Friday, February 5, 2010

Estampida de fiscales en el MP

JOSÉ OTERO
jotero@prensa.com

Ante la inminente suspensión del cargo de la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, fiscales y funcionarios administrativos del Ministerio Público (MP) decidieron renunciar a sus cargos o ponerlos a disposición, informaron fuentes de esa institución y algunos de los propios protagonistas.

Entre los que han renunciado están los fiscales superiores James Bernard y Eduardo Guevara. Ambos confirmaron a este diario su decisión. Guevara explicó que su renuncia es irrevocable, una vez culminen sus vacaciones, en febrero.

Otros que analizan tomar acciones similares son Franklin Amaya y Ramiro Esquivel, fiscales cuarto superior y de propiedad intelectual.

La suspensión de Gómez también ha tenido efecto en el personal administrativo.

Kenya Purcel, subsecretaria general del MP, informó que renunciará. El miércoles, el secretario general Rigoberto González dijo que se iba, en apoyo a Gómez.

Gioconda Emiliani, secretaria de Comunicaciones, y Juan Herrera, jefe de la seguridad particular, no descartan hacer lo propio, según una fuente consultada.

En tanto, el fiscal auxiliar, Luis Martínez, quien fue designado por Gómez como “encargado” de su despacho hasta que concluyan las investigaciones en su contra, dijo que esperará a ver cómo se susciten los hechos en el MP para tomar una decisión sobre su futuro.

Una fuente contó, además, que a González se le dijo que Giovany Olmos –a quien Gómez destituyó como fiscal ambiental– lo reemplazará como secretario general.

Por otra parte, el procurador suplente Giuseppe Bonissi dijo ayer que el ex procurador Jorge Ramón Valdés será su asesor.

Sin sorpresas, la Asamblea ratifica a Giuseppe Bonissi

Con el conocido sistema de manotazo, y en un abrir de ojos, la bancada oficialista de la Asamblea Nacional ratificó anoche a Giuseppe Amadeo Bonissi como procurador suplente de la Nación, pese a las advertencias de que se está violando la Constitución, hechas por la bancada de oposición, por juristas independientes y por sectores de la sociedad civil.

En el pleno fue notoria la ausencia de diputados panameñistas como José Blandón, José Luis Varela y Alcibiades Vásquez. Cuando el presidente del debate, Noriel Salerno, anunció que se votaría, el perredista Leandro Ávila pidió la palabra. Salerno se la negó, alegando que no estaba anotado en la lista. Ávila corrió al puesto de Salerno gritando: “¡abuso! ¡abuso! ¡abuso!”, pero la aplanadora oficialista ya había decidido ratificar al designado del presidente Ricardo Martinelli.

ELIANA MORALES GIL

‘Ruptura del orden institucional en el MP’


JOSÉ OTERO
jotero@prensa.com

Algunos de los fiscales que renunciaron a sus cargos en el Ministerio Público (MP), debido a la decisión de la Corte Suprema de suspender a la procuradora, Ana Matilde Gómez, consideran que esta situación ha generado una “ruptura del orden institucional”.

Eduardo Guevara, fiscal superior de Asuntos Civiles, dijo que a partir del próximo lunes 8 de febrero se acogerá a un mes de vacaciones, y luego hará efectiva su renuncia al cargo.

“Tengo 22 años de servicio en el Ministerio Público, y he tomado esta decisión debido a la ruptura del orden institucional que se vive actualmente en esta institución”, señaló.

En tanto, James Bernard, quien ingresó al Ministerio Público en enero de 2006, expresó que también solicitó un mes de vacaciones y que, además, puso su cargo a disposición.

“Ante las actuales condiciones que se viven en el Ministerio Público, hay que hacer lo correcto para que la institución marche normalmente y evitar nuevos conflictos internos”, recalcó.

Por su parte, el fiscal auxiliar, Luis Martínez, quien se reunió ayer por 30 minutos con Gómez, dijo que esperará a que las autoridades competentes tomen una decisión, para entonces evaluar si se mantiene o renuncia al cargo.

Previamente, Rigoberto González, secretario general del MP, anunció a este diario que se iba. “Nadie me ha echado. Pero es una decisión muy personal. Este es un cargo de mucha confianza”, dijo.

Se informó que la Procuradora –que todavía no ha sido formalmente notificada del fallo que ordenó su suspensión– pidió una auditoría interna de los bienes de la institución, para dejar las “cosas claras” .

Nito Cortizo “sumamente preocupado” por el país


Por :
El ex precandidato presidencial Lauretino Cortizo utilizó varios objetivos para describir la situación que se vive en Panamá. Cortizo dijo estar “sumamente preocupado”, por la manera en que se está manejando al país. Cortizo, miembro del Partido Revolucionario Democrático, asegura que durante estos siete meses se han acumulado muchos conflictos y que solo escucha la disconformidad de varios sectores como los docentes, médicos y trabajadores. Para el perredista el país está inmerso en una turbulencia. A su vez, manifestó que se ha menospreciado la situación que se dio en la zona fronteriza con Colombia, donde tres miembros de las FARC resultaron muertos tras un enfrentamiento. Afirmó que no se ha puesto el cuidado suficiente ante las posibles repercusiones.

Herrera calificó a Martinelli como un “Chávez de derecha"


La ex presidente del Partido Revolucionario Democrático, Balbina Herrera, considera que en Panamá se está viviendo un “terrorismo de Estado”. Herrera dijo que hay un desencanto por la selectividad de la justicia, cuando en Panamá hay muchas preocupaciones como la seguridad. Con respecto, a ese tema recalcó sobre la situación que se ha dado en Darién. “Esa fiesta no es nuestra”, dijo Herrera, quien considera que Panamá debe mantener una posición neutral por el Canal. Asimismo, la perredista mencionó varios puntos como la denuncia contra el fiscal electoral, el tema de la Defensoría del pueblo, denuncia contra el Tribunal Electoral y la posible reforma a la Caja de Seguro Social. Según Herrera, el presidente Ricardo Martinelli está usando los mismos métodos que se usan en Venezuela y lo calificó como un “Chávez de derecha”.

Thursday, February 4, 2010

Reforma recaudará más de $100 millones

XENIA DE LEÓN
xdeleon@prensa.com

El segundo paquete de reformas tributarias, que serán discutidas en Consejo de Gabinete después de los carnavales, inyectará al Gobierno más de $100 millones.

Si esta suma se consolida con la primera reforma fiscal aprobada en 2009, el Estado estaría recibiendo un total de $350 millones.

Esta vez el grueso de la recaudación se obtendrá de un aumento en la tasa efectiva de los bancos y de las aerolíneas, además de la incorporación del pago de impuesto de trasferencia bienes muebles y servicios (ITBMS) en la telefonía residencial, los restaurantes y los lubricantes. Igualmente se cobrará ITBMS a las llamadas de larga distancia y al transporte internacional, así como a los celulares prepago y los boletos aéreos.

A los bancos se les elevará la tasa efectiva de 8% a 14.4%, más un aumento en la licencia de 1.5%, para quedar en una tasa de 16%, iniciativa que dará al fisco unos $80 millones adicionales.

Se mantiene la exoneración de impuesto sobre la renta (ISR) a las personas naturales que ganan hasta $11 mil de ingresos al año. Pero se rebaja la tasa de 27% a 15% para ingresos entre $11 mil y $50 mil y un 25% para ingresos mayores de $50 mil al año.

La propuesta mantiene la tasa de 10% para los gastos de representación, pero grava con 15% cuando estos son entre $25 mil y $50 mil, y un 25%, para más de $50 mil en gastos de representación.

De acuerdo con un documento oficial, con la reforma se podrá cumplir con el financiamiento del Metro y las mejoras al transporte, subsidio a la energía y combustible ($161 millones al año) y entrega de $100 para personas mayores de 70 años ($92 millones).

Igualmente, el apoyo del programa red de oportunidades ($47 millones), beca universal, uniformes y útiles escolares (entre $156 millones y $188 millones al año), interés preferencial ($73 millones por año) y mejora a la seguridad pública.

Además del alza del ITBMS de 5% a 7%, también se incorpora el impuesto mínimo estimado que pagarán las empresas que ganan más de $1.5 millón al año.

El viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó que hay una rebaja importante en el ISR a las personas naturales, ya que son los asalariados los que siempre han cargado con el peso tributario.

Comentó que hay ciertas industrias que hoy pagan una tasa efectiva de impuesto baja por razones del Código Fiscal, como los bancos y los aerolíneas.

Sobre el ITBMS, sostuvo que el pueblo paga muy poco, puesto que más del 75% de este incremento de impuesto lo asumirá el 20% de la población que tiene mayor ingreso.



El día de la alianza imposible

EDUARDO MENDOZA
KEMY LOO PINZÓN

panorama@prensa.com

Que quede registrado para los estudiosos de la política: 3 de febrero de 2010, el día en que figuras representantes de dos fuerzas políticas antagónicas se vieron las caras en una plaza pública con un objetivo común: protestar por la excesiva concentración de poder del Órgano Ejecutivo.

Más de un centenar de panameños se concentraron en la plaza Porras, frente a la Procuraduría General de la Nación, entre las 4:00 p.m. y las 5:45 p.m., tras ser convocados por ex dirigentes de la antigua Cruzada Civilista, aquel movimiento que protestó contra el ejercicio del poder absoluto del dictador Manuel Antonio Noriega.

Como ironía del destino, allí también estaban dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que compartió el poder con Noriega. Incluso estuvo Balbina Herrera, ex colaboradora de Noriega y rival de Martinelli en las elecciones del 3 de mayo de 2009. Vestía de blanco, el color simbólico de la Cruzada Civilista en la década de 1980.

La marcha se dio exactamente el día en que se cumplen ocho meses de que Martinelli ganara las elecciones con el 60% de los votos.

Ahí estaban figuras que se opusieron a Noriega, como Aurelio Barría, Roberto Brenes, Jaime Abad, Menalco Solís, Jorge Gamboa Arosemena, Antonio Domínguez, Alberto Quirós Guardia, Teresita de Arias y Milton Henríquez.

También había dirigentes del PRD, como Anel Bolo Flores, Cipriano Adames (diputado) y activistas jóvenes del partido opositor. Igualmente se presentaron ex colaboradores de la administración de Martín Torrijos, como Olga Gólcher.

También había representantes de organismos de la sociedad civil, como Angélica Maytín y Raisa Banfield.

Todos coincidieron en que Martinelli está concentrando demasiado poder al haber nombrado a dos magistrados en la Corte Suprema, lo que abrió las puertas para hacer una mayoría de cinco a cuatro que dejó a la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, fuera de su puesto. Y es que la Corte la ha suspendido del cargo por supuesto abuso de autoridad.

De hecho, mientras se daba la protesta en el parque Porras, en la Asamblea Nacional el “procurador suplente” designado por el Gabinete de Martinelli, Giuseppe Bonissi, recogía los papeles para su segura ratificación por parte de la aplanadora oficialista en el día de hoy.

El debate sobre si el Presidente debe o no nombrar al procurador suplente, no faltó durante el encuentro. La última procuradora suplente (1994-2004), Mercedes Araúz de Grimaldo, recordó que en las reformas constitucionales de 2004 desapareció el cargo que ella ejerció. En esa reforma también desapareció el suplente del Procurador de la Administración.

Araúz de Grimaldo dijo que el Gabinete ya intentó a finales del año pasado nombrar a Rigoberto González como procurador suplente, mientras Gómez estaba de vacaciones. No obstante, ese decreto fue derogado por otro decreto, porque se dieron cuenta de que la figura no existía.

El descontento en el parque Porras no solo se expresó con los argumentos legales y el vestido blanco, sino con el sonido de las pailas y el estribillo: “habla pueblo habla”. Esta canción política, según explicó el panameñista Gamboa Arosemena, surgió en las protestas tras la decapitación del médico guerrillero Hugo Spadafora, a mediados de los 80.

Cuatro pancartas expresaban pensamientos contra el presidente Martinelli, como: “Ahora le toca a ...?”; “Martinelli, respeta la Constitución”; “Somos el pueblo”; “La institucionalidad es democracia”.

Al lugar también llegaron algunos familiares de la Procuradora, entre ellos su esposo Francisco Sousa Lennox.

Fuentes judiciales dijeron que Gómez recibió varias llamadas para que evitara la concentración frente a la Procuraduría, para impedir que se pensara que ella estaba detrás de la protesta.

Barría dijo que fue él quien se encargó de hacer el llamado como “facilitador” para que la gente se congregara. ‘Puedes ver que ella no esta aquí, ella estará en su oficina”, advirtió Barría.

El ex dirigente de la Cruzada dijo que él sí votó por Martinelli, por lo que se siente con la fuerza moral para criticar sus actuaciones.

“Debemos reflexionar y decirle al Presidente que ese (la concentración de poder) no es el camino que hay que tomar”, dijo Barría.

Solo Barría habló por medio de un megáfono.

El acto terminó a las 5:45 p.m. con el canto del himno nacional. Un helicóptero sobrevoló la manifestación, dejando una estela de inquietud entre los presentes.


PRD dice que encarcelarán a 47 miembros de ese partido

El opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) denunció ayer que el nuevo procurador suplente Giuseppe Bonissi pretende perseguir y encarcelar a 47 miembros de ese colectivo, una vez asuma el cargo.

Mitchell Doens, secretario general del PRD, advirtió que en la lista figuran los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), del Directorio Nacional y “potenciales” candidatos presidenciales, cuyos nombres no precisó.

Destacó que el próximo objetivo del mandatario Ricardo Martinelli es “apoderarse” de la Fiscalía Electoral, del Tribunal Electoral y, finalmente, introducirá la reelección presidencial en las reformas constitucionales que se presentarán en abril próximo.

CARLOS ALBERTO VARGAS


Rigoberto González renunciará

El secretario general del Ministerio Público (MP), Rigoberto González, anunció su renuncia al cargo que ocupa desde el 3 de enero de 2005, ante la inminente suspensión de su jefa inmediata Ana Matilde Gómez.

“Yo me voy, nadie me ha echado. Pero es una decisión muy personal. Este es un cargo de mucha confianza”, indicó González.

Todavía no sabe cuándo presentará su renuncia, ya que todo depende del momento en que la Corte notifique de la orden de suspensión a Gómez (lo que está previsto para mañana).

“Voy a estar con ella hasta el último momento. Además, tengo que entregar el despacho al secretario general que venga”, señaló.

Al igual que Gómez, González es investigado por las interceptaciones telefónicas ordenadas dentro de la operación encubierta seguida al ex fiscal de La Chorrera Arquimedes Sáez. Aunque en esa diligencia Sáez fue sorprendido mientras recibía una coima de 2 mil dólares, la Corte falló que los pinchazos eran inconstitucionales.

González no precisó si otros funcionarios del MP también renunciarían o si pondrían el cargo a disposición del procurador suplente Giuseppe Bonissi. “No puedo hablar por los demás. Pero hay un ambiente muy crispado”.


ENFOQUE

Malestar social por violación a la Constitución

CARLOS BOLÍVAR PEDRESCHI

democracia. En mi concepto, la designación del procurador suplente por el Ejecutivo es totalmente violatoria de la Constitución, ya que el artículo 200, numeral 2 de la Constitución regula una materia genérica para cuando le corresponde al Ejecutivo nombrar al Procurador de la Nación o en caso de muerte a su suplente.

Mientras, el artículo 224 cumple una función específica dentro de la Constitución, y la establece claramente en el segundo párrafo al señalar que “las faltas temporales de algunos de los procuradores serán cubiertas por un funcionario del Ministerio Público en calidad de Procurador encargado".

Es en este párrafo y solo allí donde se va a leer claramente a quién le corresponde nombrar al procurador suplente, en el caso de las faltas temporales del titular; y por ningún lado se menciona al Ejecutivo. Además, en materia de interpretación de leyes, en caso de que haya conflictos entre dos artículos, el artículo especial o específico debe prevalecer sobre el general, y en este caso el 224 prevalece sobre el 200 y su numeral 2.

Las interpretaciones intencionadas de la Constitución solo traen malestar social, lo que afecta al país en lo económico, en lo internacional y en lo institucional.

*El autor es abogado

Monday, February 1, 2010

Polémica por central térmica en Colón

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

La instalación de una central térmica y una planta para la recepción y almacenamiento de gas natural licuado en Colón, ha generado polémica.

Grupos ambientalistas, gobiernos locales y pobladores del área se oponen a la central térmica de 130 millones de dólares, y al levantamiento de la planta de gas, de 300 millones de dólares, ya que según los quejosos generarían 2 millones de toneladas de dióxido de carbono.

Francisco Salcedo, representante de Cristóbal, dijo que el Gobierno en ningún momento realizó las consultas para la instalación de una central térmica en Telfers.

En ese sentido, la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmó un contrato directo de arrendamiento con la sociedad LNG Group Panamá S.A. por 40 años, en el área de Telfers.

Se trata de un terreno de 48 hectáreas, más 5 mil 945.08 metros cuadrados, valorado en 17.9 millones de dólares.

Es decir, casi 50 hectáreas de las 80 que componen todo el territorio de Telfers.

Salcedo denunció no solo la contaminación que generaría la central, sino también el contrato que otorgó de manera directa el Gobierno a LNG Group Panamá S.A., debido a que dicha sociedad fue inscrita hace seis meses.

“Hay que pedirles explicaciones al presidente, Ricardo Martinelli, sobre todo esto. Están exponiendo a 85 mil personas que viven a 600 metros del lugar”, acotó el concejal de Cristóbal.

Durante la administración del presidente Martín Torrijos, también se intentó levantar una central térmica en Telfers, pero se desistió de la idea tras manifestaciones de los lugareños.

Voceros del MEF señalaron que el objetivo del proyecto es introducir el gas natural como un nuevo combustible en Panamá; sustituir parcial y significativamente el uso de diésel, fuel oil y gas licuado de petróleo por gas natural, en medio del crecimiento de la demanda de energía en Panamá. Además de abaratar los costos del gas vehicular y el gas doméstico.

El proyecto estará frente a las instalaciones de la planta potabilizadora de Monte Esperanza, principal fuente de dotación de agua potable de las comunidades que rodean la ciudad de Colón.

Además, está ubicado a 500 metros del Complejo Penitenciario Nueva Esperanza.

Thursday, January 28, 2010

Asamblea analiza activar la censura

ELIANA MORALES GIL
emorales@prensa.com

La palabra “censura” empezó a tomar fuerza en el Órgano Legislativo, luego de que el presidente, Ricardo Martinelli, amenazara con pasar una ley para controlar el contenido de los medios televisivos ante el fracaso de la autorregulación.

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea aprobó ayer –con el apoyo de dos diputados de la oposición– una resolución que debe aprobar el pleno en los próximos días, en la que se le pide al Ministerio de Desarrollo Social que se active lo que denominan “Junta Consultiva de Censura”.

Según la citada resolución, esta “junta consultiva de censura” forma parte del acuerdo de autorregulación de los medios televisivos firmados en 1999.

Sin embargo, dicho acuerdo no menciona el concepto de censura planteado por la presidenta de la comisión, la oficialista Dalia Bernal, y que también recoge una nota de prensa oficial del Órgano Legislativo.

El concepto se remonta a la ya desaparecida Junta Nacional de Censura, que operó en los tiempos de la dictadura.

Tuesday, January 26, 2010

Martinelli pide a los medios autorregularse

JOSÉ GONZÁLEZ PINILLA
jagonzalez@prensa.com

Representantes de las dos principales televisoras del país, Televisora Nacional, S.A. (TV2) y Medios de Comunicación, S.A. (Canal 13 y Canal 4) almorzaron ayer con el presidente, Ricardo Martinelli, y el vicepresidente, Juan Carlos Varela, en el Palacio de las Garzas.

Lo hicieron luego de que este fin de semana Martinelli calificara los noticieros de “rojos y de pacotilla”. Asistieron a la reunión –que fue a puertas cerradas– Nicolás González Revilla, de Medcom, y Stanley Motta, de Televisora Nacional.

También estuvieron el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y el secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto.

Culminado el almuerzo, los representantes de los medios no dieron declaraciones a la prensa.

La secretaria de Comunicación del Estado informó que el mandatario les recordó que se debe cumplir el acuerdo de autorregulación que firmaron los medios en 1999. Más temprano, Martinelli volvió a criticar el contenido de las noticias y las novelas.

“Es cierto, hay inseguridad, pero no puede ser que las novelas se pasen en horas tempranas. Y que en los noticieros solo se hable de cosas malas”, manifestó el mandatario, al tiempo que dijo que no se trata de censura.

Wednesday, January 20, 2010

Millonario fraude en el FIS - Un fraude tejido entre diputados



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
Investigacion@prensa.com

Cuando en 1999 Mireya Moscoso tomó las riendas del Gobierno, aplicó medidas para tener bajo su control a la Asamblea Legislativa.

La bancada oficialista tenía una mayoría que podía quebrarse en cualquier momento, y necesitaba tener un tipo de seguro político en ese órgano del Estado.

La jugada consistió en quitarle los millonarios fondos que manejaba a su antojo la Asamblea para pasarlos al Fondo de Inversión Social (FIS), una institución que está bajo el Ministerio de la Presidencia.

Fue en ese momento cuando se pasó de la figura de las partidas circuitales, al esquema de ayuda social a través del FIS. Igual, el dinero se continuó manejando con escaso control.

El FIS se convirtió en un “filtro” para beneficiar a los diputados de gobierno y castigar a los oponentes. Solo los legisladores afines a la gestión de turno tenían facilidades para recibir los recursos, que se dividían dentro de varios renglones: asistencia económica, entrega de maquinaria, equipos deportivos, útiles escolares y alimentos.

Ninguna de las dos últimas administraciones, presididas por Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009), se preocuparon por crear mecanismos que garantizaran que los fondos de ayuda social llegaran a su destino: la población de bajos recursos.

Por el contrario. Con el nuevo esquema se creó una red entre diputados, funcionarios del FIS y empresas privadas que permitió desviar varios millones de dólares. Una gran parte de los fondos terminó en el bolsillo de los diputados o fue utilizada para fines políticos.

Todo se realizó a través del Programa de Asistencia Social, un esquema creado dentro del FIS para enviar dinero fresco a los “padres de la patria”.

El manejo poco claro que formalizó Moscoso y siguió Torrijos, no fue desarticulado por la gestión de Ricardo Martinelli.

Al contrario: el actual director del FIS, Giacomo Tamburrelli, tiene en su despacho desde octubre pasado una auditoría que revela, con nombre y apellido, a las personas involucradas en los manejos irregulares.

Sin embargo, Tamburrelli resolvió ocultar la información. Según trascendió, por presiones de los propios diputados. La corrupción dentro del FIS siempre ha sido un secreto a voces, pero nunca se presentó documentación relacionada con las irregularidades.

Una investigación de este diario, basada en documentos oficiales, recientes informes de auditorías externas y entrevistas con los involucrados, pone al descubierto una compleja red irregular que involucra a dos poderes del Estado: la Asamblea Nacional y el Ejecutivo.

Al momento de lucrar con la desesperación de los más pobres, la línea que divide a los partidos políticos se desvaneció. En la “jugada” están involucrados diputados de la oposición y del gobierno, la mayoría reelegidos en el actual período.

La red que controlaban los legisladores, y que era financiada con dinero del FIS, se manejó a través de fundaciones de “papel” que los propios legisladores crearon para canalizar los recursos. Se utilizaron seis métodos para desviar fondos, según consta en los documentos obtenidos por la auditoría externa que realizó –a pedido de Tamburrelli– la empresa López Consultores.

El trabajo, realizado entre julio y noviembre de 2009, sostiene que nunca llegaron a las personas de bajos recursos los fondos que originalmente eran destinados para la compra de implementos deportivos, escolares, alimentos, transferencia de ayuda monetaria, compra de equipo pesado y obras de infraestructura. La operación contaba con la complicidad de, al menos, tres empresas que hacían las veces de proveedores, y de funcionarios del FIS que desembolsaban los cheques sin verificar si se hacía la entrega de la asistencia social.

Los resultados del desfalco alcanzaron una cifra alarmante: unos 12 millones de dólares.

Las casi 900 páginas de la auditoría externa fueron a parar a una gaveta del escritorio de Tamburrelli. Ese era el resultado del trabajo que el propio director del FIS pidió apenas pisó las oficinas de la institución. Y dijo a los medios que lo haría público.

Pero hoy, Tamburrelli se resiste a denunciar los hechos. “Déjenme terminar de revisar todos los contratos, no solo el caso de los diputados. También tengo problemas por una gran cantidad de fianzas vencidas. Necesito una semana para esto y puedo darles información más completa”, prometió durante una entrevista con este diario en diciembre pasado.

No obstante, solo 48 horas después de la entrevista periodística, Tamburrelli destituyó a su asesor principal, Ernesto Mora, acusándolo de haber filtrado información de la auditoría. También despidió a otros 30 funcionarios del FIS que trabajaban con Mora. Todos se fueron escoltados por miembros del Servicio de Protección Institucional.

La Contraloría General ordenó, el pasado 24 de diciembre, una auditoría para conocer el detalle de las destituciones. Nadie explicó en forma oficial por qué se despidió a los funcionarios.

A pesar de los obstáculos, este diario no solo logró conseguir la documentación y los informes de las auditorías que revelan irregularidades a través de las fundaciones que controlan los diputados y un grupo cerrado de empresas, sino que profundizó en los datos obtenidos, encontrando nuevas vinculaciones empresariales, familiares y políticas. Este reportaje da inicio a una serie de publicaciones que detallan cómo cada uno de los diputados construyó el esquema irregular para quedarse con la ayuda social.

LOS CASOS

En algunos casos, la documentación de la auditoría puso al descubierto cómo el dinero “regresaba” a las manos o a cuentas bancarias de diputados. En otro, se descubrieron cheques del FIS que salieron a nombre del chofer de uno de los diputados que fue reelegido para este período: José Luis Fábrega. En total, este chofer recibió más de 400 mil dólares en cheques.

También la Iglesia católica fue “víctima”: un millón 300 mil dólares destinados a un monasterio, nunca llegaron a la entidad católica. El apoyo a las monjas fue prometido por el ex legislador del partido panameñista Francisco Ameglio.

Otro método utilizado por los legisladores era la asistencia económica. En general, los recursos mensuales prometidos a los beneficiarios no llegaban a sus bolsillos. Para canalizar el dinero se utilizaban fundaciones. Una de ellas, Aprodsami, operó con los diputados Carlos Afú, Omar Chavarría, Juan Carlos Arosemena, Abraham Martínez, y Yasmina Guillén, según consta en el informe de auditoría.

El titular de Aprodsami, Jonathan Rodríguez Rock, se encuentra detenido en La Joyita, involucrado en el robo de cheques en la Asamblea Nacional. El informe sostiene que Aprodsami se encargaba de hacer llegar a los diputados los fondos destinados a los beneficiarios.

Este diario también encontró que las personas en la lista de beneficiarios de esa fundación no tenían relación con el circuito electoral del diputado responsable del pedido de ayuda al FIS.

Incluso, un diputado del interior del país tenía una amplia lista de personas –a quienes entregaba asistencia económica– que vivían en áreas como Calidonia, San Miguelito, Panamá Viejo, Vacamonte, Chilibre, Río Abajo y Curundú.

Los estudios sociales que deben respaldar las solicitudes de asistencia económica –en general entrega de efectivo por alrededor de 300 dólares mensuales– también fueron inventados, según la auditoría.

Otro método era la entrega de maquinaria pesada a fundaciones manejadas por los diputados. Entre estas fundaciones se encuentra la del legislador José Muñoz, que recibió un millón 200 dólares en equipo pesado. Además, tramitó el desembolso de cheques por arriba de los 150 mil dólares –divididos en varias entregas– para el supuesto mantenimiento de los equipos. Algunas de esas máquinas están hoy desaparecidas.

Pero este y los otros casos son únicamente la punta del iceberg.