Mónica Palm
mpalm@prensa.com
Dice el viejo adagio que "más vale un mal arreglo, que un buen pleito". Pues el ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, hizo suyo este refrán, pero a su manera. Para él, el asunto es a secas: "más vale un arreglo que un pleito". Así, sin adjetivos, intentó explicar a los diputados de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea, los acuerdos de su despacho para compensar al Club de Yates y Pesca, y al hotel Intercontinental Miramar, por las "afectaciones" que la cinta costera tendrá sobre ellos.
En relación con el Club, el MOP le cederá tres de las 32.2 hectáreas de relleno de la cinta costera, a sabiendas de que este centro social ocupó ilegalmente, por años, más de 1.8 hectárea de playa y fondo de mar.
De hecho, un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia del 25 de febrero de 2000 ordenó al Club devolver 1.2 hectárea de playa que rellenó "sin encontrarse legalmente autorizado para tales propósitos". No consta que el Club devolviera un solo metro.
Según las cifras presentadas por Colamarco, el Yates y Pesca ocupó, en total, una superficie de más de 4.7 hectáreas, repartidas así: 8 mil 88 metros cuadrados (menos de una hectárea), corresponden a la finca 30147, que la Asamblea regaló al Club en 1959; 2.06 hectáreas de playa y mar, dadas en concesión por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en 1997, y 1.8 hectárea rellenada sin permiso alguno.
El ministro aseguró que el Club cederá "gratuitamente" la finca de su propiedad, como corresponde según la misma ley que firmó la Asamblea para darle al Club esa tierra.
De las explicaciones de Colamarco se entiende entonces que las tres hectáreas de relleno que recibirá el Yates y Pesca, son a cambio de dejar sin efecto el contrato de concesión con la AMP, que vence en 2017.
La AMP puede dar por terminado ese contrato "por motivo de utilidad pública o interés social declarado por ley", previo pago de una indemnización. "Y no estamos hablando de un avalúo de Contraloría y el MEF, sino de un peritaje y un arbitraje", recalcó Colamarco.
Además, está el artículo 292 de la Constitución, relativo a los bienes de uso público, que Colamarco invoca como quien ve al diablo venir.
Según ese artículo, "no habrá bienes que no sean de libre enajenación... Sin embargo, valdrán hasta un término de 20 años las limitaciones temporales al derecho de enajenar y las condiciones o modalidades que suspendan o retarden la redención de las obligaciones".
Colamarco reconoció que, en conversaciones con el Club, "manifestaron su convicción de contar con este derecho y, de ser necesario, discutirlo en los tribunales".
Algo así, "pararía el proyecto y no queremos pararlo... Se preveía un pleito legal de larga duración". Y el MOP quiere inaugurar la obra en junio de 2009, antes de que acabe la gestión de Martín Torrijos.
El funcionario también garantizó que la marina del Yates y Pesca será de uso público.
El diputado panameñista José Blandón consideró que el acuerdo del MOP "legitimiza" los rellenos ilegales del Club.
"El Estado tiene todo el derecho de reclamar el pago del usufructo ilegal de casi dos hectáreas... Pero no. Aquí los vamos a premiar", acotó.
‘No haremos nada en la cinta costera’
Herman Bern, presidente de Miramar Development Corp., aseguró que el edificio que pretende construir no invadirá terrenos de la cinta costera, ya que estará dentro de un área que le fue dada en concesión por la Autoridad Marítima. "No tengo la menor intención de hacer nada en la cinta costera, salvo la entrada y la salida del hotel, porque si no, quedamos aislados", dijo. Los accesos al lobby, a la marina y al helipuerto del hotel, así como la concesión de una hectárea para hacer estacionamientos, son parte de un acuerdo pactado con el Ministerio de Obras Públicas, para compensar la "afectación" que sufrirá el hotel, por culpa de la cinta costera. Bern aclaró que se harán 290 estacionamientos y no 600, como originalmente se había pactado. "Los periodistas... están haciendo algo con maldad. Están buscando la pugna para que los funcionarios que tienen que firmar algo, tengan miedo", opinó Bern. Por su parte, el urbanista Álvaro Uribe aplaudió la idea de Ingeniería Municipal de no otorgar permisos a edificios dentro de la cinta. "Creo que la presión de la ciudadanía sí funciona".
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