Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com
En el proceso penal por la quiebra del Grupo Fotokina –que afectó 21 bancos y dejó pérdidas cercanas a los 32 millones de dólares– el término para la prescripción del caso ha sido suspendido.
Autoridades de Estados Unidos (EU) informaron a Panamá, a través de la Oficina del Tratado de Asistencia Legal Mutua, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, que lograron notificar, personalmente, al empresario Ram Choithram Nandwani, quien se halla en la ciudad de Miami, EU, de la apertura de causa criminal en su contra.
El pasado 14 de marzo de 2008, la jueza quinta penal, Zulay Rodríguez, resolvió llamar a juicio a Murli Kishinchand, Uttan Choitrhan Nandwani y Ram Choitrhan Nandwani por la supuesta quiebra del citado grupo comercial.
ORDEN DE ARRESTO
Un mes después, la jueza ordenó la detención con fines de extradición de Ram Nandwani, tras comprobar que el empresario incumplió la medida cautelar de notificarse a ese despacho los lunes y viernes de cada semana, beneficio que gozaba desde el 19 de abril de 2006.
Fuentes oficiales del Órgano Judicial consultadas coincidieron en señalar que, con la notificación formal de Nadwani, en EU, se cumple la etapa previa para que el Juzgado Quinto entre en el proceso para fijar la fecha de audiencia.
Tal notificación se produce a poco menos de un mes de que este proceso entrara en la fase de prescripción, ya que el próximo 11 de junio se cumplirán seis años de que el Juzgado Decimoséptimo, ramo civil, declaró el 11 de junio de 2002 en "formal estado de quiebra" al Grupo Fotokina, a pedido del Banco Continental.
Mientras ello ocurría en EU, en Panamá el Segundo Tribunal Superior, bajo la ponencia de Joaquín Ortega, declaraba legal la orden de detención contra Ram Nandwani, girada por el Juzgado Quinto y que había sido apelada por el equipo de defensa del empresario.
TRIBUNAL EN PANAMÁ
Al resolver el hábeas corpus contra su arresto, con fecha del 14 de mayo de 2008, el magistrado Ortega consideró que Ram Nandwani tenía pleno conocimiento del sumario que se le seguía por quiebra fraudulenta y aún así salió del país, alejándose del proceso durante estos últimos dos años. Eso, añadió, "nos permite deducir su desinterés en el proceso".
Alegar, a estas alturas del proceso, problemas de salud, dijo el magistrado, no es excusa para justificar el incumplimiento de la medida cautelar a él impuesta, sino que denota el poco respeto del procesado a las resoluciones judiciales.
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