Ciudad Marina y penínsulas para hacer negocios
La solicitud de Maritime City revivió el polémico capítulo de otorgamiento de concesiones y uso de fondo de mar en el país, que se pensaba había quedado sellado cuando Ricardo Martinelli derribó, a punta de mazazos, las construcciones que Jean Figali y otros empresarios habían hecho ilegalmente en propiedades del Estado en la zona de Amador. El empresario Rafael Bárcenas planifica levantar una ciudad privada en un relleno de 36 hectáreas en Amador. El MEF se opone, al tiempo que se proponen cambios a la ley de la Anati, que dejaría bajo su paraguas a Amador, un patrimonio de la nación que respalda el esquema de endeudamiento del país y es considerado por la calificación de riesgo actual.
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| SORPRESA. Castillero (Izq.), Duboy (centro) y Vallarino, en la reunión del pasado 29 de junio. Tomado de www.miviot.gob.pa |
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YOLANDA SANDOVAL
ysandoval@prensa.com
El viernes 15 de abril se abrió el telón que dejaría al descubierto la intención de empresarios allegados al presidente Ricardo Martinelli, de utilizar una parte de Amador con fines netamente privados.
Rafael Boli Bárcenas, junto al arquitecto Miguel López Piñeiro, convocó a un desayuno al que asistieron la secretaria ejecutiva de la Unidad de Bienes Revertidos, Liriola Pittí, y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Roberto Linares.
Allí, con una impresionante maqueta que hablaba por sí sola, Bárcenas explicó las interioridades de su monumental plan de inversión llamado Amador Ciudad Marina: dos penínsulas, adyacentes a la calzada, que albergarían un complejo residencial con marina, hotel, centro de convenciones y locales comerciales.
Su intención es levantar una lujosa ciudad en un relleno de 36 hectáreas en Amador y hacerse dueño del espacio público resultante. La extensión de tierra equivale a 22 centros de convenciones como el de Atlapa.
Tras la reunión con Pittí, Bárcenas encontró el primer escollo.
La propuesta de la empresa Maritime City, presidida por Mario Ernesto Bárcenas Chiari –hijo de Rafael Bárcenas– incluía la construcción de unas 16 torres, algunas hasta de 30 pisos, lo que violaría la norma de uso de suelos de Amador, que permite hacer edificaciones como máximo de 7 a 10 pisos, dependiendo del tamaño del lote en cuestión.
Al ser Amador una zona de interés turístico en donde se prohíbe la titulación de bienes, Pittí le comentó que no era posible desarrollar proyectos residenciales que luego se pondrían a la venta.
Sin embargo, en ese momento quedó pactado que le daría formal análisis a la propuesta cuando Maritime City obtuviera el permiso de uso de fondo de mar que otorga la AMP.
Bárcenas salió del encuentro convencido de que los posibles obstáculos eran fáciles de esquivar y fue así como Maritime City inició el trámite de los permisos para construir el megaproyecto y hacerse propietario de una parte de la calzada de Amador, la joya turística del Pacífico panameño.
El lunes siguiente, Bárcenas solicitó ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una concesión para rellenar 368 mil metros cuadrados de lecho marino en Amador.
veinticuatro horas más tarde, corrigió su propuesta y pidió el “arrendamiento con inversión y primera opción de compra sobre el lecho marino para construir un relleno en la calzada de Amador, bahía de Panamá”.
Cambio de leyes con olor a marina
Más allá de despejarse el ambicioso plan, que incluye la ampliación a cuatro carriles de la calzada –desde la Plaza de las Banderas hasta el área de la concesión– la solicitud de Amador Ciudad Marina revivió el polémico capítulo de otorgamiento de concesiones y uso de fondo de mar en el país, que se pensaba había quedado sellado cuando Martinelli derribó, a punta de mazazos, las construcciones que ilegalmente había hecho Jean Figali en Amador.
El titular del MEF, Alberto Vallarino, contestó formalmente el 9 de junio que no era posible desarrollar el proyecto en Amador. El sustento legal fue el artículo 258 de la Constitución Nacional, en el que se indica que pertenecen al Estado y son de uso público el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas.
El tema hubiese quedado hasta allí si no fuera porque la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), al mando de Alejandro Castillero, presentó 20 días después una propuesta de cambios a la recién creada ley orgánica de la entidad.
El propósito es atribuirse dentro de su potestad todos los bienes revertidos y zonas costeras, algo que podría cambiar el rumbo de la fallida solicitud de arrendamiento con opción de compra que le hizo Maritime City al MEF, y con lo cual sigue viva la idea que tiene Bárcenas de comercializar las extensiones de tierra en la mejor localidad turística de la ciudad.
De acuerdo con la propuesta de Castillero, los recursos de la Anati estarían, entre otras cosas, constituidos por el patrimonio de la Unidad de Bienes Revertidos del MEF, entidad que por ley aporta parte de los ingresos de la venta de tierras al Fondo Fiduciario para el Desarrollo, un ahorro de toda la población que nació con las privatizaciones, en la década de 1990.
El abogado Juan Carlos Henríquez, quien desde hace más de una década ha denunciado ilegalidades en la concesión de uso de fondo de mar, advierte que ninguna ley puede estar por encima de lo que dice la Constitución. “El mar es de todos”.
Bárcenas, por su parte, está convencido de que los cambios sugeridos a la ley de la Anati son la tabla de salvación de Amador Ciudad Marina, cuyo relleno sería más grande que el de Punta Pacífica, que abarca 23 hectáreas. Mucho más grande que el proyecto de renovación urbana de Curundú, que se desarrolla en 24 hectáreas.
Reconoce que no está de acuerdo en que su propuesta esté bajo el paraguas de revisión de la Unidad de Bienes Revertidos y del MEF, y está seguro que en el futuro la discusión de su proyecto quedará en manos de la Anati.
De esta forma, “parece quedar al descubierto quién está detrás de la iniciativa [de las modificaciones de Anati]...”, dijo el ministro Vallarino. (Ver recuadro).
El proyecto de Amador Ciudad Marina, tal como está concebido no solo necesitaría cambios a la ley de la Anati. También se tendrían que hacer modificaciones a la ley de uso de suelo de Amador, algo que extraoficialmente Bárcenas ha manifestado que sería fácil de lograr.
El empresario tiene un as bajo la manga. Invitó al Gobierno a que participe en su proyecto bajo el esquema de inversión público-privada, propuesta que se enmarcaría en un proyecto de ley que estaría por discutirse en la Asamblea Nacional.
Se trata del proyecto de ley que crea el régimen de asociación público-privada (APP) y bajo el que se financiaría la torre financiera.
Con este método y a diferencia del esquema tradicional de financiamiento del Estado, la empresa asumiría un rol más importante en los proyectos: financia las obras teniendo como pago un contrato multianual de prestación de servicios, asume ciertos riesgos en la construcción del proyecto y, además, sería responsable de operar el desarrollo o prestar el servicio.
La estructura ha sido ideada para que las empresas financien obras estatales y estaría por verse si, tras su aprobación, queda abierta la posibilidad de que el Estado participe en la inversión de Bárcenas.
Críticas y presiones
La negativa del MEF ha generado duras críticas respecto al criterio utilizado para el rechazo de la propuesta, aunque entidades como la AMP apoyan el proyecto.
Bárcenas considera que hay una oposición de la Unidad de Bienes Revertidos y del MEF por asuntos “personales” al más ambicioso proyecto marítimo y residencial de América Latina, tal como lo ha denominado. [Ver entrevista con Bárcenas en la próxima página].
Pittí se defiende y advierte que “los diseños de edificaciones que presentó, bajo las leyes actuales, no cumplen con los límites de altura ni con las condiciones de zonificación de Amador, que es TU3”.
“He hecho las solicitudes que tengo que hacer, pero estoy viendo cada vez más que en el caso específico de la Unidad de Bienes Revertidos, ella [Pittí] de mala fe está tratando de oponerse de una forma no sincera a mi proyecto. Y yo sé particularmente que el jefe de ella es el ministro del MEF. Eso lo sé, que ella atiende direcciones de él”.
“Esos comentarios y ataques personales del señor Bárcenas no merecen atención de mi parte. Tengo claro que un funcionario solo puede hacer lo que le permite la ley. Ya contesté formalmente como ministro la solicitud que me fuese enviada por el representante legal de la empresa promotora, Mario Bárcenas Chiari. Mi respuesta fue preparada por los asesores legales del MEF con estricto apego a la ley...”, reiteró Vallarino.
Pittí hizo énfasis en que “estamos expuestos a las presiones y a las críticas, pero como funcionarios, tenemos que actuar en apego a las leyes”.
Bárcenas insiste en que Vallarino, a diferencia de todos los que han visto el proyecto, es el único que se opone. “Todos dicen que es una belleza que cambiaría Panamá… todo el mundo me habla positivamente. El único que se ha opuesto, pero radicalmente, ha sido el ministro del MEF”.
El complejo, formado por dos rellenos en forma de “T” es calificado por Roberto Linares, administrador de la AMP, como “una belleza de proyecto”.
Con sello de aliados
Maritime City solicitó a la AMP (en fechas recientes a sus acercamientos al MEF) el uso de fondo de mar para desarrollar la marina, uno de los mayores atractivos de la obra.
Aseguran que la AMP les ha brindado toda la cooperación que necesitan, incluso, corriendo bajo sus recomendaciones las mejoras en su propuesta para “llegar a la concesión”.
Carlos Ernesto González de la Lastra, exsecretario de la AMP y experto en temas logísticos y marítimos, considera que el problema no está en obtener el uso de fondo de mar, sino pensar que por tener esa concesión se pueden apropiar de un bien que le pertenece al Estado.
“No se puede disponer de un bien del Estado de la manera que lo presentan. Es una cosa desproporcionada. Sería legalizar lo que a principio de gobierno tanto le criticaron al empresario Jean Figali, que rellenó fondo de mar sin autorización y para fines privados”.
A su juicio, con la construcción de un puerto de cruceros en Amador, la ampliación de la cinta costera y poner en marcha el museo Gehry, el Estado debería reservar la disposición de tierras o permisos de fondo de mar para obras públicas en caso que se generen nuevas necesidades.
Precisamente, estos atractivos son los que Bárcenas ve como iconos para promover sus penínsulas. Según promotores de bienes raíces, estas condiciones le darían a la ciudad marina el empuje que no tiene ninguna obra residencial en Panamá. El metro cuadrado de tierra podría venderse en $1,500, dependiendo del tamaño del lote y en el momento en el que se compre.
Queda abierta la solicitud de uso de fondo de mar que debe aprobar la junta directiva de la AMP. Este órgano lo dirige Demetrio Jimmy Papadimitriu, ministro de la Presidencia y mano derecha del mandatario Martinelli.
AMP no contesta solicitud del MEF
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha demostrado su apoyo al proyecto privado Amador Ciudad Marina, mientras que por un año ha guardado silencio frente a la solicitud de uso de fondo de mar hecha por la Unidad de Bienes Revertidos.
En el mes de abril, Maritime City entregó formalmente su petición para uso de fondo de mar y automáticamente se les asesoró sobre los pasos a seguir para hacer factible su petición.
Sin embargo, desde el 28 de septiembre de 2010, la Unidad de Bienes Revertidos solicitó el uso de fondo de mar para extender a cuatro carriles la calzada de Amador y construir un relleno desde la ensenada de El Chorrillo hasta la isla Flamenco, y hasta la fecha no se ha resuelto la petición.
Tras el retraso sin justificación, la Unidad de Bienes Revertidos hizo una segunda petición el 18 de abril pasado sin lograr respuesta por parte de los funcionarios.
Estos trabajos se desarrollarían como parte de una obligación contractual entre la Unidad de Bienes Revertidos con los concesionarios, quienes reclaman la ampliación de la calzada y una planta de tratamiento de aguas servidas.
YOLANDA SANDOVAL
El Ejecutivo le quitaría al MEF control de islas, costas y bienes revertidos
El pasado miércoles 29 de junio, 20 días después de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechazara la solicitud de arrendamiento de Maritime City S.A., la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) entró en escena.
Ese día, en una reunión del Consejo Nacional de Tierras, el administrador de la Anati, Alejandro Castillero, presentó unas reformas a la ley orgánica de la entidad, a fin de arrogarse potestad sobre todos los bienes revertidos, territorios insulares y zonas costeras. Los tres elementos que combina la –hasta ahora fallida solicitud de arrendamiento con opción de compra a la que aspira Maritime City.
A esa reunión del Consejo acudieron los ministros de Vivienda, Carlos Duboy –quien preside el Consejo, y de Economía, Alberto Vallarino, así como el viceministro de Gobierno, Luis Carles, y el director del Registro Público, Luis Barría. Los cuatro militan en el Partido Panameñista.
También concurrieron Juan Carlos Rodríguez, secretario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; Betzi González, de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), y Sara Sánchez, de la Autoridad de Turismo de Panamá.
Vallarino quedó estupefacto cuando Castillero leyó el primer artículo de las modificaciones, que busca incorporar a Anati todas las “funciones, potestades y prerrogativas” de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (antigua Autoridad de la Región Interoceánica, ARI), adscrita al MEF.
Este sería el segundo golpe al MEF, que ya perdió la Dirección General de Catastro y Bienes Patrimoniales cuando fue creada la Anati, el año pasado, a través de la Ley 59 del 8 de octubre.
Sorprendido y molesto, Vallarino interrumpió a Castillero. Le cuestionó no haberle informado antes sobre el tema. Castillero –quien se ha formado en el Gobierno bajo la atenta mirada de Ricardo Martinelli y el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu replicó que seguía “órdenes” del Presidente, confirmaron a La Prensa dos personas que estuvieron en la reunión.
Vallarino no se quedó a escuchar el resto de la encomienda de Castillero. Se levantó de su puesto y abandonó la reunión.
Si se hubiese quedado, se habría enterado que los cambios a la ley orgánica de Anati van más allá de acaparar los bienes revertidos.
Castillero también pretende atribuirse la función de concesionar y arrendar los bienes de uso o dominio público. Es decir, todos los bienes inscritos a nombre de la nación.
Igualmente, pretende acaparar la titulación, adjudicación, concesión, catastro, avalúo, inventario, enajenación y arrendamiento de los territorios insulares y zonas costeras.
En cuanto a los títulos de propiedad, actualmente la Autoridad puede catastrar y adjudicar cuando estén basados en derechos posesorios. La reforma propone otorgar los títulos “estén o no” basados en derechos posesorios.
El funcionario pretende asimismo dotar a la Anati de una “notaría especial” –un privilegio que no tienen otras instituciones, para expedir escrituras de los actos en los que se disponga de bienes de la nación.
Se fija, además, un precio para las “adjudicaciones onerosas” de bienes inmuebles: mil dólares por hectárea o fracción. La ley actual señala que el Ejecutivo dicta una tabla de valores por hectárea, región y zona, para fijar los precios. El proceso se hace con ayuda de dos empresas avaluadoras seleccionadas por el Miviot, y es sometido a consulta pública. Todo eso desaparecería de un plumazo.
Al MEF también se le excluye –con la Anam de una “ventanilla única” para registrar y aprobar planos, de la que sí serán parte el Miviot y los ministerios de Obras Públicas y de Salud, entre otros.
Se intentó conocer la opinión de Castillero –quien se ocupó la semana pasada a defender públicamente y vía comunicado de prensa, los títulos de propiedad otorgados a los ministros Alma Cortés y Franklin Castrellón–, pero este no atendió el requerimiento de La Prensa.
Si la Asamblea –que controla el partido de Martinelli aprueba los cambios a la ley de la Anati, Maritime City ya no necesitará ningún permiso del MEF. Ni de Vallarino.
MÓNICA PALM
