Herrera, en nueva polémica

ANTIAGO FASCETTO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
sfascetto@prensa.com

El día que Hugo Torrijos, en nombre de la antigua Autoridad Portuaria Nacional, firmó el contrato con la empresa See Buy & Sail Company (hoy High Class Construction Company Inc) ya se había anunciado que se privatizarían los puertos de Balboa y Cristóbal.

Torrijos firmó el contrato con la hoy empresa de Balbina Herrera el 16 de mayo de 1996. Y el propio Torrijos publicó un artículo pagado en los medios –seis meses antes– anunciando que se había iniciado el proceso para privatizar los puertos. En otras palabras: Torrijos, actual asesor de la campaña de Herrera, firmó el contrato con High Class Construction Company sabiendo que iba a ser cancelado en pocos meses. “A esa empresa se le había dado el contrato cuando se sabía que se iba a privatizar el puerto”, confirmó ayer Raúl Hernández, ex presidente de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El contrato tenía una cláusula que habilitaba a la empresa a reclamar una indemnización por la cancelación anticipada de este.

“Lo que más me llamaba la atención era que se pedían indemnizaciones, pero la mayoría de las empresas perdía plata”, dijo ayer en W Radio, Hernádez quien asumió la presidencia de la AMP en mayo de 1998.

Reveló que, en su gestión, en dos ocasiones Herrera fue a su oficina para exigirle que se indemnizara a todas las empresas por igual. Y que pidió que cada una “cobre 2 millones de dólares”.

Herrera niega favoritismo

La candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera, negó ayer algún tipo de favoritismo por el pago de 573 mil 202 dólares que realizó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a una de sus empresas el 3 de diciembre de 2008.

Herrera dijo que la indemnización que recibió una de sus empresas, High Class Construction Company Inc, es “justa” porque desde hace nueve años está involucrada en un proceso legal que terminó con un fallo de la Corte Suprema de Justicia el 20 de julio de 2001.

“Mis abogados estuvieron por nueve años trabajando duro para poder que se lograra. Esto refleja el problema de la administración de justicia”, dijo.

De acuerdo con la AMP, el pago se realizó por la anulación del contrato de concesión que tenía See Buy & Sail Company –ahora High Class Construction Company Inc– en el puerto de Cristóbal y que quedó sin efecto cuando el Estado le entregó en concesión a Panama Port los puertos de Balboa y Cristóbal, en 1997.

Pero no solo esa empresa quedó fuera del negocio con la llegada de Panama Port: otras 28 sociedades debieron suspender sus operaciones y pidieron recibir indemnización, pero no cobraron ni un dólar, pues –según la AMP– no presentaron el reclamo en el plazo fijado.

“No hay nada pecaminoso. De haber querido hacer algo incorrecto, no lo hubiese hecho público en mi declaración de bienes”, agregó la candidata.

High Class Construction Company vendía mercaderías varias, en dos locales del puerto de Cristóbal (Colón), y al inicio de sus actividades su cara visible era el ex esposo de Herrera, Mohamed Lafi Hamdan.

La oposición, por su parte, criticó el pago de más de medio millón de dólares que se le realizó el Gobierno a Herrera en plena campaña electoral. “Con el regalo de medio millón de dólares hecho por la AMP a Balbina Herrera, entendemos por qué los políticos del PRD entran pobres al Gobierno y salen millonarios”, cuestionó Roberto Henríquez, vicepresidente de Cambio Democrático (CD).

Henríquez criticó el hecho de que el Gobierno solo le pagó a dos empresas –una de ellas la de la candidata oficialista– cuando en realidad otras 28 sociedades debieron cancelar su contrato de concesión con la llegada de Panama Port.

“Es una vergüenza que no hay dinero para los jubilados ni para escuelas ni hospitales, pero el PRD se sigue repartiendo el producto de nuestros impuestos entre su cúpula”, amplió Henríquez.

La empresa operó la mayor parte de su tiempo con números rojos: durante 1996 arrojó pérdidas, y solo en los cinco meses de 1997 que pudo operar –antes de la cancelación de su contrato– ganó dinero. Herrera insistió, mediante un comunicado, que “tuvo que esperar con mucha paciencia” el cobro de los 573 mil 202 dólares. Y agregó que se sometió al proceso de cobro “al igual que cualquier panameño”.