Rafael Luna Noguera
José Somarriba Hernández
panorama@prensa.com
Son las 11:00 p.m. y en los multifamiliares de Barraza no se ve ni un alma. Sus habitantes se han recogido ya y se preparan dentro de sus apartamentos para un merecido descanso. De pronto, dos hombres aparecen en la puerta de uno de los edificios, al final de calle 15, y comienzan a preparar lo que desde lejos parece un delito.
No saben que los observan. Uno enciende un cigarrillo, mientras que el otro realiza una llamada a través de su celular. Luego, este último cuelga, regresa al edificio y vuelve a salir, solo que esta vez lleva una pistola en la mano.
En San Felipe, a varios kilómetros de allí, un agente de la Policía Nacional (PN) monitorea sus pasos a través de una cámara de vigilancia. Al ver la pistola, el funcionario activa una alarma, notifica la novedad por radio y en pocos minutos se presentan en el sitio varios motorizados del grupo Lince.
Incrédulos, como quien se vuelve presa de un cazador inesperado, invisible, los dos hombres son detenidos y despojados del arma.
Hoy, una semana después de ese hecho, la PN no sabe con certeza qué pasó con ellos, pero sus autoridades están seguras de haber retirado un arma de las calles y con ello evitado un delito.
2592 horas de grabación
El episodio descrito forma parte de las muchas operaciones que ha efectuado la PN desde diciembre pasado, fecha en la que se puso en marcha el programa de video vigilancia policial.
Desde ese momento y hasta el pasado jueves, cuando este diario hizo un recorrido por el centro de operaciones de San Felipe, las cámaras llevaban por lo menos 2 mil 592 horas de grabaciones.
En ese tiempo, la PN se ha valido de las cámaras para decomisar armas de fuego en calle Uruguay; detener policías de tránsito que recibían coima en la Avenida Balboa; frenar una riña en Vía Porras; atender choques en semáforos de Vía España; y sorprender a más de 100 personas que deambulaban en actitud sospechosa por áreas comerciales y cercanas a bancos, entre otros procedimientos.
Asimismo, ha remitido al Ministerio Público y a los tribunales 45 filmaciones –17 en 2007 y 28 en lo que va de 2008– que han sido incorporadas como pruebas en expedientes de casos penales.
Según el teniente Carmelo Chéry, miembro del equipo que tiene a cargo la ejecución del programa, entre esos casos figuran homicidios, como el ocurrido el sábado 29 de marzo en Coco del Mar, donde dos hombres fueron ajusticiados dentro de un vehículo; o como la privación de libertad de un empresario cubano-americano reportada en Costa del Este, el jueves 3 de abril pasado.
Pero también figuran casos de accidentes de tránsito, como el de un hombre –cuya identidad no fue revelada– quien afirmó que se había volcado en su vehículo tras ser chocado por otro carro, pero cuando al revisarse las grabaciones quedó demostrado que el denunciante manejaba y al mismo tiempo hablaba por su celular y, en un descuido, chocó contra un sedán estacionado al borde de la vía y por esa razón se volcó.
Ojos que no duermen
Cumplidas las dos primeras etapas del programa –de instalación, que comenzó en agosto de 2007, y ahora de ejecución–, actualmente están operativas 264 cámaras de video vigilancia, distribuidas en El Chorrillo (9), Santa Ana (6), San Felipe (10), Bella Vista (56), Calidonia (32), Bethania (53), San Francisco (45), Pueblo Nuevo (21) y Parque Lefevre (32).
Según Chéry, el sistema funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y es operado por grupos de cinco funcionarios que se rotan en turnos de seis horas.
Cada una de las 264 cámaras graba imágenes en tiempo real, que son almacenadas por tres meses, luego de lo cual son desechadas.
Del total de las cámaras, 46 tienen dispositivos que permiten a los ciudadanos comunicarse con los operadores en caso de emergencia.
Al pulsar el botón del dispositivo, la cámara se dirige hacia donde está la persona y se activa una línea a través de la cual es posible hablar con los funcionarios en tiempo real.
Estos dispositivos, a su vez, están conectados con el número 104 de la Policía y con las zonas policiales, lo que hace posible que el operador dirija la emergencia a quien más cerca se encuentre.
Proyecciones
Hasta este momento, las cámaras están instaladas en lugares cercanos a centros comerciales, bancos y zonas de mayor incidencia delictiva.
El propósito a corto plazo, sin embargo, es ampliar su cobertura a San Miguelito, Don Bosco, Tocumen, Juan Díaz, Pedregal y el área canalera. También se prevé instalar más cámaras en San Felipe y a mediano plazo llevar el programa a Colón y David. La ampliación debe comenzar en mayo próximo, según Chéry.
Por otra parte, la Policía requiere ampliar las oficinas del centro de operaciones de San Felipe y asignar, por lo menos, dos o tres funcionarios más al monitoreo.
En estos primeros tres meses de operaciones, solo se ha registrado un caso de daños menores en una de las cámaras. Ocurrió en El Chorrillo y, aunque maleantes le dispararon al aparato, solo lograron afectar su cubierta exterior.
Son las 11:00 p.m. de otro día y en los multifamiliares de Barraza no se ve ni un alma.
El sistema debe tener un buen soporte técnico
Para Milton Castillo, subcomisionado jubilado de la Policía Nacional y asesor de seguridad bancaria, el programa de video vigilancia permite a las autoridades economizar tiempo, personal y recursos, y si se le usa correctamente, con un buen soporte técnico, sin duda da buenos resultados.
No obstante, Castillo señala que deben instalar más cámaras, sobre todo en el aeropuerto de Tocumen, que, incluso, debería estar interconectado con las autoridades policiales y judiciales de Colombia, México y otros países de la región. "Hay tecnología que puede utilizarse para evitar el ingreso en el país de ciudadanos peligrosos y esta podría ser una de ellas", dijo.
En su opinión, es imperativo que el sistema cuente con el soporte técnico adecuado, de modo que un pequeño daño no ocasione el colapso de toda la red, tal como ocurre en algunos bancos que, al momento de un robo, tienen los sistemas de seguridad y las cámaras desconectadas.
Por otro lado, Castillo considera que deben instalarse cámaras en la autopista de Arraiján-La Chorrera, así como en los corredores norte y sur.
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