Santiago Fascetto
Unidad de Investigación
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Los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas que propuso el Ejecutivo, y aprobó la Asamblea Nacional el 30 de junio pasado, violarían el tratado de promoción comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos. Y chocaría, además, con la maquinaria económica y política que puso en marcha el Gobierno para lograr el único trámite que aún falta: la ratificación del TPC por parte del Congreso de Estados Unidos.
Con los cambios, el Ejecutivo puede contratar consultorías en forma directa, y sin licitación, por hasta 300 mil dólares. Esto iría contra el apartado “Contratación Pública” del TPC, que fija un tope de 193 mil dólares a partir del cual Panamá se debe comprometer a llevar adelante procesos transparentes para la adquisición de mercancías y servicios.
“Pareciera haber una incompatibilidad”, dijo el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá, Enrique de Obarrio. “Nuevamente la Asamblea envía un mensaje negativo a su contraparte”, agregó. Por su parte, el economista de la Cámara de Comercio, Manuel Ferreira, opinó que “los cambios son violatorios del TPC”. “Sería uno de los puntos por los cuales el Gobierno de EU puede poner una denuncia”, amplió.
Norma violaría TPC con EU
El Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos aún espera la ratificación del Congreso de este último país. Los tiempos políticos de la potencia del norte —y la elección de Pedro Miguel González al frente de la Asamblea Nacional— minaron la posibilidad de contar con el TPC en un corto plazo.
A esos factores hay que agregarle otro más reciente que alejaría aún más la posibilidad de un acuerdo: la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas —que el Ministerio de Economía y Finanzas redactó y envió a la Asamblea Nacional— estaría violando el TPC antes de que se ratifique en Estados Unidos (EU).
El 30 junio pasado la Asamblea Nacional, dentro de los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas, flexibilizó las normas para que el Gobierno firme contratos de consultoría por hasta 300 mil dólares sin licitación pública.
Este sería el artículo clave. Según el apartado “Contratación Pública” incluido en el TPC, Panamá está obligado a establecer “reglas claras” en los procedimientos de compras gubernamentales que deberán enfocarse en el “respeto de los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso”.
El TPC establece un tope de 193 mil dólares a partir del cual el Estado panameño se compromete a llevar adelante procesos transparentes —la contracara de la contratación directa— para la adquisición de mercancías y servicios. Estos mecanismos deberían incluir, según el TPC: publicación de las medidas para la contratación pública, avisos de contrataciones futuras, plazos otorgados a los proveedores para presentar ofertas, especificaciones técnicas, requisitos y condiciones para participar, entre otros.
Ese capítulo se incluyó para permitir que las empresas de EU compitan en igualdad de condiciones con empresas locales o de otros países.
La contratación directa de consultorías por hasta 300 mil dólares es superior al tope de 193 mil firmado en el acuerdo.
“La modificación a la Ley de Contrataciones Públicas viola el tratado con EU”, dijo Manuel Ferreira, presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. “El periodo del Gobierno se está extinguiendo y ahora quieren hacer todo rápido; no se están haciendo bien las cosas”, completó. Para Ferreira, la Asamblea Nacional debería desandar sus pasos y volver al texto original de la Ley de Contrataciones Públicas.
“Flaco favor estamos haciendo a su ratificación por parte del Congreso de los Estados Unidos, si el TPC no ha sido siquiera ratificado y ya estamos unilateralmente cambiando las reglas del juego”, opinó, por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-Panamá (USPA), Enrique de Obarrio.
La urgencia del Gobierno se contagió también a la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Alemán (PRD), reconoció que no conocía esta supuesta violación. “Me agarra fuera de base; no tengo una respuesta certera”, dijo. Y agregó: “Evidentemente ahí hay un problema, habría que ver cómo se interpreta esto”.
Alemán afirmó, además, que durante el debate de la modificación a la Ley de Contrataciones Públicas —un día antes de entrar en el receso— nunca se trató este punto. Los cambios se dieron gracias a los votos que aportó la mayoritaria bancada del oficialismo.
Por su parte, desde el Ministerio de Comercio e Industrias prefirieron el silencio. La ministra Carmen Gisela Vergara evitó pronunciarse ni dar una explicación, a pesar de los reiterados contactos telefónicos que realizó La Prensa a través de su oficina de prensa.
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