Tuesday, February 12, 2008

Pedro Miguel reconoce fricciones con Torrijos


Leonardo Flores
lflores@prensa.com

El presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, reconoció ayer que hubo distanciamiento y fricciones con el presidente de la República, Martín Torrijos, y fracciones del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).

"Lógicamente que con lo que ocurrió el 1 de septiembre en la Asamblea y los conflictos que han podido generarle al país, al partido o al gobierno, pudo haber surgido algún tipo de distanciamiento y fricciones, pero es un tema que estamos superando", dijo González.

El pasado 1 de septiembre de 2007, González fue elegido presidente del Órgano Legislativo por la mayoritaria bancada oficialista, en medio de la presión del Gobierno estadounidense que lo acusa del asesinato del soldado puertorriqueño Zak Hernández, hecho ocurrido en 1992.

Además, diversos sectores políticos y empresariales pidieron su renuncia, luego de que altos funcionarios del Gobierno y senadores del Congreso de Estados Unidos manifestaran que estaba en peligro la ratificación del tratado de promoción comercial con ese país norteño.

"Reconozco el liderazgo, no solo en el tiempo que tuvimos en oposición o en gobierno, sino el liderazgo a largo plazo de la figura de Martín Torrijos como líder de nuestra generación. Nuestra relación es buena. Siempre lo fue. Hubo momentos de confusión alrededor del 1 de septiembre, pero poco a poco las aguas han vuelto a su nivel. El país tiene que caminar y el partido también", reiteró González.

Durante su discurso, en septiembre, González se pronunció a favor del restablecimiento de las partidas circuitales, y a finales de año obligó al Ejecutivo a hacer consultas de los decretos-ley.

Volanteo en Albrook por tarifa de pasaje

ACTIVIDAD. La Defensoría del Pueblo y el Comité 23 de Octubre repartieron volantes en la Terminal de Transporte de Albrook para informar a la ciudadanía sobre la apertura del período de consulta pública para el "Estudio técnico y económico del transporte público de pasajeros de lujo y ordinario de la ruta Panamá-La Chorrera".

Una nota de prensa de la Defensoría destaca que el estudio estará disponible para el debate ciudadano desde el miércoles 30 de enero hasta el lunes 18 de febrero. Durante este tiempo, quienes estén interesados en emitir su opinión sobre el aumento en el pasaje de esta ruta, podrán hacerlo.

Piden derogar decreto 203


José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

Nidia Donoso tiene 10 años de someter sus papeles a concurso para lograr un puesto titular en la escuela donde labora como interina hace ocho años.

Ella, al igual que cientos de sus colegas, se queja porque pese a haber estudiado y haberse ganado 105.5 puntos por títulos y grados académicos obtenidos, no está en los primeros puestos de las ternas que publica cada año el Ministerio de Educación (Meduca) para una plaza.

"Te afecta porque estudias, haces una inversión y cuando aspiras a un nombramiento, te gana un egresado de la [escuela] Normal que solo tiene ocho ó 10 puntos. Eso no es legal, no es lógico", se quejó Donoso.

Dijo también que los padres de familia deben estar claros en qué educador quieren para sus hijos: un bachiller que luego hace un postmedio, como en la escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena o una persona con licenciatura, postgrado o maestría, preparada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá (UP).

En tanto, el decano de esa facultad, José Antonio Luna, mencionó que esta situación –que en 2007 afectó a unos 200 egresados– podría generar cierre de calles, porque los estudiantes están dispuestos a luchar por lo que consideran una solicitud justa.

"Si queremos buscar una mejor calidad de la educación, ¿cómo es posible que retrocedamos a tener prioridad con quienes menos formados están?", cuestionó Luna.

Un maestro en la escuela Normal se forma con tres años de estudios pedagógicos y un año adicional. Un egresado de la facultad debe hacer cuatro años de licenciatura, profesorado y otros estudios.

Al final, añade Luna, pareciera no darse un real concurso docente.

GÉNESIS

Sidia Cárdenas, miembro de una comisión técnica de alto nivel nombrada por Meduca para la transformación de la educación, indicó que el problema es el decreto 203 de 1996 que aplican por encima de la Ley 47 de Educación de 1946.

"Ese decreto nos discrimina, por lo que pedimos que sea derogado, ya que ubica a los egresados de la UP en séptimo lugar para ser nombrados y en las primeras posiciones aparecen los graduados de la Normal", reiteró.

Además, lanzó un reto a Meduca para que haga pruebas entre la Normal y la UP, y se diga quién es el que está mejor capacitado para laborar.

En tanto, Anayansi Turner, abogada de 60 aspirantes de la UP que fueron descartados de las ternas, adelantó que llevarán este caso hasta el Comité Interamericano de Derechos Humanos. De los 60 reclamos, Meduca remitió ocho a la Corte Suprema.

"Este año preelectoral, a Meduca le conviene más nombrar a dos maestros de la Normal –que ganan 400 dólares mensuales cada uno– que a un educador graduado de la UP, que ganaría 800 dólares por mes", consideró Damaris Brenes, quien estudia profesorado.

En tanto el ministro de Educación, Belgis Castro, señaló que no puede violentar el Decreto Ejecutivo 203 de 27 de septiembre de 1996, que le impone una acción administrativa, pese a que él es profesor universitario.

Comercios, en período de gracia

Jovanka Guardia
jguardia@prensa.com

Dieciocho días después de sancionada la Ley No. 13 de 24 de enero de 2008, los propietarios de restaurantes, discotecas, bares y casinos están en "un período de gracia".

Mayanín Rodríguez, directora de Promoción del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que por tres meses las autoridades conversarán con dueños de comercios para que adecúen sus instalaciones a las exigencias de la norma en cuanto a fumar en ambientes cerrados y otros aspectos contenidos en la ley.

La funcionaria adelantó que en los próximos días se reunirá con miembros de la Asociación de Restaurantes y Bares del país, presidida por Rino Tamburrelli.

Por otro lado, Rodríguez mencionó que el año pasado se llevaron a cabo inspecciones en 359 locales. El 25% de los propietarios fue citado al centro de salud correspondiente por incumplir con el Decreto Ejecutivo No. 17 de 2005.

El área donde se presentó el mayor número de violaciones al decreto fue en calle Uruguay.

Datos del Minsa indican que cada año mueren 2 mil 300 personas por enfermedades derivadas del tabaquismo.

Gastos discrecionales suman $11.8 millones


Mónica Palm
mpalm@prensa.com

El presidente Martín Torrijos lleva gastos discrecionales por 11.8 millones de dólares en sus primeros 40 meses de gestión.

La cifra surge luego de que el Ministerio de la Presidencia divulgara los gastos de Torrijos en el último trimestre de 2007, que ascendieron a 1.1 millón de dólares. (Ver cuadro).

El mayor desembolso son 100 mil dólares a favor de Hospitales Nacionales, para saldar la cuenta de un paciente que no está identificado en las facturas expedidas por ese centro médico. Al respecto, se llamó al vocero presidencial Erich Rodríguez Auerbach, pero no atendió el requerimiento de este diario.

También hay 12 cheques (de 140 dólares cada uno) para cubrir gastos de alimentación y transporte de sobrevivientes del síndrome de insuficiencia renal aguda (sira), lo mismo que un "reembolso" de casi 14 mil dólares a favor de Lilianka Núñez, como parte de los trabajos de remodelación del Palacio de las Garzas.

Torrijos también entregó 10 mil dólares a Bayano Kamani, para cubrir gastos de entrenamiento, médicos, alimentación y transporte del atleta.

Suntracs anuncia protestas para exigir su reglamento


José Somarriba Hernández
jsomarriba@prensa.com

Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) piquetearon ayer frente al Ministerio de Trabajo (Mitradel) para exigir que sea aprobado el reglamento de seguridad y salud en la construcción.

El secretario general del Suntracs, Genaro López, dijo que en una reunión con el ministro de Trabajo, Edwin Salamín, se habló de 60 ó 90 días para aprobar el reglamento, lo que calificó como "un tiempo muy largo", porque esa ley se está discutiendo desde marzo de 2007. Mientras tanto, agregó, siguen ocurriendo los accidentes y se enferman los obreros.

López sostuvo que el Mitradel debió nombrar a 100 oficiales de seguridad, pero contrató solo a 80 con una partida extraordinaria, lo que es insuficiente.

El oficial se encarga de que se cumplan las normas de seguridad en los proyectos. Tiene que coordinar con los trabajadores y la empresa, cada mañana, el desarrollo de la seguridad de cada obra.

"En 700 obras que Suntracs atiende, no he visto ningún oficial todavía. Hay proyectos de menos de un millón de dólares en que esa figura la nombra la empresa, y en algunos de esos hay inspectores de seguridad. Pero, sin temor a equivocarme, un 98% no tiene", aseguró.

Explicó López que en aquellos proyectos de más de un millón de dólares, es el Mitradel el que debe contratar a esos oficiales.

Advirtió que, a partir de hoy, realizarán piquetes y volanteos en varios proyectos, sobre todo durante el mediodía.

El ministro Salamín dijo que en el tema de seguridad nadie puede excluirse "porque debe atenderlo quien genera el riesgo y quien se expone a este". El Mitradel empezó ayer –hasta el 14 de febrero– una jornada de capacitación sobre seguridad laboral.

Ola de criminalidad reúne a las autoridades


José Quintero De León
jquintero@prensa.com

Luego de las críticas lanzadas por el alcalde capitalino, Juan Carlos Navarro, sobre la ola de criminalidad que azota la ciudad y el país, el presidente, Martín Torrijos, convocó ayer a diversas autoridades con el fin de coordinar una serie de medidas que permitan afrontar la situación.

A la cita fueron el presidente del Órgano Judicial, Harley Mitchell; la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez; el ministro de Gobierno, Daniel Delgado; y los alcaldes de Panamá, Juan Carlos Navarro, y San Miguelito, Héctor Valdés Carrasquilla, distritos con el más alto índice de delitos.

Al concluir la reunión, que se dio a puerta cerrada, el ministro Delgado dijo que los principales puntos tratados fueron la situación de la Policía Nacional (PN) ante la falta de seguridad ciudadana; la lucha antipandillas; la mora judicial [que mantiene sin proceso a 60% de los privados de libertad]; y la implementación de la Ley 69 [por la que se creó la Dirección de Investigación Judicial dentro de la PN].

A la lista se sumó, agregó Delgado, la atención que debe prestarse a los menores afectados por la violencia intrafamiliar; acciones específicas en cuanto al uso de la fuerza y la presencia policial; actividades de tránsito, y otros aspectos.

Según el ministro, el análisis de estos temas permitirá establecer un plan de acción ciudadana –el cuarto en este gobierno–, como mecanismo de coordinación entre los estamentos a cargo de la custodia y prevención, para hacer efectiva la seguridad del ciudadano.

Delgado aseguró que este plan de acción ciudadana funcionará de forma permanente y prevé fortalecer tanto la seguridad como la administración de "una justicia rápida".

Fuentes oficiales dijeron que hoy habrá una reunión más amplia, que incluirá a autoridades de Desarrollo Social, la Iglesia y otros sectores de la sociedad.

En tanto la Iglesia católica, que en su última Conferencia de Obispos expresó su preocupación por la violencia que llena de luto y dolor los hogares panameños, citó a una conferencia de prensa sobre el tema para mañana en la Curia Metropolitana.

Ayer, el alcalde Navarro cuestionó, otra vez, el trato suave que se le da a los menores sicarios, y la espiral de violencia que en enero dejó 40 asesinatos, principalmente en Panamá, San Miguelito y Colón.

Fiscalía pide juicio para Saúl Méndez

José Otero
jotero@prensa.com

El Ministerio Público pidió llamamiento a juicio para el secretario de Organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, por la supuesta comisión del delito de atentar contra la seguridad pública.

En efecto, la Fiscalía Quinta de Circuito, a cargo de Ruth Morcillo, remitió la semana pasada al Juzgado Octavo de Circuito Penal las sumarias que instruía desde el año pasado, luego de que Méndez fuera acusado por Frederick Mayre de haberle entregado un arma de fuego y 500 dólares para que hiciera disparos hacia la Presidencia durante una marcha de protesta organizada por Frenadeso, el 16 de agosto de 2007.

Tras conocer la información, Méndez afirmó que no se esconderá y que por el contrario enfrentará el proceso.

El dirigente sindical calificó la denuncia de Mayre como una "farsa y un montaje" en su contra, fraguado por el gobierno y el Ministerio Público.

De acuerdo con su criterio, en las sumarias instruidas por la fiscal Morcillo no se recabó ninguna evidencia que lo involucre en el caso.

"Estamos dispuestos a enfrentar las acusaciones", dijo.

Méndez, quien rindió indagatoria en octubre de 2007, goza de una medida cautelar de libertad condicional.

Poder adquisitivo se desinfla


Marianela Palacios Ramsbott
marianelap@prensa.com

La reforma fiscal de 2005 fue apenas el inicio de una escalada de cargas tributarias y no tributarias que ha venido golpeando el bolsillo de los panameños en los últimos tres años. Producto de esa reforma y del crecimiento de la economía, el fisco recibió el año pasado mil 842 millones de dólares por concepto de ingresos tributarios, 597 millones ó 48% más que en 2004.

Pero eso no incluye el aumento de las cotizaciones a la Caja de Seguro Social (CSS), los impuestos municipales, los recargos que se aplicarán a los gastos de representación ni las tasas e impuestos "indirectos" que se sumarán a la lista de egresos de las familias panameñas este año.

"Yo saqué mi cuenta y no me gustó nada", dice Ernesto, un empleado bancario que gana mil dólares de salario y mil dólares por gastos de representación. Antes pagaba al Seguro Social 90 dólares al mes, y a partir del 1 de julio le tocará pagar 120 dólares. "Esos son 30 dólares más al mes y 360 dólares más al año. Bueno, más para ellos y menos para mi familia", lamentó.

Desde el 1 de enero de 2008, la cuota obrero patronal aumentó de 7.25% a 8% y, a partir del 1 de julio, aplicarán dicha cuota no solo al 25% del gasto de representación total que reciben algunos asalariados, sino al 50% de ese ingreso.

Y la situación de los profesionales y trabajadores independientes que ganan 9 mil 600 dólares al año es peor. A partir de este año, deben pagar a la CSS una cuota de 9.5% aplicada a la mitad de sus honorarios anuales. Si reciben, por ejemplo, 20 mil dólares al año, tendrán que aportar al seguro 998 dólares en 2008. En 2007 no pagaban nada.

A esto podría sumarse la nueva tasa de 1% que desde el pasado 1 de noviembre se aplica a los servicios de telefonía e internet en el país, con la que el Gobierno pretende financiar el sistema de emergencia 911.

No solo las empresas asumirán el cargo, sino los particulares que tienen internet.

Todos esos gastos adicionales implican otra reducción del poder adquisitivo, advierte el contador público Rubén Bustamante. Y también debilitan la capacidad que tienen las personas con ingresos medios de enfrentar la espiral inflacionaria que vive Panamá.

Producto de la inflación, el poder adquisitivo de los salarios panameños se ha reducido en 40 dólares en los últimos dos años, estimó el economista Aristides Hernández, presidente de la firma Latin Consulting.

Con las nuevas cargas salariales y la escalada de precios, hoy los panameños se tienen que conformar con comprar menos bienes y servicios, o con optar por opciones de menor calidad como sustitutos.

Desafortunadamente, todo parece indicar que esa realidad no cambiará pronto. Se estima que la inflación de 2008 será similar a la de 2007, de 4.2% anual, la mayor en 25 años. Y el Gobierno no tiene planes de hacer reformas tributarias que permitan ampliar el poder adquisitivo de la clase media, ajustando sus tasas o reconociendo la exoneración del impuesto sobre la renta a quienes ganan más de 800 dólares al mes.

Presidenciables venden otra reforma tributaria

Más de un presidenciable ha incluido en su menú de campaña el plato de una nueva reforma tributaria para aliviar las cargas de la clase media y los pequeños y medianos empresarios de Panamá.

Uno de ellos es Marco Ameglio, que prometió eliminar el cálculo alternativo del impuesto sobre la renta (CAIR) en sus primeros 90 días de mandato. La eliminación del CAIR también está en la agenda de Ricardo Martinelli y del banquero Alberto Vallarino, quienes, además, han anunciado que exonerarían del impuesto sobre la renta a todos los ciudadanos que ganen menos de mil dólares al mes.

En la actualidad, esa exoneración solo se aplica a los que reciben menos de 800 dólares mensuales. Juan Carlos Varela, por su parte, dice que reduciría los impuestos y aumentaría los salarios. También los líderes de los gremios empresariales han estado hablando del asunto. El presidente de la Cámara de Comercio, Domingo Latorraca, por ejemplo, recomendó al Gobierno revisar las tasas impositivas de todos los asalariados.

Taxistas suspenderían servicio por las noches


Jovanka Guardia
jguardia@prensa.com

El llamado de los transportistas del sector colectivo "de armarse" para combatir la ola de delincuencia, podría tener eco en el gremio de taxistas. Los conductores no descartan esta medida, así como la suspensión del servicio en horas de la noche.

Para Marcos González, dirigente de la Unión Nacional de Bases Taxistas (Unbat), el número de colegas asesinados desde el año 2000 a la fecha sustentan ambas propuestas. El detalle que manejan es de 79 muertos (selectivo y colectivo) en ocho años.

Las cifras son parte de un informe que Unbat dará a conocer mañana en conferencia de prensa y que incluye datos del Ministerio de Desarrollo Social y de la Policía Técnica Judicial (actualmente Dirección de Investigación Judicial).

González atribuye esta situación de inseguridad que viven los transportistas a la "incapacidad de las autoridades".

Lo que más le inquieta es que aunque en la mayoría de los asesinatos han estado involucrados menores de edad, solo cuatro de estos muchachos están recluidos en centros de resocialización.

ANTECEDENTES

Unbat agrupa a 8 mil 519 choferes de taxis y pertenece a la Cámara Nacional del Transporte (Canatra).

Precisamente este último gremio ha hecho pública la iniciativa de llevar armas para defenderse de los delincuentes.

Dionisio Ortega, secretario general de Canatra, dice que todo se hará "por lo legal", pues las personas que cumplen con los requisitos "pueden portar armas".

Mostró su descontento con quienes aseguran que esa no es la solución (pero no proponen nada concreto), porque "ya no vamos a poner más muertos".

La última palabra no está dicha todavía, coinciden el gremio selectivo y colectivo; sin embargo, Raúl Leis, sociólogo, opina que cuando en una sociedad los ciudadanos piensan en hacer justicia por cuenta propia "es señal de que las cosas andan mal".

Leis es uno de los que no apoya la iniciativa transportista porque considera que pasaremos de una "cultura de violencia a una cultura de violencia armada". Él apuesta por una política de seguridad pública de diversos actores.