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Sector. Es necesario hacer un ajuste a la ley de seguros para que sea más eficiente la supervisión. LA PRENSA / Jihan Rodríguez |
Elena Quintero se disponía a reclamar el seguro de su infante en una clínica pediátrica y hacer efectivos los gastos incurridos en la cita, cuando se le informó que el seguro, que había pagado por un período de tres años, ya no le cubría los gastos médicos.
A la empresa aseguradora, British American, se le había declarado en quiebra.
Así como Quintero (nombre ficticio), existen alrededor de 10 mil clientes de la quebrada British American (BA) que han pasado por situaciones similares.
Hay otros que simplemente no han podido reclamar el seguro de vida de un familiar muerto.
A ellos no se les informó de la situación que estaba viviendo la aseguradora, y tampoco a los corredores de seguros que vendían las pólizas de la empresa, explica Quintero, quien además de tener una póliza con la empresa, también vendían los seguros de BA.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá había intervenido la empresa desde noviembre del año pasado, toda vez que BA había trasladado —sin autorización y previa aprobación— 10 millones de dólares en bonos, que respaldarían las operaciones en Panamá, a su casa matriz en Trinidad y Tobago. Esta transacción se dio en 2007 bajo la dirección del entonces superintendente Ricardo García.
En el ambiente ya había aires de que “no todo estaba bien”, porque en enero del año pasado, CL Financial Group —conglomerado al cual pertenece BA— presentaba en sus informes problemas financieros.
Pese a que esta situación se conocía en los pasillos de las sucursales de British American en Panamá, los directivos de la aseguradora les decían a sus colaboradores que “todo estaba bien”.
Según Felipe Avecilla, ex gerente de una sucursal de BA, quien estuvo por un lapso de dos años laborando en esta aseguradora, nunca se les informó nada, y pese al “escándalo” que se había dado en el grupo corporativo “fue una sorpresa. Siempre se nos dijo que no nos iba a afectar la situación externa”.
Él también es uno de los que perdió sus ahorros en BA.
Había adquirido un seguro de “plan temporal a término”, y había pagado por dos años 33.89 dólares al mes por esa póliza, sin embargo, Avecilla ha perdido las esperanzas de que se le devuelvan algo de lo invertido.
Los casos más graves, dice Avecilla, son los de renta vitalicia y renta con ahorro.
Y es que no se sabe si podrán recuperar sus dineros, ya que la empresa sacó el dinero del país.
Por ejemplo, existe un caso de una familia que espera que se le pague 40 mil dólares por la póliza de vida de un familiar que recientemente falleció.
Ahora bien, este no ha sido el único caso de quiebra que se ha registrado en el país.
Basta recordar los más famosos: el Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (Banaico), el Banco Disa y la financiera Estrella Mar (The Providence Corporation) y la Corporación Financiera Nacional (Cofina).
Malas jugadas
Estas quiebras “famosas” que se han dado en el país, al parecer han sido por malos manejos financieros y malas inversiones para obtener mayor rentabilidad y liquidez, y así hacerle frente a las responsabilidades de la compañía o del banco.
El caso de Cofina suena desde 1996. El Banco Nacional de Panamá, por medio del Consejo Económico Nacional, iba a “evaluar la condición real” de la cartera morosa de Cofina, sin embargo, el resultado no fue tan alentador: se desconocía el paradero de varios clientes.
Esta financiera había desembolsado 20.3 millones de dólares a 28 clientes.
Otro caso famoso fue Banaico, que en 1996 quebró por irregularidades administrativas y sus depositantes perdieron alrededor de 60 millones de dólares.
Los casos de The Providence Corporation y la Financiera Estrella Mar que se dieron en el 2000 dejaron colgados a 400 cuentahabientes que tenían 24 millones de dólares, debido a algunas malas inversiones en acciones en Wall Street.
The Providence pretendía solicitarle un apoyo económico por 20 millones de dólares, a un plazo de diez años, al Banco Disa.
Mas tarde, en 2001, el escándalo le tocó a este banco.
Ahí la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino, pero no logró superar las insolvencias y llevó al banco a una liquidación forzosa.
Los depositantes perdieron 100 millones de dólares y aún se están liquidando algunos activos para hacer efectivo el pago a sus cuentahabientes.
Los antiguos clientes del Banco Disa aún están a la espera de que se les devuelva su dinero ahorrado, mientras que otros ya han fallecido en la espera.
Legislación para una quiebra
El Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (ley bancaria) establece que no se podrá solicitar la declaratoria de quiebra de los bancos (Ver tabla: Cuadro comparativo).
Sin embargo, y pese a la insistencia de los propios banqueros de crear una ley de quiebra, y que ésta en 2002 pasó a tercer debate en la Asamblea Nacional, nunca se logró la discusión.
Hasta el momento lo único que vale dentro de la ley bancaria, explica Mario de Diego, secretario ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, es la intervención por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y posteriormente la liquidación forzosa.
Esta liquidación podrá ser voluntaria por cualquier banco, dice la SBP, para lo cual tendrá que solicitar, previamente, la autorización de esta entidad reguladora, siempre que el banco posea suficientes activos para hacerle frente a sus obligaciones.
La liquidación forzosa se dará por razones que indiquen un deterioro o debilidad operativa, administrativa o financiera del banco, para poder devolverle a los cuentahabientes sus dineros.
En el sector seguros y reaseguros también existe una ley que establece el proceso de intervención, y que fue utilizado en el caso de British American.
Ahí el papel del interventor es fundamental. Él es quien recomienda qué hacer con la compañía, y la Superintendencia tiene 30 días para tomar una decisión.
En este caso, la decisión tomada por parte de las autoridades fue la quiebra. Pese a que el informe final del interventor, Ciro Cano, dice que se debería buscar la “alternativa de venta”.
Clientes desprotegidos
Hay mucha incertidumbre con respecto a los bonos de BA que traspasaron a su filial en Trinidad y Tobago.
Esos 10 millones de dólares servirían para hacer el pago a sus ex empleados, proveedores y hacerle frente a las obligaciones con los 10 mil clientes de la compañía.
Pero la dificultad por parte del Gobierno de rescatar la compañía es notoria.
“Cómo se puede rescatar a una empresa cuando los dueños están desaparecidos y escondidos. No se podía vender la empresa porque no es del Estado”, admite Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias.
Henríquez dice que la autoridad actuó como la ley se lo permitía.
“Si no se hubiese hecho de esa manera, se hubiese dado un proceso desordenado, con muchos procesos de demandas y el castillo de naipes se hubiese caído”, afirma.
Se han dado propuestas de compra de la aseguradora a nivel internacional y local, no obstante, las empresas locales quieren continuar ofreciendo el servicio de cobertura a los clientes, pero los que no sean de gran riesgo.
Mientras que los que acumularon mayores ahorros han quedado en una situación de incertidumbre.
Ahora, se estableció un comité ejecutivo conformado por la Superintendencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, Comercio e Industria, el Siacap, el Ipacoop, y la Asociación Panameña de Aseguradores, que analizará una nueva ley.
Hace falta una mayor regulación
Esta situación pone en duda la regulación del mercado y la necesidad de que se apruebe una nueva ley de seguros que le facilite más medios económicos, de personal y técnico a la Superintendencia de Seguros, para que pueda hacer una mejor gestión y estos hechos se eviten.
Para el abogado Ramón Barreiro, de Goethals Consulting, vale la pena preguntarse si la regulación es eficiente y si los mecanismo son efectivos.
Hace falta más protección al consumidor, en una aplicación clara de las leyes que regulan la actividad y aseguren la responsabilidad de los prestatarios de los servicios. “Llega un momento que no hace falta la regulación, sino un sistema que logre los cometidos y que sea eficiente protegiendo los derechos al consumidor primeramente”, sostiene Barreiro.
Dice, además, que en situaciones como la ocurrida con British American sería importante evaluar el papel de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, como regulador del mercado y “protector” del consumidor. Barreiro propone la creación de alguna asociación de consumidores de servicios financieros y seguros, y que no necesariamente estén vinculados al Gobierno, para tener una cierta independencia.
Desde hace varios años se ha tratado de gestionar una nueva ley del sector, desde el período del anterior superintendente Ricardo García, y con el actual Luis Della Togna.
Uno de los impulsores de esta nueva ley de seguros y reaseguros es Salvador Morales Baca, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Suramericana.
Morales dice que es el momento oportuno para que se apruebe una nueva ley, la cual se ha estado trabajando y estudiando.
Se espera que con el nuevo borrador de ley se pueda cubrir cualquier deficiencia que tenga el sistema o vacío que hubiere, de tal manera que el ente supervisor tenga las herramientas y se pueda detectar a tiempo cualquier situación que pueda afectar a la empresa y a los asegurados.
Morales afirma que es necesario que la entidad cuente con mayores recursos.
Actualmente, por ejemplo, para inscribir una compañía nueva solamente se le solicita 2 millones de dólares, mientras que en Costa Rica —donde recientemente se abrió el mercado— se solicita entre 8 millones y 9 millones de dólares.
La cuota anual por cada compañía es de 2 mil 500 dólares, cuando la propuesta dice entre 50 mil y 75 mil dólares al año.
“Hay que reforzarla porque es obsoleta en algunos aspectos”, dice Morales.
Ya la ley se está revisando, dice Henríquez, incluso antes del caso de British American.
A la empresa aseguradora, British American, se le había declarado en quiebra.
Así como Quintero (nombre ficticio), existen alrededor de 10 mil clientes de la quebrada British American (BA) que han pasado por situaciones similares.
Hay otros que simplemente no han podido reclamar el seguro de vida de un familiar muerto.
A ellos no se les informó de la situación que estaba viviendo la aseguradora, y tampoco a los corredores de seguros que vendían las pólizas de la empresa, explica Quintero, quien además de tener una póliza con la empresa, también vendían los seguros de BA.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá había intervenido la empresa desde noviembre del año pasado, toda vez que BA había trasladado —sin autorización y previa aprobación— 10 millones de dólares en bonos, que respaldarían las operaciones en Panamá, a su casa matriz en Trinidad y Tobago. Esta transacción se dio en 2007 bajo la dirección del entonces superintendente Ricardo García.
En el ambiente ya había aires de que “no todo estaba bien”, porque en enero del año pasado, CL Financial Group —conglomerado al cual pertenece BA— presentaba en sus informes problemas financieros.
Pese a que esta situación se conocía en los pasillos de las sucursales de British American en Panamá, los directivos de la aseguradora les decían a sus colaboradores que “todo estaba bien”.
Según Felipe Avecilla, ex gerente de una sucursal de BA, quien estuvo por un lapso de dos años laborando en esta aseguradora, nunca se les informó nada, y pese al “escándalo” que se había dado en el grupo corporativo “fue una sorpresa. Siempre se nos dijo que no nos iba a afectar la situación externa”.
Él también es uno de los que perdió sus ahorros en BA.
Había adquirido un seguro de “plan temporal a término”, y había pagado por dos años 33.89 dólares al mes por esa póliza, sin embargo, Avecilla ha perdido las esperanzas de que se le devuelvan algo de lo invertido.
Los casos más graves, dice Avecilla, son los de renta vitalicia y renta con ahorro.
Y es que no se sabe si podrán recuperar sus dineros, ya que la empresa sacó el dinero del país.
Por ejemplo, existe un caso de una familia que espera que se le pague 40 mil dólares por la póliza de vida de un familiar que recientemente falleció.
Ahora bien, este no ha sido el único caso de quiebra que se ha registrado en el país.
Basta recordar los más famosos: el Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (Banaico), el Banco Disa y la financiera Estrella Mar (The Providence Corporation) y la Corporación Financiera Nacional (Cofina).
Malas jugadas
Estas quiebras “famosas” que se han dado en el país, al parecer han sido por malos manejos financieros y malas inversiones para obtener mayor rentabilidad y liquidez, y así hacerle frente a las responsabilidades de la compañía o del banco.
El caso de Cofina suena desde 1996. El Banco Nacional de Panamá, por medio del Consejo Económico Nacional, iba a “evaluar la condición real” de la cartera morosa de Cofina, sin embargo, el resultado no fue tan alentador: se desconocía el paradero de varios clientes.
Esta financiera había desembolsado 20.3 millones de dólares a 28 clientes.
Otro caso famoso fue Banaico, que en 1996 quebró por irregularidades administrativas y sus depositantes perdieron alrededor de 60 millones de dólares.
Los casos de The Providence Corporation y la Financiera Estrella Mar que se dieron en el 2000 dejaron colgados a 400 cuentahabientes que tenían 24 millones de dólares, debido a algunas malas inversiones en acciones en Wall Street.
The Providence pretendía solicitarle un apoyo económico por 20 millones de dólares, a un plazo de diez años, al Banco Disa.
Mas tarde, en 2001, el escándalo le tocó a este banco.
Ahí la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) intervino, pero no logró superar las insolvencias y llevó al banco a una liquidación forzosa.
Los depositantes perdieron 100 millones de dólares y aún se están liquidando algunos activos para hacer efectivo el pago a sus cuentahabientes.
Los antiguos clientes del Banco Disa aún están a la espera de que se les devuelva su dinero ahorrado, mientras que otros ya han fallecido en la espera.
Legislación para una quiebra
El Decreto Ejecutivo No. 52 de 2008 (ley bancaria) establece que no se podrá solicitar la declaratoria de quiebra de los bancos (Ver tabla: Cuadro comparativo).
Sin embargo, y pese a la insistencia de los propios banqueros de crear una ley de quiebra, y que ésta en 2002 pasó a tercer debate en la Asamblea Nacional, nunca se logró la discusión.
Hasta el momento lo único que vale dentro de la ley bancaria, explica Mario de Diego, secretario ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, es la intervención por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y posteriormente la liquidación forzosa.
Esta liquidación podrá ser voluntaria por cualquier banco, dice la SBP, para lo cual tendrá que solicitar, previamente, la autorización de esta entidad reguladora, siempre que el banco posea suficientes activos para hacerle frente a sus obligaciones.
La liquidación forzosa se dará por razones que indiquen un deterioro o debilidad operativa, administrativa o financiera del banco, para poder devolverle a los cuentahabientes sus dineros.
En el sector seguros y reaseguros también existe una ley que establece el proceso de intervención, y que fue utilizado en el caso de British American.
Ahí el papel del interventor es fundamental. Él es quien recomienda qué hacer con la compañía, y la Superintendencia tiene 30 días para tomar una decisión.
En este caso, la decisión tomada por parte de las autoridades fue la quiebra. Pese a que el informe final del interventor, Ciro Cano, dice que se debería buscar la “alternativa de venta”.
Clientes desprotegidos
Hay mucha incertidumbre con respecto a los bonos de BA que traspasaron a su filial en Trinidad y Tobago.
Esos 10 millones de dólares servirían para hacer el pago a sus ex empleados, proveedores y hacerle frente a las obligaciones con los 10 mil clientes de la compañía.
Pero la dificultad por parte del Gobierno de rescatar la compañía es notoria.
“Cómo se puede rescatar a una empresa cuando los dueños están desaparecidos y escondidos. No se podía vender la empresa porque no es del Estado”, admite Roberto Henríquez, ministro de Comercio e Industrias.
Henríquez dice que la autoridad actuó como la ley se lo permitía.
“Si no se hubiese hecho de esa manera, se hubiese dado un proceso desordenado, con muchos procesos de demandas y el castillo de naipes se hubiese caído”, afirma.
Se han dado propuestas de compra de la aseguradora a nivel internacional y local, no obstante, las empresas locales quieren continuar ofreciendo el servicio de cobertura a los clientes, pero los que no sean de gran riesgo.
Mientras que los que acumularon mayores ahorros han quedado en una situación de incertidumbre.
Ahora, se estableció un comité ejecutivo conformado por la Superintendencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, Comercio e Industria, el Siacap, el Ipacoop, y la Asociación Panameña de Aseguradores, que analizará una nueva ley.
Hace falta una mayor regulación
Esta situación pone en duda la regulación del mercado y la necesidad de que se apruebe una nueva ley de seguros que le facilite más medios económicos, de personal y técnico a la Superintendencia de Seguros, para que pueda hacer una mejor gestión y estos hechos se eviten.
Para el abogado Ramón Barreiro, de Goethals Consulting, vale la pena preguntarse si la regulación es eficiente y si los mecanismo son efectivos.
Hace falta más protección al consumidor, en una aplicación clara de las leyes que regulan la actividad y aseguren la responsabilidad de los prestatarios de los servicios. “Llega un momento que no hace falta la regulación, sino un sistema que logre los cometidos y que sea eficiente protegiendo los derechos al consumidor primeramente”, sostiene Barreiro.
Dice, además, que en situaciones como la ocurrida con British American sería importante evaluar el papel de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, como regulador del mercado y “protector” del consumidor. Barreiro propone la creación de alguna asociación de consumidores de servicios financieros y seguros, y que no necesariamente estén vinculados al Gobierno, para tener una cierta independencia.
Desde hace varios años se ha tratado de gestionar una nueva ley del sector, desde el período del anterior superintendente Ricardo García, y con el actual Luis Della Togna.
Uno de los impulsores de esta nueva ley de seguros y reaseguros es Salvador Morales Baca, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Suramericana.
Morales dice que es el momento oportuno para que se apruebe una nueva ley, la cual se ha estado trabajando y estudiando.
Se espera que con el nuevo borrador de ley se pueda cubrir cualquier deficiencia que tenga el sistema o vacío que hubiere, de tal manera que el ente supervisor tenga las herramientas y se pueda detectar a tiempo cualquier situación que pueda afectar a la empresa y a los asegurados.
Morales afirma que es necesario que la entidad cuente con mayores recursos.
Actualmente, por ejemplo, para inscribir una compañía nueva solamente se le solicita 2 millones de dólares, mientras que en Costa Rica —donde recientemente se abrió el mercado— se solicita entre 8 millones y 9 millones de dólares.
La cuota anual por cada compañía es de 2 mil 500 dólares, cuando la propuesta dice entre 50 mil y 75 mil dólares al año.
“Hay que reforzarla porque es obsoleta en algunos aspectos”, dice Morales.
Ya la ley se está revisando, dice Henríquez, incluso antes del caso de British American.
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