PANAMÁ, (DPA). -Panamá perderá los grados de inversión otorgados este año por calificadoras internacionales de riesgo, tras la aprobación de la Ley No.30 de aviación comercial, que reforma a tres códigos y seis leyes, y cambió los procedimientos en materia ambiental, laboral, social y policial.
Así lo declararon este miércoles, en conferencia de prensa, dirigentes de unas 60 organizaciones ambientalistas, que rechazaron la polémica ley, sancionada y publicada en Gaceta Oficial, pese a la resistencia de diversos sectores.
Félix Wing, director legal del Centro de Incidencia Ambiental, indicó que la modificación de la ley ambiental, "de manera inconsulta y arbitraria", no mide las consecuencias de ese "retroceso" el bienestar social y económico en este país.
Wing indicó que las empresas que aplicarían para los créditos de Carbono requieren, necesariamente, un estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, la modificación a la legislación elimina la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental en este país, lo que viola aspectos contractuales vigentes.
"A partir de ahora, nos encontramos en una resistencia civil a las medidas inconstitucionales adoptadas por el gobierno", acotó Wing en un abierto desafío al paquete de reformas que serán demandadas ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales de derechos humanos.
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