Edgar Enrique Figueroa
efigueroa@prensa.com
Los puntos pendientes sobre el nuevo reglamento de seguridad en las construcciones volverán a ser tema de debate este jueves a las 3:00 p.m., ya que el Suntracs y la Cámara Panameña de la Construcción no llegaron a acuerdos anoche durante la reunión en la Defensoría del Pueblo.
Saúl Méndez afirmó que hoy no habrá tranque de vías y que solo repartirán volantes.
El ministro Edwin Salamín dijo que está de acuerdo con seguir debatiendo sobre los puntos sin consenso.
Gobierno cobrará al Suntracs
El ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado, fue terminante ayer al insistir en que todo cierre de calle es considerado una protesta violenta –pues vulnera el derecho al libre tránsito de la ciudadanía– y como tal será atendida por la Policía Nacional.
Delgado ofreció una conferencia de prensa a las 7:00 a.m., hora en que comenzaban a difundirse en la capital informaciones sobre nuevos disturbios promovidos por obreros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), datos que al final fueron inciertos pues no hubo violencia, a no ser por un rápido cierre de vías en la 24 de Diciembre.
El ministro aprovechó la coyuntura para exhortar a la dirigencia del sindicato a que proteste pacíficamente.
Y al hacer un recuento de lo sucedido la semana pasada, lamentó que nueve funcionarios de la Policía Nacional (PN) resultaran heridos en los disturbios, y otros cinco fueran abaleados en los eventos que sucedieron a la muerte del obrero colonense Al Iromi Smith, el martes pasado.
Además, Delgado anunció que por primera vez el Gobierno buscará –a través de querellas– que el Suntracs pague por los daños causados.
Precisó que las pérdidas en la PN suman unos 160 mil dólares, sin incluir los vehículos dañados, mientras que en el Ministerio de Obras Públicas alcanzan otros 90 mil dólares.
Asimismo, habló de más de 200 mil dólares en el caso del Municipio de Panamá, cifra que en realidad alcanzó los 260 mil dólares, según precisó luego el alcalde Juan Carlos Navarro.
Delgado dijo que cada una de las entidades afectadas realiza auditorías internas, para luego acudir ante las autoridades competentes a formular las querellas correspondientes.
En ese sentido, Navarro precisó que esta misma semana presentará una demanda ante el Ministerio Público, para que ubique y sancione a los responsables del destrozo de paradas y otros inmuebles propiedad del municipio.
A su juicio, el Ministerio Público tiene que hallar a esas personas y hacerlas pagar por los daños.
Por su lado, el secretario general del Suntracs, Genaro López, respondió que ese gremio pagará todos los gastos que se le atribuyan; es decir, las multas y las pérdidas de la alcaldía y del Ministerio de Obras Públicas.
Sin embargo, preguntó al Gobierno quién pagará por la vida de los obreros muertos.
En tanto, el secretario de Organización del sindicato, Saúl Méndez, denunció ayer en la Defensoría del Pueblo que durante los disturbios del pasado martes en Colón otros dos obreros fueron víctimas de la Policía, que les disparó por la espalda.
Y en medio de las discusiones por el reglamento de seguridad, que prosiguieron anoche, el obrero Jorge Igualá, de 25 años, sufrió fracturas y traumatismos en diferentes partes del cuerpo, luego de caer desde el piso 46 hasta el nivel 39 del proyecto Sky, frente al Club de Yates y Pesca.
Dirigentes del Suntracs informaron que Igualá cayó por el hueco del ascensor tras subir a una improvisada escalera.
Medidas judiciales
Por otra parte, el Ministerio Público informó que ayer liberó a 49 de los 50 obreros que fueron detenidos tras los disturbios de la semana pasada y puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar.
Fuentes de ese despacho indicaron que a estas 49 personas no se les formuló cargos, pues no había pruebas suficientes en su contra. Al obrero número 50, empero, se le acusó de daños a la propiedad privada y se le dictó una medida cautelar de presentación cada 15 días. También quedó libre.
Se explicó que a este último obrero sí se le comprobó su participación en los desórdenes, gracias a fotografías y videos entregados a la fiscalía por parte de diferentes medios de comunicación social.
Por otro lado, los siete extranjeros aprehendidos en las reyertas ya fueron deportados a su países (Colombia, Venezuela y Nicaragua), según confirmaron fuentes de Migración.
(Con información de José Otero, Edgar Enrique Figueroa y Rafael Luna Noguera).
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