Los servicios que han sido tradicionalmente provistos por el gobierno podrían pasar ahora a manos del sector privado. Este planteamiento está contemplado en el Proyecto de Ley N°349 que crea el Régimen de Asociación Público-privada (APP). El proyecto fue presentado en el mes de abril a la Asamblea Nacional por el Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante todavía no ha iniciado su discusión.
La normativa establece que las Asociaciones Público-Privadas (APP) son contratos entre el sector público y el sector privado a través de los cuales el sector privado construye, financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios.
Según el catedrático en economía, Horacio Estribí, el riesgo que posee este proyecto es que le da una potestad más amplia al gobierno para poner en manos privadas una cantidad importante de servicios, que todavía no se sabe cuáles son.
El proyecto sustenta que estos contratos o APP han sido utilizados principalmente en el desarrollo de carreteras, energía y telecomunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos, entre otros.
Para la aplicación de las APP en Panamá, se tiene contemplado crear el Órgano Rector del Programa de Asociaciones Público-Privadas, que estará presidido por el Presidente de la República. Este ente será el encargado de definir las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos de APP.
Se estima que cuando el proyecto sea discutido se abra un compás para la consulta. Es más, Estribí sostiene que esta iniciativa legislativa podría provocar una revuelta social porque tiende a interpretarse como privatización.
La normativa establece que las Asociaciones Público-Privadas (APP) son contratos entre el sector público y el sector privado a través de los cuales el sector privado construye, financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios.
Según el catedrático en economía, Horacio Estribí, el riesgo que posee este proyecto es que le da una potestad más amplia al gobierno para poner en manos privadas una cantidad importante de servicios, que todavía no se sabe cuáles son.
El proyecto sustenta que estos contratos o APP han sido utilizados principalmente en el desarrollo de carreteras, energía y telecomunicaciones, hospitales, cárceles, escuelas, edificios públicos, tratamiento de aguas y puertos, entre otros.
Para la aplicación de las APP en Panamá, se tiene contemplado crear el Órgano Rector del Programa de Asociaciones Público-Privadas, que estará presidido por el Presidente de la República. Este ente será el encargado de definir las áreas prioritarias para la ejecución de proyectos de APP.
Se estima que cuando el proyecto sea discutido se abra un compás para la consulta. Es más, Estribí sostiene que esta iniciativa legislativa podría provocar una revuelta social porque tiende a interpretarse como privatización.
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