajes, producto de una concesión de extracción de arena submarina que dio el Gobierno a una empresa y que tuvo que ser suspendida” por presiones de la comunidad, dijo Polo.
Los residentes, no solo de Miguel de la Borda, sino de los corregimientos de Palmas Bellas y Piña en el distrito de Chagres, también de la costa abajo, manifiestan que son víctimas de la explotación minera, especialmente de grandes empresas que se dedican a la extracción de arena submarina.
“Vemos barcazas a lo lejos, y en las noches, la tierra tiembla por los trabajos que se hacen en alta mar”, anotó Polo. Y todo esto ocurre ante la complacencia de las autoridades, que entregan permisos para que grandes camiones saquen arena de las playas.
Hace cuatro años, producto de las secuelas que dejó la extracción de arena, el mar casi se lleva los pueblos de Palmas Bellas y Piña, dijo Ángel Samaniego, un residente en Palmas Bellas.
Costa Arriba
Los moradores del distrito de Santa Isabel, en la costa arriba de Colón, en varias ocasiones han alzado su voz de protesta por la explotación minera y la extracción de arena en la región.
Los corregimientos de Cuango, Nombre de Dios, Palenque y Viento Frío, en este distrito costeño, son los más afectados por la explotación minera, tanto legal como ilegal, según denuncian sus moradores .
Martín Vidal, residente en el corregimiento de Nombre Dios, dijo que ha solicitado la suspensión de toda actividad minera y extracción de arena, porque la comunidad teme que la situación se agrave como le sucede a los pueblos Palmas Bellas y Coclecito en la costa abajo.
Los moradores han conversado con las autoridades, pero de no recibir una respuesta de que se suspendan las concesiones, están dispuestos a tomar otras acciones de presión, como cerrar la vía transístmica en el área de Sabanitas.
En Nombre de Dios se pretende sacar oro de yacimientos utilizando cianuro, además de la extracción de arena que ya está en marcha en los corregimiento de Cuango y Viento Frío.
Ignorados
Las autoridades de los distritos de difícil acceso y, en su mayoría, subsidiados, como Chagres, Donoso y Santa Isabel, aseguraron que no tienen participación en la entrega de las concesiones. Es la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) el que las otorga sin la participación de las autoridades locales.
El ex alcalde de Donoso Feliciano Villarreta dijo que pese a que se mantiene suspendida la extracción de arena, se programa explotar oro en la mina Iguanero, sin antes haber analizado el impacto que tendrá para la población.
Por su parte, la alcaldesa del distrito de Santa Isabel, Yira Molinar, dijo que la Autoridad Nacional del Ambiente y el Mici tienen que explicarle a las comunidades la forma en que se han otorgado las concesiones y si se ha tomado en cuenta el daño ecológico que se ocasiona.
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